La reestructuración en la justicia peruana es un hecho. El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, ha formalizado la disolución de los equipos especiales del Ministerio Público, cumpliendo con la advertencia que venía sosteniendo desde antes de asumir su cargo actual.
Durante una comparecencia ante los medios, Gálvez detalló el proceso de reorganización interna que busca absorber el trabajo de unidades emblemáticas como Lava Jato y Eficcop para integrarlas en las fiscalías especializadas que ya operan en el sistema judicial peruano.
Tras el anuncio oficial, el fiscal interino inició una serie de sesiones de trabajo con los coordinadores de las fiscalías especializadas. El objetivo principal es trazar la hoja de ruta para la asimilación de las investigaciones en curso y garantizar que los casos no queden en el limbo procesal.
“Ahora vamos a reunirnos con todos los coordinadores para determinar cómo se va a absorber y asimilar el trabajo de los equipos especiales. Eso lo definiremos de manera inmediata”, precisó el alto funcionario.
Respaldo institucional y transición
A pesar de que la medida podría generar complicaciones operativas, Tomás Gálvez ratificó que su decisión cuenta con el respaldo unánime de la Junta de Fiscales Supremos. Según explicó, este órgano colegiado no presentó objeciones a la propuesta de disolución, entendiendo que es una prerrogativa de la máxima autoridad fiscal.
En este nuevo esquema, destaca la figura de Germán Juárez Atoche, quien fuera una pieza fundamental en el Equipo Especial Lava Jato y clave en la reciente sentencia contra el expresidente Martín Vizcarra. Juárez ha sido promovido como Coordinador Nacional de Lavado de Activos, convirtiéndose en un interlocutor estratégico en esta transición.
Cuestionamientos y alertas de impunidad
No obstante, la decisión ha levantado fuertes críticas desde sectores que lideraron estas investigaciones. El fiscal Rafael Vela hizo un llamado público a Gálvez para que considere la experiencia técnica de magistrados como Juárez Atoche antes de cerrar definitivamente este ciclo, advirtiendo sobre el riesgo de que la justicia se politice.
Según Vela Barba, desarticular estas unidades élite sin un plan técnico robusto podría convertir a la Fiscalía en un organismo vulnerable a las presiones del Congreso de la República. En sus declaraciones, enfatizó que el trabajo de los equipos especiales siempre se basó en la autonomía y resultados concretos frente al poder político.
El futuro de los casos de corrupción más grandes de la última década en el país vecino queda ahora supeditado a la eficacia con la que las fiscalías ordinarias puedan asimilar la carga procesal y la complejidad de los expedientes heredados de los equipos disueltos.
Fuente: Infobae