El respaldo expreso de España a los jueces, fiscales y trabajadores del Tribunal Penal Internacional (TPI) afectados por las recientes sanciones de Washington quedó de manifiesto al asegurar su solidaridad y compromiso con este órgano judicial. De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, tal como consigna el medio original, el Gobierno subrayó que continuará cumpliendo estrictamente con las obligaciones derivadas tanto del Estatuto de Roma como del Derecho Internacional, con el objetivo de respetar y proteger la plena jurisdicción del TPI. En ese contexto, el Ejecutivo español reiteró la importancia y el papel esencial que desempeña el tribunal en la persecución y sanción de los crímenes más graves contra la humanidad, así como en los procesos de reparación de las víctimas.
Según informó la fuente, el rechazo de España se produce tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de imponer sanciones a dos jueces del TPI. Las autoridades estadounidenses argumentaron que estos magistrados habrían intervenido en investigaciones, arrestos, detenciones o procesamientos de ciudadanos israelíes sin la autorización de Israel, en el marco de las pesquisas que desarrolla el tribunal sobre supuestos crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza. La reacción española califica estas medidas como un nuevo ataque contra la independencia, integridad e imparcialidad de la corte internacional, indicando que tales acciones afectan de manera considerable el funcionamiento y la labor del TPI.
El Ministerio de Exteriores, según publicó el medio, hizo hincapié en que sanciones de este tipo comprometen la autonomía judicial internacional, en tanto ponen en entredicho la posibilidad de que tribunales como el TPI actúen con plena libertad y rigor en la persecución de delitos graves. España recalcó que el TPI constituye un órgano fundamental dentro del sistema de justicia internacional, ya que su labor es vista como indispensable para asegurar la responsabilidad penal por homicidios, genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad allí donde la justicia ordinaria no puede o no quiere intervenir. Las autoridades españolas pusieron de relieve que el tribunal desempeña también un papel clave en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.
El Gobierno español, detalló la fuente, expresó de manera enfática su rechazo a cualquier intento externo destinado a limitar la acción del TPI a través de medidas punitivas, señalando el riesgo que estas restricciones suponen para la arquitectura legal internacional creada tras décadas de consenso y negociación. En su mensaje oficial, España reiteró su “respaldo inequívoco” y su “plena solidaridad” con todos los integrantes del tribunal que se vean afectados. Además, Exteriores aseveró que España seguirá honrando en su integridad los compromisos legales adquiridos mediante el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo del TPI, así como los principios del Derecho Internacional.
El desencuentro entre Washington y la corte internacional, detalló la fuente original, tiene origen en el desacuerdo respecto a la jurisdicción y la competencia del TPI para investigar presuntos delitos cometidos por ciudadanos de países que no reconocen la autoridad del tribunal. En el caso actual, la investigación de crímenes presuntamente cometidos en la Franja de Gaza ha sido motivo de tensiones entre Estados Unidos, Israel y el tribunal. Las sanciones de la administración estadounidense constituyen un nuevo episodio en esta disputa, al pretender castigar a magistrados por su labor dentro del proceso jurisdiccional internacional.
España reiteró, según los detalles difundidos por el Ministerio de Exteriores, su compromiso con la promoción de la justicia internacional y la defensa de la autonomía de los tribunales supraestatales. El Gobierno español concluyó que solamente el respeto a las instituciones legales internacionales y la protección efectiva de la independencia de jueces y fiscales pueden garantizar la rendición de cuentas ante las violaciones más graves del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.
Fuente: Infobae