La justicia colombiana ha dado un paso determinante en el escandaloso proceso por corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Tras la legalización de sus capturas por parte de la magistrada Leonor Oviedo, se hicieron públicas las imágenes de reseña judicial de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes ya se encuentran bajo la custodia del Inpec.
Según la disposición de las autoridades penitenciarias, los exfuncionarios cumplirán su medida de aseguramiento en centros específicos:
- Ricardo Bonilla: Recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional en Bogotá.
- Luis Fernando Velasco: Bajo custodia en la Escuela de Carabineros de la ciudad de Cali.
El tribunal determinó la detención preventiva para Bonilla por su presunta participación en delitos como concierto para delinquir y cohecho, señalándolo como determinador en el interés indebido para la aceleración de contratos estatales.
El presunto pacto criminal en el Gobierno
Durante el desarrollo de las audiencias, la fiscal María Cristina Patiño reveló detalles de lo que calificó como un «pacto criminal» diseñado para corromper a miembros del Congreso. El objetivo de esta estructura habría sido asegurar los votos necesarios para aprobar las reformas sociales impulsadas por la administración del presidente Gustavo Petro.
La investigación detalla que se habrían ofrecido millonarios recursos a través de la adjudicación de proyectos en entidades clave. El siguiente cuadro resume la magnitud de la contratación bajo sospecha:
| Institución | Monto Involucrado | Número de Proyectos |
|---|---|---|
| Invías | $571.701 millones | 74 |
| UNGRD | $40.536 millones | 5 |
| TOTAL | $612.237 millones | 79 |
La Fiscalía sostiene que estas maniobras ocurrieron entre mayo de 2023 y febrero de 2024, periodo en el que Bonilla y Velasco lideraban las carteras de Hacienda e Interior, respectivamente. La magistrada Aura Alexandra Rosero enfatizó que la detención en centro carcelario es necesaria debido a la gravedad de los hechos presentados por el ente acusador.
Fuertes críticas desde la Presidencia
Ante la privación de libertad de sus antiguos colaboradores, el presidente Gustavo Petro utilizó sus plataformas digitales para cuestionar la decisión judicial, tildándola de «ilegal». El mandatario colombiano aseguró que el procedimiento busca principalmente una «foto electoral» y criticó que se les impidiera estar con sus familias durante las festividades de diciembre.
«Se busca represalia al privarlos de pasar la Navidad con sus familias, buscando únicamente un impacto mediático y electoral», manifestó el mandatario.
Finalmente, Petro comparó el rigor judicial aplicado a sus exministros con otros casos de alto perfil en Colombia, sugiriendo una falta de uniformidad en la justicia y cuestionando la celeridad de las capturas en comparación con otros procesos históricos del país.
Fuente: Infobae