La Audiencia Provincial de Madrid ha marcado un punto de inflexión en las investigaciones del denominado ‘caso Begoña Gómez’. Tras un análisis exhaustivo, el tribunal determinó que el nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de la esposa del presidente del Gobierno fue legal y transparente. En consecuencia, el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41, ordenó el archivo definitivo de la causa contra Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en la capital española.
Esta resolución llega tras la estimación de los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Ambas entidades sostuvieron con éxito que la imputación de Martín Aguirre se basaba en meras conjeturas sin sustento real. Según el dictamen judicial, no existe evidencia alguna de que el funcionario conociera que Álvarez realizara funciones ajenas a su cargo administrativo, descartando cualquier tipo de responsabilidad penal o participación en una presunta malversación de fondos públicos.
Contexto del Proceso Judicial
Cabe recordar que el proceso contra el delegado del Gobierno se originó a raíz de una querella interpuesta por el partido Vox. La acusación señalaba que, durante su etapa como secretario general de la Presidencia en julio de 2021, Martín Aguirre habría facilitado la contratación de la asistente para fines privados de Gómez. No obstante, el juez instructor reconoció que los hechos denunciados carecen de pruebas objetivas que los respalden.
A pesar del cierre de la causa para el delegado del Gobierno, el proceso judicial principal continúa. A continuación, se detalla el estado actual de la investigación y los implicados:
| Persona Implicada | Delitos Investigados | Estado Actual |
|---|---|---|
| Begoña Gómez | Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. | Única imputada |
| Francisco Martín Aguirre | Presunta malversación de caudales públicos. | Caso Archivado |
| Judith González | Presunta malversación. | Exonerada |
La justicia española ha enfatizado que las labores de Cristina Álvarez se limitaban estrictamente a la gestión de agenda, protocolo, correo y seguridad de Gómez, tareas consideradas estándar dentro del marco administrativo regular. El tribunal fue tajante al señalar que la responsabilidad penal solo es aplicable cuando un cargo público se utiliza para un beneficio personal directo, condiciones que no se cumplieron en el rol fiscalizador de Aguirre.
“Solo es responsable ante la ley quien emplea un cargo público en beneficio personal o colabora directamente en actividades particulares ajenas a su función”, subrayó el tribunal en su resolución.
El cierre de la investigación para el delegado madrileño responde a la directriz de la Audiencia Provincial, que instó a basar los procesos en hechos verificables y no en suposiciones. Mientras tanto, el juez Peinado mantiene el foco sobre la esposa del presidente del Gobierno español, quien sigue siendo la figura central del proceso judicial por cinco presuntos delitos.
Fuente: Infobae