Los fallidos contratos de generación eléctrica terrestre firmados por emergencia en 2024 se han convertido en un tema espinoso para el Gobierno, del que pocos quieren hablar. Las limitadas vocerías del gabinete de Daniel Noboa han preferido evitar el tema, y deslindarse de la responsabilidad política que podría generarse por los contratos.
Los tres proyectos, que buscaban la adquisición de generadores eléctricos en tierra, fueron adjudicados a dos empresas que ahora están en el ojo del huracán: Progen Industries LLC (Estados Unidos) y Austral Technical Management (Uruguay). Los tres contratos, que suman USD 239 millones, se firmaron en agosto de 2024, en medio de la crisis de energía que atravesaba Ecuador, con cortes de luz que llegaron a 14 horas.
Quienes firmaron los contratos, sin embargo, no son altos mandos del Gobierno, sino los gerentes de dos unidades de negocio de Celec: Termopichincha y Electroguayas. Detrás de estas firmas hay una cadena de delegaciones, con la que los funcionarios de alto nivel deslindan responsabilidades.
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Los delegados que firman
Los contratos para la adquisición de generadores eléctricos en tierra para las centrales Quevedo, Salitral y Esmeraldas se firmaron entre el 2 y el 9 de agosto de 2024. Es decir, se firmaron en plena época de cortes de luz en Ecuador.
Los dos contratos de Progen los firmó el gerente de la Unidad de Negocios Termopichincha, Byron Orozco Moreno. Mientras que el contrato con Austral fue firmado por Manuel Barberán Cedeño, gerente de la Unidad de Negocios Electroguayas. Ambos fueron designados en esos cargos en junio de 2024, por el entonces gerente de Celec, Fabián Calero.
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De hecho, Calero es quien firmó la resolución de emergencia, con la que iniciaron los procesos de contratación «a dedo». En dicho documento, suscrito el 10 de junio de 2024, él delegó a Termopichincha y Electroguayas las contrataciones «bajo su exclusiva responsabilidad, y en cumplimiento estricto de la normativa vigente».
A Electroguayas le delegó la contratación de generación flotante (la barcaza de Karpowership) y los procesos de Esmeraldas y Santa Elena; este último nunca llegó a firmarse. Mientras que a Termopichincha le delegó los contratos de Quevedo (Los Ríos) y Salitral (Guayas).
Una cadena de delegaciones
En abril de 2024, Ecuador sufrió los primeros cortes de luz de ese año. En ese contexto, el 16 de ese mes, el presidente Daniel Noboa encargó el Ministerio de Energía a Roberto Luque, que venía desempeñándose como ministro de Transporte. Esto sucedió después del desencuentro con Andrea Arrobo, la saliente ministra, a quien el Gobierno acusó de presunto sabotaje.
Desde ahí, comenzó una cadena de delegaciones que terminaron con la firma de los contratos.
Calero se mantuvo como gerente de Celec todo el periodo de Luque como ministro encargado, y luego el periodo de Antonio Goncalves (entre julio y octubre de 2024) como titular de Energía. El 9 de octubre de 2024, asumió esa cartera Inés Manzano, primero como encargada y luego como titular. Dos días después, el 11, Calero dejó la gerencia de Celec y pasó a ejercer como viceministro de Energía.
Se mantuvo en ese cargo hasta julio de 2025, cuando salió después del informe de Contraloría sobre estos contratos.
El Gobierno apunta a Calero, no a sus jefes
A pesar de que Calero actuó bajo delegación de tres ministros de Energía, el Gobierno se ha enfocado en él como principal culpable de los problemas con el contrato de Celec. Tal es así que la demanda contra Progen en Estados Unidos revela los supuestos vínculos con una subcontratista de Celec.
En la Asamblea se ha omitido fiscalizar a los ministros. De hecho, se descartó una iniciativa de juicio político contra Manzano, por resolución del CAL. Esta era impulsada por el correísmo.
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La bancada oficialista ADN tampoco dio los votos para que el Pleno convoque al contralor Mauricio Torres a que hable sobre los exámenes especiales que la Contraloría hizo a los contratos de Celec.
La única iniciativa que ha avanzado, aunque lentamente, es un proceso de fiscalización en la Comisión de Transparencia, que lleva ya casi seis meses. El informe final estaría listo en estos días, aunque la Asamblea se va ya de vacancia legislativa.
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