En su primer mes de gestión, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo Solórzano, ha centrado su accionar abrir diálogos con todos los sectores, pero señala que con los alcaldes de Guayaquil, Aquiles Álvarez, de Cuenca, Cristian Zamora, y de Quito, Pabel Muñoz, será complicado sentarse en una mesa, por temas de corrupción que los involucrarían.
En cuanto a su relación con el legislativo sostiene que existe una mayoría que supera los 77 votos con una agenda donde priman temas de seguridad, educación, salud y lucha contra la corrupción.
En pocos días más cumple el primer mes como ministra de Gobierno, ¿cómo encontró la cartera de Estado después de la consulta popular?
Hicimos una transición ordenada. Hemos revisado los programas que están en marcha y lo principal es tener claro cuál es la hoja de ruta del presidente, que ha dicho que el diálogo es la base fundamental de la gobernabilidad democrática. Reunirnos con todos, con los gobiernos autónomos descentralizados, con las cámaras, con la academia, con los transportistas, con la sociedad civil y con los actores de otras organizaciones políticas que realmente tengan la misma visión que es un Ecuador de progreso, donde prime la seguridad, la educación, la salud. Con quienes no vamos a pactar o sentarnos en una mesa es con quienes tengan delitos penales abiertos por casos de corrupción.
¿Esa hoja de ruta es el diálogo?
La hoja de ruta que tenemos es la lucha contra la corrupción y poder tener seguridad, educación y salud. Esto lo haremos a través del diálogo, construyendo esta agenda para tener gobernabilidad.
¿En ese diálogo hay líneas rojas?
Así es. Nosotros no nos vamos a sentar a dialogar con quienes están siendo procesados por la justicia, con quienes están, en este momento, involucrados por tráfico de combustibles, por dañar o perjudicar al Estado con dinero que debería ir para los ecuatorianos y que se han destinado para otras cosas.
Pero en política se necesita dialogar para llegar a consensos. Hay una bancada que está en la oposición, ¿cómo superar diferencias para obtener respaldo y aprobar una enmienda constitucional, por ejemplo?
Efectivamente, propusimos una enmienda al artículo 35 de la Constitución para poder sacar del grupo de personas vulnerables a las personas privadas de la libertad, porque hemos visto que la Constitución no está ordenada y que en capítulos donde no deben constar los privados de la libertad, deben estar en otro articulado, por eso se ha pedido que el artículo 51 pase al 78.1, donde constan las personas privadas de la libertad; y que realmente las personas que son vulnerables, sean los niños, sean los adultos mayores, sean las personas con discapacidad, sean las madres embarazadas.
Le va a tocar ir cuesta arriba para encontrar los 101 votos, ¿cómo lograrlo si no hay esa posibilidad de llegar a acuerdos con la oposición?
Los asambleístas deberán demostrar de que lado están, si están del lado de las familias ecuatorianas o de los grupos de delincuencia organizada, de los violadores, del lado de los sicarios o de quienes matan a una persona inocente o del lado de los ecuatorianos. Aquí se va a desenmascarar y nosotros seguiremos trabajando por los ecuatorianos, porque si nos quedamos cruzados de brazos pensando en lo que los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana no van a aceptar, simplemente deberíamos cerrar la puerta e irnos, y eso no es el objetivo del gobierno. Nosotros vamos a trabajar con las herramientas que tenemos, pero haciendo estas reformas necesarias dentro de la Constitución.
Al momento, ¿con cuántos votos cuenta el Gobierno en la Asamblea?
Tenemos una mayoría absoluta, tenemos más de 77 votos, queremos seguir dialogando con todos aquellos asambleístas que estén dispuestos también a seguir con el mismo objetivo que nosotros tenemos como bancada de ADN.
¿Y están firmes esos votos?
Sí, sin duda. Lo hemos revisado, los diálogos continúan, los asambleístas que desde el inicio vinieron por esta opción de Alianza con ADN, sigue fortalecido ese diálogo.
¿Cuál es la agenda que sostiene a esos más de 77 votos?
En este momento nosotros estamos revisando temas de seguridad. Hemos presentado un proyecto de reformas al COIP para que los delitos como terrorismo y delincuencia organizada no prescriban. No vamos a permitir que los delincuentes huyan del país y que luego regresen porque las penas prescribieron. Lamentablemente, en Ecuador vemos que hay delincuentes, violadores, que hay traficantes de combustible, minería ilegal, que cuando están con sentencia huyen del país hasta que prescriba su pena y luego los vemos en los barrios del Ecuador delinquiendo.
¿El combate a la delincuencia organizada es una cuestión de leyes o de decisión política?
Haberlos dejado ingresar a los grupos de delincuencia organizada no es responsabilidad de este gobierno. Eso viene desde hace más de una década, hay un reportaje del New York Times, en donde se específica cómo la escalada de violencia empezó a incrementarse después de la salida de la base de Manta en el 2009 en el Ecuador. Ahora tenemos grupos que son catalogados como terroristas en Ecuador y el gobierno los está combatiendo. Y aquí entran todos, en seguridad existe una pirámide, en la abajo está la estructura criminal, en la mitad la estructura económica y en la parte de arriba están los autores intelectuales de los crímenes y del crimen transnacional, ahí están los políticos que hemos revisado.
¿Hay políticos vinculados con el crimen organizado?
Bueno, ya saldrán a la luz. Tenemos políticos que inclusive ya han sido están siendo juzgados. Tenemos nombres que están siendo investigados incluso por casos de corrupción. Todo esto se tiene que revisar, pero sí vamos a ir con toda la fuerza a denunciarlos no es posible que tengamos aquí presuntos contrabandistas de combustible como el alcalde de Guayaquil, que hemos evidenciado por denuncias, no del gobierno, sino por inconsistencias masivas en la distribución de combustibles que están vinculadas a la empresa de Aquiles Álvarez que se investiga que una red de tráfico de combustibles habría causado un perjuicio al Estado superior a $ 61,5 millones. Eso afecta a los ecuatorianos, especialmente a los guayaquileños.
¿El alcalde está vinculado a operadores de delincuencia organizada?
No podría decirle eso, lo que sí está siendo investigado por tráfico de combustible. Es importante que la ciudadanía ese crecimiento acelerado de las empresas de la familia de Aquiles Álvarez que están vinculados al tráfico de combustibles y, justo por eso se ha anunciado que la audiencia será el 24 de diciembre. Pero aquí lo importante es que la ciudadanía conozca, el prejuicio que significa para el Estado ecuatoriano.
¿El alcalde Álvarez señala que tratan de amedrentar a sus abogados con acciones de allanamientos, es cierto eso?
No, aquí no se trata de amedrentar a nadie. Aquí lo único que se trata es de evidenciar cuál ha sido esta vinculación; el juicio va a evidenciar si existió este esquema de distribución y comercialización ilegal de combustibles.
¿Cuál es la relación del Gobierno con los municipios, es imposible llegar a una conciliación con las alcaldías de Guayaquil, Cuenca y Quito?
Nosotros estamos abiertos al diálogo con todos quienes realmente quieren sacar adelante al Ecuador. Me he reunido con el presidente del Congope y Comaga, porque necesitamos tener esa agenda macro de gobernabilidad y de saber qué es lo que pasa en el territorio.
¿Pero qué pasa con estas tres alcaldías que se han vuelto tal vez incómodas para el gobierno?
Nosotros somos incómodos para ellos porque seguimos trabajando y seguimos en esta lucha contra la corrupción. Recordemos el alcalde de Quito pretendía hacer pasar unos hornados a $ 15, pretendía que el Sercop le pase unos procesos abiertos sin ser revisados, evaluados, sin ser analizados, a pesar de que el Sercop les dijo que remitan bien información, no lo hicieron y por eso se cayeron esos contratos truchos. Nosotros seguimos en esta lucha frontal contra la corrupción y no vamos a permitir que pasen estas cosas simplemente por el chantaje que a veces ellos pretenden o tal vez por tratar de desestabilizar al gobierno.
¿Qué pasa con el alcalde de Cuenca, hay posibilidades de entenderse?
Del alcalde de Cuenca hay que revisar, ya han salido temas de la Contraloría en los que se evidencia también que ha hecho mal uso de ciertos fondos públicos, y nosotros nos vamos a sentar a dialogar con todos aquellos que realmente tengan las manos transparentes, que trabajen realmente de acuerdo a lo que vive el pueblo ecuatoriano.
¿Con los tres alcaldes de Guayaquil, Cuenca y Quito será complicado sentarse a dialogar?
Sí, con quienes tengan procesos penales abiertos imposible. Con Aquiles Álvarez no nos vamos a sentar a dialogar porque nosotros no vamos a estar en la misma mesa con quienes están perjudicando al Estado ecuatoriano. Con el alcalde de Quito podríamos analizar, pero sin chantajes y sin mentiras, pero si él pretende dialogar con estos discursos que ha dado nosotros no vamos a continuar.
Como parte de ADN, tendrá también que preparar el escenario para las elecciones de 2027, ¿cuál es el plan?
Como ADN, muy aparte de gobierno nacional, se ha fortalecido, hubo un cambio en la dirección ejecutiva nacional del movimiento, porque necesitamos fortalecer las bases y estar en territorio, es un trabajo que va a verse reflejado en las actividades que vamos a ir desarrollando en todas las provincias del país.
¿Estas actividades serán combinadas con la tarea legislativa?
Sin duda, porque recordemos que los asambleístas son electos en cada provincia con las bases, con la militancia que apoyó, que estuvo en campaña, que caminó, que hizo el puerta a puerta. Es un trabajo en conjunto tanto del legislativo como de las bases que tenemos en cada provincia.
Son más de 200 alcaldes que se tiene que elegir.
En total son más de 5.000 candidatos entre alcaldes, prefecturas, juntas parroquiales que se van a elegir, y se escogerá los mejores perfiles y ahora se está evaluando, se está revisando. Quiénes cumplan con los perfiles de transparencia, de trabajo en territorio, quienes suman al movimiento político.
Usted hereda el tema de un paro que se concentró en Imbabura, ¿cómo superar esa etapa para que no vuelva a ocurrir?
Nosotros esperamos que realmente no existan estos grupos que tratan de desestabilizar al Ecuador. Nos vamos a sentar a dialogar con todos aquellos que realmente tengan la misma agenda de construir un Ecuador de progreso, de oportunidades. El diálogo es con todos, con todas las organizaciones sociales, con todos los movimientos inclusive de otros partidos políticos siempre y cuando no existan estos chantajes, porque nuestra meta es clara, es poderle dar los servicios, es poder cumplir con lo que nuestros mandantes nos pidieron.
¿Usted ha señalado de los chantajes, hay sectores que apuntan a ello?
Claro, recordemos que algunos casos donde se pretende que se liberen a personas ya sentenciadas que están pagando condenas por sentencias que ya están ejecutoriadas dentro del Estado y nosotros eso no vamos a dar paso. Nuestra línea roja es no dar paso a la impunidad. Nosotros no vamos a dar paso a eso, y nos vamos a sentar a dialogar con quienes realmente tengan una visión de país.
¿El correísmo ha planteado perdón y olvido a favor de Jorge Glas, por ejemplo?
Eso es algo público, y recordemos cómo trató de fugarse desde una embajada donde estaba refugiado y cuando el Presidente de la República no lo permitió, se declararon una oposición y los vemos generando estas narrativas falsas que lo único que hacen es tener al país en esa incertidumbre y en ese caos que la ciudadanía ya no quiere.
¿En este tiempo usted cree que se ha logrado controlar a la oposición, someter a la oposición o es peligrosa la oposición?
Nosotros no hablamos de someter, más bien en la Asamblea se tiene una estabilidad, se tiene esta gobernabilidad que no pasaba en la anterior administración, cuando todo lo que el Ejecutivo hacía se trataba de echar a un lado en lugar de legislar y fiscalizar, lo único que se pedía era exhorto tras exhorto en todos los plenos que teníamos, ahora lo que se está dando es ese respiro, esa oxigenación y esa gobernabilidad que necesita el Ejecutivo para poder trabajar.
¿En esta relación Ejecutivo-Legislativo existe autonomía, o la Asamblea es una dependencia del Ejecutivo?
El legislativo es una función del Estado tiene su agenda consensuada con todas las organizaciones políticas. Aquí lo único que se está tratando de hacer con esta mayoría que existe dentro del legislativo es darle gobernabilidad al Ejecutivo para que pueda trabajar por el país.
¿Cuál es el giro que usted dará a esta relación Ejecutivo-Legislativo?
Es trabajar en conjunto, escuchar y poder revisar cuáles son las reformas que se necesitan en el país y poder ir de la mano trabajando en estos proyectos de ley o en estas reformas que se necesitan como la enmienda al artículo 35 de la Constitución y la reforma al artículo 16 del COIP. Nuestra línea clara es seguridad y la lucha contra la corrupción.
¿Habrá nuevas enmiendas constitucionales en el 2026?
Así es, sin duda, eso es lo que la ciudadanía nos ha pedido, nosotros vamos a trabajar y hacer los cambios que sean necesarios para poder dar estabilidad y seguridad, para que quienes estén en las cárceles sean los delincuentes, y que los servicios vayan a las personas vulnerables como los niños, los adolescentes, las personas adultas mayores, para las mujeres embarazadas y no para delincuentes ni asesinos.
¿Con estas enmiendas, les va a tocar enfrentar otra vez a la Corte Constitucional para que de paso a la enmienda?
Esta enmienda se ha presentado con cambios, se ha revisado cuál era la normativa y lo que se ha presentado es una normativa más concreta, más argumentada para no tener este bloqueo dentro de la Corte Constitucional y nosotros esperamos que esta vez sí pueda darse el paso de los jueces.
¿Ustedes están confiados que se de paso a esta enmienda?
Nosotros creemos que sí, porque hay argumentación en esta propuesta de enmienda al artículo 35, en donde se especifican cuáles son los capítulos que son para las personas privadas de la libertad y cuál es el capítulo de las personas vulnerables y por qué no deben estar las personas privadas de la libertad dentro del artículo 35 de la Constitución, que son para las personas que tienen vulnerabilidad.
Finalmente, ¿habrá cambios en el gabinete en el mes de enero o que tipo de cambios administrativos?
Los cambios en el gabinete es una facultad directa del presidente de la República y nosotros somos respetuosos de las decisiones que él tome. Por el momento no se tiene contemplado ningún cambio, pero como lo menciono nuevamente, es facultad del presidente de la República realizar los cambios de su gabinete en el momento que lo decida.
¿Y en las gobernaciones habrá cambios?
Sí, van a existir cambios. Ya se darán a conocer los nombres en ciertas gobernaciones donde necesitamos fortalecer la seguridad y vamos a tener perfiles justamente de personas que son probas y que tienen el manejo para combatir la minería ilegal, para combatir a los GDO y la criminalidad y poder bajar sus índices en ciertas provincias del país. (I)
Fuente: El Universo