El lunes 22 de diciembre, a las 08:30, se espera la resolución del Tribunal que lleva adelante el juicio por el delito de desaparición forzada de cuatro menores de Las Malvinas.
En este caso se indagan las circunstancias de la retención de Josué, Ismael, Saúl y Steven en la av. 25 de Julio, en el sur, y su abandono desnudos en Taura, la noche del 8 de diciembre de 2024. Días después, el 24, sus cadáveres calcinados fueron hallados en un río.
El lunes 16, las partes procesales culminaron los alegatos finales, incluyendo el pedido de la Fiscalía de sentencias en el grado de autores para 16 militares y otro más en el grado de cómplice.
Fiscalía requirió una sentencia de 34 años y 8 meses de prisión para once militares, además de siete años y cuatro meses de prisión en calidad de cómplice para un teniente coronel de la FAE y 30 meses a cinco cooperadores eficaces.
En el juicio, el agente de Fiscalía Christian Fárez expuso que hay un proceso sólido con base en las pruebas presentadas, incluyendo informes y testimonios de testigos.
Dos abogados defensores de los militares procesados, Jorge Haz y Jesús López, hicieron observaciones sobre las pruebas presentadas por la Fiscalía y el papel que han tenido los cinco cooperadores eficaces.
Haz, abogado del subteniente John Z., quien encabezó el operativo militar, consideró que hay una ‘mala imputación’ del delito de desaparición forzada establecida en el artículo 84 del COIP. “En cuanto a la conducta no se adecúa”, dijo.
Haz refirió que las peticiones manifestadas por el agente fiscal contradicen la teoría del caso. “Habla de dolo y omisión dolosa, que le pedí a los jueces que centren su atención, porque es un contrasentido y una violación al derecho a la defensa y la congruencia en su imputación, que podría llevar a nulidades procesales y de la misma sentencia si ellos no motivan bien”, expuso.
Sobre el dolo, el abogado dijo que no basta con que exista el comportamiento sino que exista con el fin de querer dañar y cometer el delito de desaparecerlos. “Hay que probar esto”, dijo y agregó que los menores quedaron libres por parte de la patrulla.
Antes de la emisión de sentencia, apuntó que se deberían considerar y evitar omisiones del contexto de la retención de los menores, además de testimonios anticipados que dan cuenta de quiénes se habrían llevado a los menores en Taura, y las indagaciones preliminares de la Policía que establecen presuntos sospechosos del crimen, como alias Momo.
“Esto cambia el contexto de la temática de que tenían el ánimo de desaparecerlos, cambiaría esta narrativa”, detalló el defensor.
Indicó que en el contexto había problemas de cortes de energía eléctrica, que los militares buscaron entregar a los menores a la Policía en una UVC cercana a Taura, desvirtuó que no quisieran hacerlo y expresó que hubo llamados de un testigo a los padres.
“Lamentablemente si quieren sentenciar tendrán que torcer la norma para adecuarla, acomodándola a la presión social”, insistió Haz.
Jesús López, defensor de siete militares procesados con el estudio jurídico Defensa Penal Group, manifestó que para una sentencia debe haberse ejecutado una conducta cumpliendo los requisitos que exigen una norma penal. En el caso, dijo, no cree que lo hecho por ellos se encuadre en el tipo penal.
Cooperadores eficaces
Durante el proceso, cinco militares decidieron aportar con datos y fueron considerados colabodores eficaces. La Fiscalía pidió una pena menor para ellos por aportar datos para esclarecer el caso.
Haz consideró que ‘fue mal llevada’ la figura de cooperadores eficaces. Dijo que “no aportaron” con información que permita esclarecer la desaparición, así como encontrar a los cadáveres de los menores, o determinar si su defendido dio alguna directriz para matarlos. “Porque no existió nada de eso”, aseveró el abogado.
Por ejemplo, citó que no habría una prueba fehaciente de los golpes y disparos que expusieron los colaboradores, además de versiones contradictorias entre sí. Expuso sus sospechas de las versiones dadas por ellos y su veracidad. Fiscalía ha dicho que sí hay pruebas de las agresiones.
En el juicio, versiones de militares cooperadores apuntaron que John Z. habría ejecutado disparos a pocos metros de uno de los menores.
Dijo que de ser ciertas las agresiones y actos de tortura, podrían permitir una investigación a un delito distinto, incluyendo la presunta participación de cabezas jerárquicas.
“Si se cometieron actos de desnudez, golpes, torturas, eso es un delito independiente, no se puede confundir con el delito de desaparición forzada, si eso fuera así tendría que investigarse sobre esa descripción normativa…”, comentó.
Así como López, Haz apuntó que esperan que se ratifique el estado de inocencia de su defendido, caso contrario pedirán una aclaración, ampliación y una apelación de la sentencia.
Rechazó y calificó de “invento” lo dicho por un militar que aseveró que su defendido había dicho sobre dejar o abandonar a los menores en una poza y sobre disparos. En el juicio, también hubo versiones que apuntaron a esa idea que habría planteado el que dirigía el operativo.
Haz indicó que ambos, su defendido y el militar que habló, estuvieron en camionetas distintas, con base en la prueba pericial y versiones de su defendido y otros compañeros de patrulla.
“Estas corroboraciones tienen que hacer una concatenación lógica en el momento de sentenciar, porque si no concatenan las pruebas para llevar el nexo causal sería una sentencia que no está bien fundamentada, y esto conllevaría a una anulación de la sentencia o que sea corregida por jueces superiores”, citó Haz.
López también dijo que el tribunal no debería acoger la cooperación eficaz y expuso sus argumentos.
“El fiscal dice que han cooperado estos cinco militares porque han hablado de agresiones físicas, mi pregunta es si las agresiones son elementos sustanciales para un delito de desaparición forzada, y la respuesta es no. Entonces, el hecho de que los cooperadores hablen de agresiones, desnudamientos, estos no son elementos que coadyugan a demostrar un delito de desaparición forzada”, citó.
López inicialmente defendía a los 16 militares de la patrulla participante en el operativo y luego solo a siete, quienes eran choferes y custodios.
Contó que cinco cooperadores, que inicialmente estaban bajo su defensa, expusieron como pretexto que no habrían hablado en primera instancia porque supuestamente estaban inducidos y bajo su misma línea defensiva.
El abogado lo negó y expresó que no tiene credibilidad ya que no coinciden las fechas.
El 10 y 11 ya se habían emitido informes a la interna militar para contar los hechos ocurridos el 8 de diciembre. A él lo contactan recién el 15 de diciembre y asume su defensa dos días después. “Ahí están mintiendo”, dijo.
En cuanto a los disparos aseverados en los testimonios de cooperadores, López indicó que un encargado del armerillo dijo que les fueron devueltas íntegras el mismo día.
Agregó que hay un video que compartió un militar a su hermana y se lo expuso en el juicio sobre la retención. En el audiovisual se observa a personas que serían los menores en una camioneta militar, pero López dijo que no ha sido periciado para determinar su veracidad.
“No existen elementos de corroboración para determinar que lo que ellos han dicho es verdad”, dijo y mencionó que entre los cooperadores también han involucrado a altos mandos, incluso uno que habría obligado a borrar videos.
Señaló que si Fiscalía conocía aquello por qué no investigó a ese militar. Los cooperadores, para él, crearon “una nube de humo” para beneficiarse de una pena a costa de sus compañeros, en medio de la mediatización del caso. (I)
Fuente: El Universo