Los fondos que provocan la pugna entre el Gobierno y el municipio de Guayaquil suman cada año un promedio de USD 29 millones, monto destinado a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Guayaquil y que el alcalde ha dicho que «no se ha mal utilizado».
Esto en el marco de la reciente confrontación entre ambas entidades por la ubicación de la nueva terminal aérea que el municipio planea crear en la zona de Daular, en la vía a la costa, mientras el presidente Daniel Noboa propone que se construya en la parroquia de Taura, en Naranjal.
Los recursos para el nuevo aeropuerto los entrega, los primeros días del año, la concesionaria que administra la terminal José Joaquín de Olmedo, en el norte de la ciudad, Tagsa (Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A.), firma que asumió el manejo desde el 27 de febrero de 2004.
“En enero (2026) tenemos que cobrar USD 35 millones a Tagsa. En dos años y cinco meses, de USD 313 millones en el fideicomiso, hemos generado solo en intereses USD 43 millones, nadie en esta administración municipal, más allá de que nos han pagado tarde, mal y nunca, no hemos mal utilizado los fondos de los guayaquileños”, afirmó Aquiles Alvarez.
En enero de 2025, Tagsa transfirió para la construcción del nuevo aeropuerto la cantidad de USD 36,6 millones correspondiente al periodo 2024. La cifra representa el 50,25% de un total de USD 68,9 millones recaudados por Tagsa por algunos servicios.
Entre ellos constan los siguientes: Estacionamiento público, alimentación y bebidas, oficina de apoyo a counters o mesones de chequeo de pasajeros y equipaje, áreas para locales comerciales, áreas para publicidad y propaganda, custodia, plasticado o sellado de equipaje, salas VIP, provisión de combustible, o servicios de seguridad y asistencia en tierra.
El monto recaudado por Tagsa en 2023 se ubicó en USD 60,5 millones y de esto le entregó como aportes USD 35,1 millones para el nuevo aeropuerto. Desde 2015, Tagsa ha recaudado USD 542,7 millones y transferido la cantidad de USD 290,2 millones, según una revisión realizada por PRIMICIAS a los reportes financieros de la concesionaria.
No obstante, esos valores solo corresponden a la mitad del periodo de concesión de Tagsa, que comenzó en 2004 y que, según un adendum al contrato inicial, se extenderá hasta el 27 de julio de 2031. Los dineros no se entregan directamente a la AAG sino al fideicomiso mercantil ‘Fondo Fiduciario de Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil (NAIG)’.
El municipio figura como beneficiario del fideicomiso, que a su vez está gerenciado por la empresa fiduciaria Fiducia S.A., que cumple las funciones de representante legal.
A esta fiduciaria -denunció el alcalde- un director jurídico del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) le dispuso que “no ejecute ninguna instrucción dada por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil”, fundadora del fideicomiso, “y que no mueva un centavo”.
“Tres oficios ha enviado el ministerio a través de su director jurídico; tendrá que responder quién le da la orden, no creo que el ministro (Roberto) Luque esté detrás de esto, porque me parece un hombre sensato. Veamos quién es el que realmente manda”.
Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil.
Su público reclamo generó debate ciudadano, mientras expertos en la ejecución de obras de infraestructura de transporte, como Alejandro Chanaba, explica que los recursos no pueden ser trasladados a otros proyectos como el aeropuerto que propone el presidente Noboa en la parroquia Taura, en Naranjal, Guayas.
“No se pueden llevar el dinero del fideicomiso de Daular a Taura, cuando se hace un fideicomiso solo sirve para el fin para el cual fue creado, no se puede utilizar el dinero para nada más”, dice Chanaba, docente investigador de la Espol, al destacar que el financiamiento del aeropuerto de Daular fue “muy bien pensado”, al igual que el manejo del actual José Joaquín de Olmedo, terminal que ha ganado reconocimientos internacionales para la ciudad.
El director del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, Manuel Macías, considera difícil que los recursos del fondo fiduciario para el nuevo aeropuerto sean desviados a otros propósitos ajenos a su objetivo.
“No creo que se puedan llevar los recursos, pero sí va a ralentizarse el tema. Es un asunto de apropiación institucional del gobierno a la Autoridad Aeroportuaria, en el fondo lo que le interesa es quedarse con el manejo del nuevo aeropuerto”.
Destino de los recursos
Desde 2015, la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) ha destinado USD 167,7 millones para la ejecución de obras, estudios, consultorías y trabajos de construcción y fiscalización de proyectos encaminados a la implementación del nuevo aeropuerto internacional de Guayaquil en la zona de Daular, en la parroquia Chongón, en la vía a la Costa.
Los registros del Servicio Nacional de Contratación Pública señalan que este año 2025, en el periodo enero-octubre, la AAG ha destinado USD 16,1 millones para trabajos relacionados con la dotación de infraestructura sanitaria en la zona de influencia del nuevo aeropuerto.
Entre estos trabajos se encuentra la construcción de calles, alcantarillado, planta de tratamiento con intradomiciliarias en el centro poblado Eloy Alfaro y San Juan del Peaje, una obra adjudicada a la contratista BarackCorp S.A. por USD 7 millones.
Otro de los mayores contratos se adjudicó a la firma Corpb S.A. por USD 4,7 millones para la construcción de un reservorio en el kilómetro 22 de Chongón, y un tercer trabajo por USD 395.082 se asignó para “reparaciones y trabajos complementarios en las plantas de tratamiento de aguas residuales de la zona de influencia del NAIG”.
En 2024, las mayores contrataciones fueron para la construcción de una vía que conecte el redondel de la vía principal hasta el redondel de la interconexión del sector Chongón por USD 4,8 millones; y la construcción de “pasos elevados comerciales verdes en los kilómetros 11,8 y 14,2 de la vía a la costa. También, un estudio de la red vial en la zona adyacente desde el kilómetro 18 hasta el 40 de la vía a la costa, en el sector Daular.
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