El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ha introducido un marco normativo de gran relevancia que delimita de manera precisa las acciones del Grupo Especializado de Seguridad en Situación de Crisis (GESSIC). Esta unidad táctica, vital para la respuesta ante emergencias dentro del sistema penitenciario ecuatoriano, ahora operará bajo directrices estrictas para garantizar el respeto a los derechos humanos.
La normativa, oficializada el 8 de diciembre de 2025, prohíbe de manera tajante cualquier manifestación de tortura, castigo físico o trato cruel por parte de los miembros del GESSIC. Se establecen, además, responsabilidades administrativas, civiles y penales para aquellos que infrinjan estas disposiciones, sentando un precedente claro en la intervención en situaciones de alto riesgo.
Con esta regulación, el GESSIC se consolida como un cuerpo táctico con un nivel de supervisión y precisión sin precedentes en la historia de los grupos de intervención penitenciaria en el país. Su intervención se focalizará exclusivamente en escenarios excepcionales, tales como motines, intentos de fuga, retención de rehenes, actos de violencia severa contra personas privadas de libertad o el personal penitenciario, y alteraciones del orden público que sobrepasen la capacidad de respuesta del personal regular.
El uso de la fuerza, tal como lo define el nuevo reglamento, estará estrictamente adherido a los principios fundamentales de legalidad, necesidad absoluta, proporcionalidad, precaución, humanidad, no discriminación y rendición de cuentas. Estos pilares guiarán cada acción del GESSIC.
Una de las disposiciones más significativas es la prohibición explícita de utilizar la fuerza como método de castigo. El documento enfatiza que los integrantes del GESSIC «se abstendrán de hacer uso excesivo, ilegítimo o arbitrario de la fuerza». Se proscribe de manera rotunda su empleo con fines disciplinarios, una práctica que lamentablemente ha sido documentada por organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
La normativa también refuerza la autonomía del servidor, estableciendo que ningún operador podrá excusarse en la «obediencia debida» para justificar acciones de fuerza ilícitas. Si una orden contraviene la Constitución, la ley o podría configurar un delito, el servidor tiene la obligación de desobedecerla y reportarla inmediatamente a sus superiores.
La prohibición de la tortura ocupa un lugar central en el reglamento. Los miembros del GESSIC no podrán «infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes». Se recalca que ninguna circunstancia, como amenazas a la seguridad nacional, estados de excepción o inestabilidad interna, servirá de justificación para incumplir esta norma fundamental.
Estas medidas responden a un contexto marcado por graves denuncias de abusos en el sistema penitenciario, agudizadas tras la militarización de las cárceles en 2024. Informes de entidades como el Comité contra la Tortura de la ONU y Amnistía Internacional han registrado testimonios preocupantes sobre golpizas, descargas eléctricas, amenazas, vejámenes sexuales, privación de alimentos, incomunicación prolongada y muertes bajo custodia.
Los reportes publicados en 2024 indicaron el fallecimiento de más de una docena de personas privadas de libertad en circunstancias sospechosas durante operativos de control militar. Estas alegaciones generaron alertas internacionales sobre el debilitamiento del control civil y la carencia de mecanismos de supervisión independientes.
El GESSIC operará en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pero su actuar estará rigurosamente enmarcado por una responsabilidad reforzada. El reglamento exige la documentación y el reporte exhaustivo de toda intervención que involucre el uso de fuerza. Asimismo, se garantizará el acompañamiento psicológico a los miembros del grupo tras operativos de alto riesgo. El SNAI, por su parte, está obligado a asegurar su formación continua en técnicas de negociación, resolución pacífica de conflictos y uso diferenciado de la fuerza.
La nueva disposición también contempla la creación de bases operativas equipadas, con áreas de entrenamiento, polígonos de tiro, depósitos seguros para armamento y espacios habitacionales. Este diseño busca no solo profesionalizar al grupo y optimizar sus capacidades tácticas, sino también asegurar el cumplimiento de los estándares de actuación y mitigar significativamente el riesgo de cometer abusos.
La implementación de este reglamento se produce en un momento crítico para Ecuador, que continúa lidiando con una profunda crisis penitenciaria marcada por amotinamientos recurrentes, violencia interna y el debilitamiento de las instituciones encargadas de su gestión.
Fuente: Infobae