Proforma de 2026: ingresos para el gabinete sectorial de seguridad se reducen en más de $ 180 millones; expertos cuestionan la existencia de un plan de seguridad

El presupuesto para los ingresos del gabinete sectorial de seguridad para el 2026 se reduce en $ 181 millones, en comparación con 2025. Así consta en la proforma presupuestaria para el siguiente año enviada por el presidente Daniel Noboa y aprobada en la Asamblea Nacional.

De acuerdo con la planificación económica de 2026, el gabinete de seguridad prevé ingresos por $ 127.6 millones, mientras que en la proforma de 2025 se estimaron ingresos por $ 308.6 millones, es decir, $ 181 millones menos.

La reducción se refleja en instituciones clave, como el Ministerio de Defensa, cuyo valor disminuye de $ 189.5 millones que se estimaron en 2025 a $ 72.4 millones en 2026. En tanto que para la Policía Nacional este año se plantearon $ 19.4 millones, mientras que para el siguiente se prevén ingresos por $ 2.2 millones, es decir, $ 17.2 millones menos.

Asimismo, para el Ministerio del Interior se estiman ingresos de $ 10.7 millones en 2026, cuando en 2025 este valor fue de $ 11.7 millones, registrándose una leve disminución de un millón.

Egresos

En cuanto a los egresos que se planificaron para todo el gabinete sectorial de seguridad, para el 2026 el monto asciende a $ 4.054 millones, cuando en 2025 fue de $ 4.026 millones.

Para el siguiente año, la Policía Nacional prevé egresos por $ 1.593 millones y el Ministerio de Defensa por $ 1.846 millones, entre las instituciones estratégicas.

Por otro lado, en cuanto al plan anual de inversión, el gabinete de seguridad tiene previstos proyectos por $ 409.1 millones para el siguiente año, cuando en la proforma de 2025 este monto fue de $ 441 millones; es decir, se presenta una disminución de $ 32.8 millones en inversión.

¿A dónde irá este dinero?

Entre los proyectos a cargo del Ministerio de Defensa se destaca el fortalecimiento de las operaciones militares aéreas en las Fuerzas Armadas, con un valor de $ 37.7 millones, o la recuperación de la capacidad operativa de la Fuerza Terrestre para el control efectivo del territorio, con una inversión de $ 45.9 millones.

Para este año, en esta cartera de Estado se registra una reducción en el presupuesto para inversión en proyectos. En la proforma de 2025, hubo un monto de $ 272.5 millones, pero para 2026 se tienen programados $ 180 millones, es decir, $ 92.5 millones menos.

En tanto que el Ministerio del Interior tiene planeado invertir en proyectos como equipamiento básico y de protección personal para los servidores policiales a nivel nacional con un monto de $ 12.1 millones; también está prevista la renovación de vehículos terrestres como apoyo logístico al eje preventivo e investigativo, inteligencia y unidades con un valor de $ 30.5 millones; o el programa de prevención y respuesta a la violencia y a la criminalidad en Ecuador, al que se estima destinar $ 68.8 millones.

En cambio, en este ministerio hay un aumento en el presupuesto de inversión en proyectos y programas. En 2025 fue de $ 70 millones y para el 2026 se tiene previsto un monto de $ 141.3 millones; o sea, existe un incremento de $ 71.3 millones.

De acuerdo con el justificativo de egresos de la proforma presupuestaria de 2026, la mayoría del dinero se destinará al pago de sueldos de los servidores policiales y militares.

En el Ministerio de Defensa Nacional se contemplan asignaciones por $ 1.3 millones, que equivalen al 13,48 % de participación, recursos destinados principalmente para el pago del haber militar, ascensos, alimentación, compensaciones y demás beneficios de ley.

Mientras que la Policía Nacional cuenta con una asignación de $ 1.5 millones, que equivalen al 15,06 % de participación, con recursos que serán destinados para el pago de sueldos de 55.441 miembros en servicio activo.

La Policía Nacional y el Ministerio de Defensa ocupan, respectivamente, el tercer y cuarto lugar de instituciones del Estado a las que más se destina dinero para el pago de personal.

De acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior, actualizadas hasta el 20 de noviembre de este año, a escala nacional se registraron 7.553 homicidios intencionales, superando ya a 2024, año en el que hubo 7.063 asesinatos.

Si la tendencia se mantiene, a finales de 2025, esta cifra podría superar los 9.000 asesinatos y la tasa de muertes violentas sobrepasaría los 50 casos por cada 100.000 habitantes, superando a 2023, año en el cual hubo 8.248 homicidios, y siendo este año el más violento en la historia del país.

Expertos en seguridad cuestionan existencia de un plan de seguridad

Para Lorena Piedra, experta en seguridad e inteligencia transnacionalno hay una distribución estratégica de los recursos económicos establecidos en la proforma. Observa, por ejemplo, que el presupuesto para la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) es menor a lo que tiene el Centro de Nacional de Inteligencia (CNI), entidad que, agrega, no ha sido transparente con el manejo de los recursos.

“Yo establezco una serie de alertas de que no todo está claro, porque la prioridad número uno debe ser, con todo lo que está sucediendo, el combate a la minería ilegal, y eso no se ve en el presupuesto”, dice la analista.

Piedra también examina que en el Gobierno no hay una estrategia. Y ejemplifica con las Fuerzas Armadas, que sigue en las cárceles y no se sabe hasta cuándo permanecerá en estos centros; mientras que, por otro lado, dice, en el SNAI tampoco se están haciendo los cambios institucionales que se deben hacer para erradicar la corrupción en esta institución.

“Esto sucede con los resultados de seguridad, que no aparecen. Es porque no hay una estrategia. Cuando se tenga una estrategia bien planteada desde una inteligencia que se anticipa, que funciona bien, se verán resultados”.

De su lado, Daniel Pontón, docente y experto en seguridad, también coincide en que hay una ausencia de planificación del Estado en materia de seguridad, que no solo atraviesa el Ministerio del Interior sino que, precisa, también involucra a la justicia y cómo eso responde a las expectativas que la gente tiene sobre la seguridad.

“No veo que exista un plan que respalde todos los programas y proyectos en los que se pretende invertir y si eso responde a una necesidad o solo son acciones que se despliegan por un desempeño normal del presupuesto general del Estado”, señala.

A la vez, el especialista recalca que un presupuesto bien ejecutado debe responder a un plan de seguridad y este debe responder a un diagnóstico; sin embargo, es ahí donde Pontón observa un problema, pues ese orden lógico no existe.

“Aunque el presupuesto es algo cosmético y hay observaciones de otros expertos que hacen que este presupuesto sea poco creíble. Se puede asignar un presupuesto pero, si hay una mala ejecución más la mala planificación, hay un problema de diseño de política pública”, sostiene.

El experto en seguridad plantea que el Gobierno podría controlar la violencia con tres factores: la lucha contra la impunidad y evitar el tráfico de armas para que estas lleguen a manos de la gente; evitar el reclutamiento de menores desde una mirada holística; y la articulación con Gobiernos autónomos descentralizados, a través de la entrega de recursos para reforzar la seguridad.

El economista Jonathan Báez analiza este tema desde un punto de vista más general. Opina que el ‘papel aguanta todo’ y contextualiza que en la proforma de 2025 en salud el Gobierno estimó gastar $ 4.000 millones hasta noviembre, por ejemplo, pero en diciembre este rubro se redujo a $ 2.000 millones; entonces, sostiene, el codificado de noviembre es bajísimo. Con este ejemplo, Báez no descarta que suceda lo mismo con el presupuesto para seguridad.

“Entonces, es como si en papel dicen algo y al final lo disminuyen. Se hacen recortes a la sombra, ocultos al análisis pero muy visibles a la ciudadanía: sin turnos, sin medicinas, etc. Eso muy probablemente pasa en otros sectores, como la seguridad”.

El experto agrega que desde el Ejecutivo también se condiciona a la ciudadanía; es decir, puntualiza, “si quieren más seguridad, permite que tengamos militares en las calles, lo que normaliza un Estado de vigilancia en lugar de uno de seguridad (…). Es decir, el Gobierno instrumentaliza los recortes para seguir haciendo los recortes”. (I)

Fuente: El Universo

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