El caso Celu, la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el desvanecimiento de una glosa multimillonaria a una operadora de telefonía celular, en la Contraloría General del Estado (CGE), ha tomado un nuevo impulso.
El escenario cambió tras la captura de Luis Miño, exdirector de Responsabilidades de la CGE, quien accedió a colaborar con la Fiscalía General del Estado. El 1 de diciembre de 2025, el exfuncionario que se encontraba prófugo, rindió un testimonio anticipado.
Ante las autoridades, Miño ofreció un relato directo sobre cómo se habría ejecutado el desvanecimiento de una millonaria glosa, supuestamente por orden directa del entonces contralor general, Pablo Celi, quien actualmente está sentenciado a 13 años de cárcel por el caso Las Torres. El caso Celu también involucra al testigo.
En su declaración, Luis Miño aseguró que el 28 de junio de 2019 Celi lo convocó a su despacho en la sede de la Contraloría, en Quito. En la reunión, donde se encontraban presentes otras autoridades del ente de control, el contralor le habría dispuesto de forma inmediata y verbal que llevara el expediente de la responsabilidad civil relacionada con una operadora de telefonía.
El exdirector de Responsabilidades afirmó que el entonces Contralor ordenó el desvanecimiento inmediato de la glosa, cuyo monto ascendía a más de USD 111 millones.
Miño señaló que, en ese encuentro, los auditores y los subcontralores presentes presuntamente habían llegado al acuerdo de que se debía establecer que no existía un perjuicio económico para el Estado por parte de la empresa. En consecuencia, se debía emitir de manera urgente una resolución que eliminara la responsabilidad civil predeterminada.
El exdirector de Responsabilidades relató que el entonces Contralor solicitó que esta gestión se llevara a cabo «en la mayor brevedad posible». Miño admitió que, debido a la premura en la que se le exigió actuar, no tuvo la oportunidad de revisar de manera exhaustiva el informe técnico que se utilizaba como fundamento para la decisión de desvanecer la glosa.
A pesar de no haberlo revisado, el testigo indicó ante la justicia que él «sumilló como revisado, en calidad de Director de Responsabilidades», junto a Hans C., quien fungía como administrador de Resoluciones Civiles en la misma Dirección de Responsabilidades.
Finalmente, la resolución fue firmada por el contralor Celi, relató Miño.
El exfuncionario también expresó en su testimonio el temor que sintió ante las consecuencias que se derivarían si se negaba a acatar la orden de desvanecimiento de la glosa. Manifestó que la propia institución podía gestionar la supresión de su partida laboral, lo que implicaba una amenaza directa a su estabilidad y permanencia en la CGE.
El testigo afirmó: «Sospeché que podía salir de la institución», lo que lo llevó a asegurar que se sintió coaccionado para llevar a cabo la ejecución del desvanecimiento de la multimillonaria responsabilidad civil.
El testimonio de Miño añadió un detalle sobre el destino del expediente. Meses después de la anulación de la glosa, en noviembre de 2019, le habrían solicitado acudir nuevamente al despacho con el expediente en cuestión, presumiblemente para una revisión o verificación.
Sin embargo, el documento físico no habría podido ser encontrado por el exdirector de Responsabilidades.
La exfiscal Salazar empezó la investigación
El origen penal de la trama de presunta corrupción que ahora se investiga en el caso Celu se remonta al año 2021, en medio de las indagaciones del caso Las Torres, una operación que resultó en la sentencia de 13 años de prisión contra el excontralor Pablo Celi por el delito de delincuencia organizada, al confirmarse que cobraba sobornos a cambio de desvanecer glosas, inicialmente a proveedores de Petroecuador.
Aunque el caso Las Torres se centró en el desvanecimiento de cinco glosas por USD 13 millones a favor de la empresa Nolimit, la Fiscalía, durante el análisis de esa trama, halló indicios que abrían la puerta a investigar más movimientos con el mismo patrón.
Entre esos hallazgos se encontraba una transferencia por USD 1,3 millones que la empresa China CAMC habría realizado a los hermanos Celi antes de que a esta constructora se le anularan dos glosas por USD 32,5 millones. Ese caso por cohecho está pendiente de juicio.
Pero fue la exfiscal general Diana Salazar quien reveló públicamente que el Ministerio Público también estaba investigando el desvanecimiento de la glosa a favor de la operadora celular, posteriormente conocido como el caso Celu.
Las primeras pistas sobre este caso provinieron de dos fuentes dentro de la investigación del caso Las Torres: chats transcritos y versiones de exfuncionarios.
La Fiscalía obtuvo la transcripción de una conversación por chat entre el entonces contralor Celi y una exfuncionaria de la Contraloría, identificada como Daisy G., quien había ocupado cargos como directora de Auditoría Interna.
En el chat -presentado por Diana Salazar ante el juez Felipe Córdova-, la exfuncionaria Daisy G. expresaba su malestar por su desvinculación y la de sus familiares.
En su reclamo, la mujer le escribió a Celi: “Jamás me atrevería a decir nada, absolutamente nada, de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó y aun en el caso (…) que sé que está en la Fiscalía”.
El chat, fechado en marzo de 2021, sirvió como un elemento clave para que el magistrado argumentara su decisión de negar la solicitud de liberación de Celi en ese momento.
A esta revelación se sumó la versión de otro funcionario de carrera de la CGE, quien había firmado desvanecimientos en el caso Nolimit por orden de Celi. Este servidor, identificado como Nelson V., aseguró a la Fiscalía que «Pablo Celi me dispuso directa y verbalmente, en otras ocasiones, que suscriba desvanecimientos de otras empresas (…) y elabore el proyecto de desvanecimiento de responsabilidad por USD 111 millones con respecto a la banda ancha de la operadora de telefonía».
Según el examen, en 2014, el gobierno de la época entregó a la operadora una frecuencia adicional de banda ancha por USD 180 millones, a pesar de que el valor real, según el informe, debió ser de USD 291,9 millones. La diferencia de precio constituyó la pérdida para el Estado.
A pesar de esta predeterminación, el 28 de junio de 2019, ya bajo la dirección de Celi, la glosa fue desvanecida, argumentando que el perjuicio económico ya no era aplicable sobre la base del análisis técnico realizado.
La formulación de cargos
El caso pasó formalmente a proceso penal el 25 de junio de 2024, cuando la Fiscalía formuló cargos por tráfico de influencias contra Pablo Celi y el ahora colaborador Luis Miño.
En esa audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar precisó que en la causa también es investigado Hans C., otro exfuncionario que habría participado en la trama.
Durante el proceso de análisis para ratificar o desvanecer el cargo, la operadora de telefonía introdujo informes de tres consultores que la misma empresa había contratado, con la conclusión de que la determinación de las bandas no procedía del contrato original, por lo que la glosa no era aplicable.
La Fiscal señaló que el caso recayó, vía sorteo, en el escritorio del analista Nelson V., quien se negó a desvanecer la glosa, argumentando que las consultorías presentadas por la empresa estaban en copias simples y no era posible certificar su validez.
Según la versión de Nelson V., en esa época fue convocado por Miño y Coloma, quienes le pidieron explicaciones por haber preparado un proyecto que ratificaba la glosa, y le informaron que, por disposición de Celi, debía eliminarse la predeterminación.
Tras negarse, el analista fue cambiado de puesto de trabajo y, posteriormente, desvinculado de la Contraloría. Nelson V. también relató que Celi le había dicho que esa glosa era un «exceso» de los auditores.
La Fiscalía sostuvo en la audiencia que «todos los ejercicios de influencia se ejercieron bajo el amparo de Pablo Celi de la Torre y se canalizaba a través de Miño hacia sus subalternos».
Durante esa diligencia de formulación de cargos, el juez dictó arresto domiciliario para Celi, por ser adulto mayor, medida que ya cumplía por el caso Las Torres, y prisión preventiva para Miño, además de la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes.
La versión de la telefónica
En junio de 2021, cuando se difundieron los primeros indicios del caso a través de los chats y las versiones de exfuncionarios en el contexto de Las Torres, PRIMICIAS consultó la versión de la operadora de telefonía celular.
En su respuesta, la compañía aseguró que «no tuvo participación ni injerencia, en la determinación de las condiciones económicas, técnicas y legales para dicha asignación de espectro, mismas que fueron definidas por el Estado ecuatoriano en su totalidad».
La operadora indicó que, si bien inicialmente se determinó una glosa por este contrato, luego de evaluar las pruebas aportadas mediante la intervención de expertos internacionales para la validación del proceso, la Contraloría General del Estado desestimó la predeterminación inicial.
Para la elaboración de este nuevo artículo, PRIMICIAS intentó contactar nuevamente a la operadora para obtener un comentario sobre el testimonio anticipado de Luis Miño, pero hasta el final de la tarde del 4 de diciembre de 2025, no se obtuvo una respuesta oficial por parte de la empresa.
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