Ciertos muelles artesanales de Manabí, construidos con el objetivo de impulsar la economía local están siendo utilizados por el crimen organizado.
Tres de los cinco puertos están inoperativos o inconclusos debido a errores técnicos de diseño y ubicación. No obstante, estos sitios están sirviendo de base para el tráfico de drogas y combustible en lanchas rápidas, según la Policía
Giovanny Naranjo, comandante de la Policía en Manabí, confirmó que han encontrado indicios claros de que varios de estos puertos facilitan las actividades ilícitas.
“Estos muelles son utilizados para sacar en lanchas rápidas la droga o también el combustible y abastecer a grandes barcos en alta mar”, explicó Naranjo.
Naranjo enfatizó que aunque la Policía y las Fuerzas Armadas mantienen un control permanente, la vasta extensión de estos sitios y su condición de inconclusos facilitan la operación de los grupos delictivos.
Un ejemplo de eso es el muelle de San Mateo. El 25 de abril de este año, la Armada Nacional ejecutó una operación militar en ese lugar que terminó con la aprehensión de tres embarcaciones dedicadas al transporte ilícito de combustibles. En la intervención se incautaron aproximadamente 1.000 galones de combustible.
Sin embargo, los puertos que más problemas le generan a la Policía son el de Puerto López y el Jaramijó ya que son los lugares donde se han posicionado grupos de delincuencia, afirmó el oficial.
En Puerto López, la disputa entre bandas criminales por el control territorial ha generado escenarios de violencia que afectan directamente a las comunidades pesqueras.
El cantón, en particular, sufre de una disputa territorial entre bandas como Los Choneros y Los Lobos, lo que ha generado un aumento de los hechos delictivos y desapariciones.
En el muelle de Jaramijó uno de los delitos más comunes es el tráfico de combustible, señaló la Policía.
En el 2021, la Armada encontró una lancha con 360 galones de combustible que iba a ser usado en actividades ilícitas.
Están abandonados
La denuncia sobre los problemas de los muelles, construidos con el dinero de la reconstrucción, la ratificó Julio Villacreses, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Villacreses señaló que de los cinco puertos artesanales, solamente el de Jaramijó y el Cojimies funcionarían en su totalidad. El resto, a pesar de las millonarias inversiones estatales, se encontrarían en estado de inoperatividad.
Los casos más críticos son los de San Mateo, Crucita y Puerto López. Villacreses describió el de San Mateo como una “obra muerta”, o una “piscina” inútil debido a un desvío técnico.
“El muelle de Crucita se destruye sin haberse terminado, y el de Puerto López corre la misma suerte. Estas obras, destinadas a la reactivación económica del sector pesquero, resultaron ser un fracaso rotundo», agregó.
El muelle de San Mateo se construyó en el 2010 y tuvo un presupuesto inicial de $ 6,7 millones, terminando con un costo final de $ 22,3 millones tras obras complementarias. A pesar de la alta inversión, en 2014 ya estaba azolvado, requiriendo dragados que costaron entre $ 300.000 y $ 400.000 cada uno.
En 2016 se intentó corregir el problema con una nueva obra de $ 9 millones para extender el espigón, un esfuerzo que finalmente resultó insuficiente para detener la sedimentación.
Mientras tanto, el muelle de Crucita tuvo un costo aproximado de $ 30 millones. El de Jaramijó costó $ 22 millones y actualmente beneficia a unos 4.760 pescadores. Mientras que de Cojimíes se construyó con una inversión menor de $ 5 millones.
Alfonso Delgado, dirigente de pescadores de Manabí, compartió la frustración del sector pesquero. Delgado puntualizó que la mayoría de los muelles siguen siendo de baja utilidad por una mala ubicación y ejecución.
Delgado solicitó al Gobierno que retome estas facilidades pesqueras, pues representan un gran beneficio para el sector. Aseguró que esperan que la actual administración “saque adelante estos muelles heredados de administraciones pasadas.
Por ejemplo, según él, el muelle de San Mateo se sedimenta constantemente por problemas de construcción, una crítica compartida desde el sector productivo que ve frustrado su beneficio.
Según el Ministerio de Infraestructura, los muelles de Crucita y Puerto López, contratados con dinero de la reconstrucción del terremoto del 2016, tienen retrasos significativos, por lo que el contrato fue terminado. Sobre este tema se buscó una versión actualizada de la Subsecretaría de Obras Públicas en Manabí, pero no fue posible.
Puertos a merced de las bandas
Para Carlos Endara, jefe de la Policía Judicial de Manabí, la problemática es evidente en varios puntos de la costa. “En el muelle artesanal de Jaramijó tenemos extorsión, tenemos vacunas que están haciendo las bandas a las personas que tienen sus embarcaciones pesqueras», señaló. Esta presión económica ilegal somete a los pescadores lícitos.
La extorsión en los muelles es solo una cara de las actividades multicrimen que sostienen a las organizaciones delictivas.
El jefe policial explicó que la logística pesquera se usa para el contrabando de hidrocarburos, un negocio altamente lucrativo. El combustible que se destina a las faenas de pesca es desviado para alimentar el transporte de droga en altamar.
“Ese combustible es utilizado para el transporte de droga”, explicó Endara.
Las bandas utilizan la fachada de la pesca artesanal para llevar el combustible hasta los puntos de abastecimiento de las lanchas rápidas. Los valores que las organizaciones cobran por este combustible son altos.
El jefe de la Policía Judicial señaló que el “amplio perfil costero” que posee Manabí permite que ciertas personas del sector pesquero “asimilen culturalmente ese delito” debido a la facilidad para obtener grandes sumas de dinero.
“Para algunos es más fácil ganarse $ 30.000 en seis días transportando droga hacia Centroamérica que dedicarse a su trabajo habitual», agregó.
Fuente: El Universo