Envuelta en confrontaciones con sus antiguos coidearios, Luisa González ahora enfrenta también al Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que presentó oficialmente una denuncia por posible infracción electoral en contra de ella y Andrés Arauz.
Ambos hicieron binomio por el correísmo en las presidenciales adelantadas de 2023.
El reclamo ingresó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la noche del sábado 15 de noviembre, a pocas horas del desarrollo de las votaciones por la consulta popular y referéndum 2025.
El proceso está en manos del juez del TCE Guillermo Ortega Caicedo que, la tarde del martes 18 de noviembre, emitió un auto disponiendo que se complete y aclare la denuncia, para continuar con el trámite.
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El CNE señala que el correísmo supuestamente no justificó ni presentó correctamente los informes financieros para sustentar los aportes privados que recibió la agrupación política para ese proceso electoral.
El 5 de noviembre pasado, tres de cinco consejeros electorales apoyaron una resolución emitida por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, que señala las supuestas irregularidades en los informes de esa organización política.
La encargada del manejo de esas cuentas de campaña presidencial de segunda vuelta, Estefanía Molina, también fue incluida en la denuncia ante el TCE.
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Previamente, el 5 de noviembre, la directora nacional de Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, ingresó al Tribunal Contencioso Electoral un recurso subjetivo contencioso en contra del CNE.
El objetivo de la dirigente correísta es oponerse y dejar sin efecto la resolución del organismo electoral. González y Molina consideran haber entregado todas las pruebas que demostrarían el manejo correcto de las cuentas de campaña.
Posibles sanciones
El CNE tiene hasta el jueves 20 de noviembre para completar y aclarar varios puntos de la denuncia contra los excandidatos Luisa González y Andrés Arauz. De no hacerlo, la causa podría ser archivada por el juez Ortega.
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En caso de ser encontrados culpables del mal manejo de las cuentas de campaña, el Código de la Democracia establece multas de entre 20 y 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años.
«Los jefes de campaña y candidatos responderán solidariamente, de manera pecuniaria, de acuerdo con el nivel de responsabilidad que se determine en el incumplimiento», señala la normativa.
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