La Defensoría del Pueblo, a través de su delegación en Guayas, anunció el inicio de una investigación por una posible vulneración al derecho de recibir servicios públicos de calidad, luego de las declaraciones del Gobierno sobre la presencia de contaminantes en el agua potable de Guayaquil.
El Ejecutivo afirmó que el líquido que se distribuye en la ciudad contiene “caca, detergente, aluminio, plomo, cobre”, y que el nivel de aluminio estaría por encima de lo permitido. También se mencionó la existencia de zinc, manganeso, cromo, nitritos y sulfuros.
Estas afirmaciones fueron rechazadas por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y la concesionaria Interagua, quienes aseguraron que el agua que se produce y distribuye “cumple rigurosamente con los estándares nacionales e internacionales de calidad” y es monitoreada de forma permanente conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, Gonzalo Ortega, explicó que la investigación se ampara en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, dado que el acceso a un servicio público de calidad está vinculado con los derechos a la salud y a una vida digna.
Como parte del proceso, la Defensoría solicitará informes detallados sobre la calidad del agua a la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y a Emapag. Las notificaciones oficiales serán remitidas este lunes.