Aunque no se conocen exactamente cuáles son las reformas en lo que respecta a temas de seguridad, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado que busca incluir el Gobierno de Daniel Noboa en una nueva carta magna, de aprobarse la existencia de una asamblea constituyente, el primer mandatario ve a esta como una oportunidad para cambiar la Constitución de Montecristi de 2008, la cual es calificada de “garantista de los criminales”.
El presidente Noboa ha dicho que las “mafias” en Ecuador llevan años adaptándose a la constitución ecuatoriana y saben ya cómo hacer las cosas, de tal manera que ellos estén siempre protegidos. El objetivo de tener la nueva carta política, ha dicho, es generar un marco constitucional en el que las personas estén protegidas, mas no los criminales.
Pese a que esa es la idea general, Daniel Noboa, el proponente de la consulta popular y el referéndum que se darán el próximo 16 de noviembre para que la ciudadanía decida si quiere cambiar o no de constitución, no ha definido puntualmente cuál es su visión de la nueva carta política. Eso lo deja él para que sea conocido luego de que se apruebe en las urnas una asamblea constituyente para cambiar el texto vigente los últimos 17 años.
Lo que sí adelantó el presidente de Ecuador, en una entrevista radial el 22 de octubre pasado, es que existirán propuestas de reforma penales, de inversión… y que el texto no sobrepasará los 180 artículos.
Actualizar el marco constitucional a las nuevas realidades
En el contexto de la campaña a favor del sí para un nuevo texto constitucional, Ferdinan Álvarez, asambleísta perteneciente a los registros del movimiento oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), cree que esta es la oportunidad de corregir aquello que estaba mal dentro de la constitución vigente, que no ha funcionado dentro de un modelo que nació garantizando los derechos de la delincuencia y no de los ciudadanos de bien.
Pese a haber sido parte del movimiento de la Revolución Ciudadana, Álvarez piensa que a su exagrupación política no le ha interesado ni le interesará cambiar una carta política garantista para los delincuentes y que aleja al ciudadano. “En este nuevo modelo que proponemos, al ciudadano de bien lo pondremos en el centro y a los delincuentes donde deben estar”, refirió.
Recuerda el legislador de ADN que quienes están del lado de los que no quieren que cambien la constitución existente piden que diga dónde están los artículos que favorecen a los delincuentes. A eso él responde que se revisen, por ejemplo, los artículos 55 y especialmente el 77 de la constitución actual, el cual define que la prisión preventiva es una medida de última instancia que debe ser tomada por los jueces.
Explica que muchas veces en las audiencias de formulación de cargos, por “artimañas” provocadas por la forma en que fue redactada esta constitución, los delincuentes salen libres debido a que la propia carta magna establece que la prisión preventiva es una medida de última instancia.
La Constitución en su artículo 77 señala que en todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona se observarán garantías básicas, como que la privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena.
El artículo 35 de la constitución actual, que debería ser corregido en una nueva constitución según Álvarez, señala que dentro del grupo de atención prioritaria están las personas privadas de la libertad, situación que debería reformarse. El propio Daniel Noboa en diferentes foros ha dicho que debe removerse a las personas privadas de libertad de los grupos de atención prioritaria y debe existir “prioridad solo para quienes lo necesitan y lo merecen”.
Álvarez recuerda que, siguiendo ese mismo garantismo establecido en la constitución actual, la Corte Constitucional (CC) no dio paso a dos leyes que daban herramientas para luchar contra la delincuencia: “Fueron dadas de baja por la CC por criterios no solamente políticos y antojadizos, sino también acogiendo lo que establece la actual constitución. Si no tuviéramos una constitución tan garantista para los delincuentes, evidentemente tendríamos dos normativas que iban a luchar frontalmente contra la delincuencia”.
Las leyes orgánicas de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública fueron, en septiembre pasado, declaradas inconstitucionales por la CC; y, con ello, el Gobierno actual dijo que quedaban insubsistentes herramientas que servían para enfrentar de mejor forma la inseguridad y de manera frontal al crimen organizado. Esos supuestos obstáculos legales y normativos que dificultarían el combate al crimen organizado dejaron en el Gobierno una razón más para proponer la construcción de una nueva constitución.
La constitución vigente necesita mejoras pero no reemplazarla
A Gustavo Larrea, líder del movimiento Democracia Sí, que se ha registrado para hacer campaña por el no en el próximo referéndum y consulta popular, le parece que la constitución actual tiene fallas y necesita mejoras, pero no va por la línea de reemplazarla. Desde esa óptica, en lo que respecta a seguridad y la lucha contra el crimen organizado, anota que es un grave error confundir las debilidades de la planificación y la acción en el combate al narcotráfico con una normativa constitucional.
Larrea dice no estar de acuerdo con que se diga que la actual constitución no le brinda herramientas al actual régimen para combatir la delincuencia o el crimen organizado y hay que cambiarla. Para él, ahí hay falta de política de seguridad más que de temas jurídicos constitucionales.
El líder de Democracia Sí critica que en el Gobierno de Noboa no se conozca ningún proyecto serio de reforma constitucional, de una nueva constitución, y menos aún se conozcan cuáles son los puntos prioritarios para desde la carta magna mejorar la seguridad y combate al crimen organizado. Más bien lo que cree que existe es un pedido de cheque en blanco para hacer algo que solo después que se vote a favor se podrá conocer.
Su negativa a una nueva constitución parte de que hay muchas reformas que pueden ser incluidas en el actual texto constitucional utilizando otras vías, como la Asamblea Nacional. Toma como ejemplo la reforma dada al criterio de ciudadanía universal, pues lo que existía beneficiaba a la delincuencia. Desde su perspectiva, esa misma línea del Legislativo debería seguirse para reformar de forma más rápida temas como la prisión preventiva, y no se llegaría así a que se proponga una nueva constitución.
“Un cambio en el tema de la prisión preventiva implicaría modificaciones al Código Integral Penal; no implicaría modificaciones constitucionales. La prisión preventiva para casos de delitos vinculados al crimen organizado puede darse de manera inmediata. Es decir, puede haber cambios de esa naturaleza, pero no implica un cambio constitucional; implica un cambio de la ley. Eso es un justificativo, no un argumento constitucional; es un argumento de política penal, no de política constitucional”, explicó.
Las fallas de la actual constitución, las describe Larrea, son de su estructura orgánica; por ejemplo, tener una “justicia podrida”, un Consejo de la Judicatura (CJ) al mando de la Función Judicial, es decir, un organismo administrativo al mando de los jueces, que ha llevado a la corrupción interna del sistema. Es partidario de eliminar el CJ y subordinarlo a una Corte Suprema de Justicia, pero insiste en que esos cambios se pueden hacer incluso con reformas parciales de la Constitución.
La necesidad de una constitución con herramientas para fortalecer la lucha contra el crimen y la corrupción
El expresidente de la Corte Nacional de Justicia y excandidato presidencial Iván Saquicela comparte la necesidad de que exista en Ecuador una reforma constitucional de la que nazca un nuevo documento que esté acorde con los tiempos que vive el país, especialmente en temas de seguridad y combate a estructuras delictivas organizadas transnacionales. Cree que es importante generar mejores instrumentos jurídicos para enfrentar distintas realidades a las que existían en 2008.
Si bien Saquicela ve como interesantes los cambios de los que se habla desde el oficialismo, en el sentido de que la prisión preventiva sea la principal en ciertos delitos, o el que se saque de los grupos prioritarios a los privados de la libertad, para él se debe ir más allá y pensarse en incluir un tratamiento especial a delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, y ser en estos casos más exigentes, por ejemplo, en las medidas cautelares que se les impone o el definir un comiso amplio.
Piensa que debe apuntarse a que existan solo tres poderes del Estado y que desaparezcan el Consejo de Participación Ciudadana y el CJ. Cree que debe repensarse el tema de la ciudadanía universal y analizarse el que se puedan emitir, en ciertos casos, medidas cautelares en la etapa de indagación previa.
“Yo sí respaldo el hecho de que para ciertos delitos, crimen organizado, secuestro, narcotráfico, etcétera, existan normas más energéticas. (…) En definitiva, el garantismo malentendido finalmente es un obstáculo no solo para luchar contra el crimen en materia punitiva, sino también para recuperar el dinero”, señaló, al tiempo que refiere que otro aspecto que debería incluirse en una nueva constitución es que las garantías constitucionales deben estar reguladas desde la carta política para así eliminar abusos, corrupción o desnaturalizaciones.
Hace poco, en una entrevista con el canal digital Visionarias, la exfiscal general y embajadora en Argentina del Gobierno de Daniel Noboa, Diana Salazar, habló de los vacíos que existirían en la constitución vigente, en especial para luchar contra las mafias y delitos de magnitud, como la delincuencia organizada, el lavado de activos, el narcotráfico y el terrorismo. Ve necesario incorporar cambios en el texto constitucional, como la imprescriptibilidad y el juzgamiento en ausencia, además de otras herramientas que sirvan para fortalecer la lucha contra el crimen y la corrupción.
Por ejemplo, Salazar sostiene que mucho se habla sobre el combate a la delincuencia organizada y el terrorismo, pero en la Constitución no se establece la posibilidad del juzgamiento en ausencia, cosa que sí sucede en delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho, peculado, relacionados con corrupción.
Resalta que, al no poder ser juzgados en ausencia la delincuencia organizada, el terrorismo o el lavado de activos, generalmente las personas que cometen estos hechos huyen del país para evadir la acción de la justicia y se queda a expensas del tratado o el convenio de extradición que exista con cada país para que el sospechoso pueda ser puesto a órdenes de un juez.
Otra incorporación válida en un nuevo texto constitucional es, para la exfiscal, la figura de la imprescriptibilidad de la delincuencia organizada, lavado de activos, terrorismo. Esta propuesta se basa, dice, en que los procesados por estas causas huyen del país, la etapa del juicio se suspende y años más tarde regresan como héroes, señalando que han sido encontrados inocentes, cuando lo real es que prescribió la acción.
“Debemos tomar en cuenta que es una constitución de hace 17 años y la realidad que vive el país es totalmente distinta a la de 2008. Diecisiete años de avance del narcotráfico, de la delincuencia organizada. (…) Y los Estados tienen la obligación, según las convenciones, tanto de Palermo como contra la Corrupción, de ir adaptando su marco constitucional y legal a las nuevas modalidades y formas delictivas”, manifestó Diana Salazar. (I)
Fuente: El Universo