La Contraloría General del Estado realizará un examen especial a las operaciones administrativas y financieras en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Manta, en la provincia de Manabí, en el período comprendido entre el 1 de abril de 2021 y el 30 de septiembre de 2025.
La medida fue dispuesta el 27 de octubre de 2025 y, según el ente de control, se va a determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales y demás normativas. También se verificará la propiedad, veracidad y el registro de las operaciones administrativas y financieras.
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El organismo estipuló un plazo de 90 días, tiempo que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.
Significa que, el examen comprende parte de la administración de Agustín Intriago, quien fue asesinado el 23 de julio de 2023, y de Marciana Valdivieso, quien asumió y se mantiene en el cargo tras la muerte de Intriago.
Esta acción de control a la alcaldía manabita ocurre tras una solicitud enviada el pasado 15 de septiembre de 2025, por las concejalas del correísmo Diana Flores Vera, Estefanía Macías e Ingrid Bowen, quienes pidieron la intervención del organismo para revisar posibles irregularidades.
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Las concejalas justificaron el pedido de la intervención a la falta de obra y garantía de servicios públicos, a pesar del cobro de impuestos. Entre las problemáticas expuestas están la falta de recolección de basura, dotación de agua, calles y avenidas llenas de baches, obras inconclusas, contratistas, obreros y servidores municipales impagos.
Las funcionarias, además, señalaron que la administración municipal aprobó el alza de siete impuestos: plusvalía, predios urbanos y rurales, tasa de aseo y recolección de desechos, tasa verde, tasa de seguridad ciudadana, el impuesto al sector turístico y los permisos de construcción.
El lío financiero
Todo esto ocurre en medio de las denuncias por retrasos de pagos a empleados y problemas financieros que enfrenta la administración municipal.
El pasado 20 de marzo de 2024, la alcaldesa Valdivieso anunció medidas de austeridad para «asegurar la estabilidad financiera» del municipio, con lo que pretendía ahorrar entre USD 2,5 millones a USD 3 millones anuales. Sin embargo, a los empleados municipales se les adeuda dos meses de sueldos: a los de código, cuatro; a los de Losep, cinco; y siete meses a los contratados por facturas.
La alcaldesa Valdivieso aseguró el 4 de noviembre de 2025, durante la sesión solemne por los 103 años de cantonización de Manta, que los problemas económicos “no nacieron en esta gestión, hoy estamos enfrentando y cargando una mochila pesadísima de deudas heredadas, de compromisos mal planificados, de créditos que se contrajeron sin prever cómo se pagarían y esa carga nos ha quitado margen para invertir… solo este año debemos destinar USD 13 millones al pago de deudas antiguas”.
La alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, en una reunión.Alcaldía de Manta
De hecho, Valdivieso ha señalado que una de las principales trabas deriva del crédito del Banco Mundial por USD 100 millones y que se deben pagar USD 7 millones cada año.
Según información proporcionada por la alcaldía, durante la gestión de la alcaldesa Valdivieso se le ha cancelado al Banco Mundial USD 16 millones.
El crédito fue gestionado en la administración de Jaime Estrada y aprobado en 2013, con lo cual se financiaron obras como la vial que la avenida 4 de Noviembre, regeneración urbana y proyectos de agua potable y saneamiento.
Un gasto compartido
De los USD 100 millones, USD 65 millones se ejecutaron durante la administración de Jorge Zambrano, entre 2015-2019, y USD 35 millones en la de Agustín Intriago, es decir entre 2019-2023.
El exalcalde Estrada ha defendido el financiamiento públicamente asegurando que “si el problema fuese el crédito, ¿cómo es que el exalcalde Zambrano pagó tres cuotas y el exalcalde Intriago pagó ocho cuotas y mantuvieron al día el pago de las remuneraciones a los servidores municipales?”.
El exalcalde Zambrano dijo que la situación actual del municipio es difícil porque “las deudas están en un nivel impagable, porque no alcanzan los ingresos…”.
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Zambrano, además, considera que el endeudamiento que vive la ciudad, se debe en gran parte “al incumplimiento sistemático o progresivo que se fue dando al Seguro Social, a los contratistas y proveedores” y también señaló que otro problema es que la administración municipal duplicó la nómina de empleados y áreas.
Agregó que “cargando (subiendo) más impuestos locales no se va a resolver el problema, porque ya la ciudadanía está media saturada con imposiciones; incrementaron los impuestos y tasas. Creo que hay un límite y, si no se puede pagar, se debe pedir ayudar al Gobierno Nacional”.
USD 7, 8 millones para saldar salarios
El Gobierno Nacional adeuda a la alcaldía de Manta los meses de septiembre y octubre, es decir, cerca de USD 4,5 millones.
Además, la alcaldesa Valdivieso comunicó que el Ministerio de Economía y Finanzas planteó a los municipios que la única forma de recibir el Modelo de Equidad Territorial sería a través de bonos.
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La funcionaria explicó que los bonos se deben de comercializar en una casa de valores. Pero esto no cubre toda la deuda salarial, porque se necesitan al menos USD 7,8 millones para saldar las deudas pendientes con todo el personal hasta octubre. Para que el municipio reciba los bonos, esto debe ser aprobado por el concejo.
Mensualmente, el gobierno local necesita al menos USD 1,6 millones para cubrir todos los sueldos. Dicho monto, se distribuye de la siguiente forma: servicios profesionales o factura, USD 280.000; empleados bajo la LOSEP, USD 509.000; empleados del Código de Trabajo, USD 650.000 y, nivel jerárquico superior, USD 102.000.
El Municipio de Manta planificó para este 2025 un presupuesto de USD 120.486.070. De esa cifra, USD 47.537.063 son de ingresos corrientes o propios; USD 28.837.307 de ingresos de capital o aportes de entidades de Gobierno y asignaciones. Mientras que USD 44.111.700 son de financiamientos con entidades del sector público financiero.
Huelga de hambre por falta de pagos
Los problemas financieros son muchos más profundos y también recaen en la Empresa Pública Municipal Movilidad de Manta EP -que tiene las competencias de movilidad, tránsito, seguridad vial y transporte- actualmente intervenida por la Policía Nacional tras verse salpicada por el crimen organizado.
Desde el 21 de octubre, los agentes de tránsito de Manta iniciaron una huelga de hambre en los bajos del Municipio y actualmente se han ubicado al ingreso de la terminal terrestre.
Víctor Zambrano, agente civil de tránsito, explicó que, a la fecha, le deben cinco meses y la deuda total asciende a USD 600.000, “cada nómina es de USD 120.000, somos 195 agentes civiles de tránsito”.
Agentes de tránsito de Manta llevan en huelga desde el pasado 21 de octubre en los exteriores de la terminal terrestre, debido a que les adeudan cinco meses de sueldos.Primicias
Carlos Albán, interventor de la Empresa de Movilidad de Manta, detalló a PRIMICIAS que, hasta el 5 de noviembre de 2025, la deuda total con los agentes civiles de tránsito ascendía a USD 866.405, correspondiente a varios meses de remuneraciones pendientes.
De igual forma que, el 30 de octubre, la Empresa recibió un único depósito de USD 46.222, equivalente “apenas al 5,34% del monto total que la Alcaldía se comprometió a cancelar, cifra que no cubre ni un mes de nómina de los agentes”, dijo Albán.
Del valor, «se hizo una transferencia a cuentas de ciertos agentes, no a todos, valores que van desde los USD 0,18, a otros les acreditaron USD 200, USD 300, USD 400 y USD 500”, explicó Zambrano.
Cuestionamientos del Ministerio del Trabajo
El tema de los sueldos impagos a los agentes de tránsito escaló a finales de octubre, cuando hubo un cruce de acusaciones entre la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y la alcaldesa Marciana Valdivieso, donde no solo se cuestionó la falta de pagos a los agentes, sino también a los obreros y personal contratado bajo la modalidad de factura.
“El problema del municipio de Manta es la alcaldesa (Marciana Valdivieso). Lamentablemente el análisis que yo he hecho del comportamiento, del cumplimiento de relaciones laborales no cumple con la ley. Los funcionarios públicos deben cumplir con la ley y si no están capacitados deben de dar un paso al costado”.
Ivonne Núñez, ministra del Trabajo.
El Ministerio del Trabajo se involucró tras recibir una denuncia formal presentada por 195 agentes de tránsito de Manta.
En esa fecha, la ministra también acusó a la alcaldesa de no comparecer a una audiencia y reveló que el ministerio posee informes económicos que indican la disponibilidad de recursos para honrar los pagos y precisó que el problema de atraso abarca no solo el periodo de intervención de la agencia, sino que se extiende a cinco meses impagos.
Ante esto, Marciana Valdivieso, respondió: «La Empresa Pública de Movilidad de Manta está intervenida por la Dirección Nacional de Control de Tráfico y Seguridad Vial de la Policía Nacional. Por tanto, el municipio no tiene control operativo ni financiero sobre esa entidad, ni sobre los recursos que administra”.
“Yo sí he recibido a los agentes civiles de tránsito. Sí he estado en las dos reuniones convocadas por el propio Ministerio de Relaciones Laborales. Quien no compareció fue la Intervención. En la primera reunión enviaron a un procurador con la cámara apagada, tal vez para no dar la cara”.
Marciana Valdivieso, alcaldesa de Manta.
Luego, el 30 de octubre de 2025, se realizó una audiencia, en la que la ministra Núñez medió entre la Alcaldía de Manta, la comisión interventora de la Empresa Pública de Movilidad y los agentes de tránsito, logrando un acuerdo para liquidar y transferir fondos recaudados.
Luego, la Empresa de Movilidad recibió un único depósito de USD 46.222, es decir, solo lo recaudado por Transire. Es decir, según la Empresa de Movilidad, faltó transferir USD 83.481,71 del resto de servicios que son parte del convenio de interoperabilidad.
El agente Víctor Zambrano manifestó que, no se oponen a la intervención, pero que la huelga se mantiene hasta que sus sueldos sean transferidos y se cancelen los aportes al IESS (15 meses).
Ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en un evento del Ministerio, el 26 de septiembre de 2025.Ministerio del Trabajo / X
De hecho, el miércoles 5 de noviembre, varios agentes fueron recibidos por la Comisión de Derechos Humanos y Derechos Constitucionales de la Asamblea Nacional en Quito. Sobre este tema, Zambrano dijo que se convocará al interventor, la gerente de EPM-Manta, la ministra de Trabajo Ivonne Núñez, al ministro de Economía y al ministro del Interior para el 18 de noviembre.
El interventor de la Empresa de Movilidad explicó que la posibilidad de pago depende «exclusivamente de que la Alcaldía de Manta transfiera los recursos que le pertenecen a la Empresa Pública de Movilidad y que actualmente mantiene retenidos”. Albán expuso que el mecanismo financiero es claro:
Los ciudadanos pagan sus servicios de tránsito a través de la empresa privada Transire.
Transire transfiere los recursos al Municipio de Manta.
Y el Municipio debería transferirlos a la Empresa Pública de Movilidad, que es la que presta el servicio.
“Hasta antes de julio de 2025, existían atrasos moderados, pero la alcaldesa puso en tela de duda el nombramiento del Interventor y desde entonces no se recibió un solo dólar proveniente del Ministerio de Economía y Finanzas”, manifestó Albán.
Asimismo especificó: “La alcaldesa recibe los fondos que pertenecen a la Empresa, no los devuelve para su operación y, además, impide que lleguen los recursos fiscales al haber remitido oficios a varias instituciones —incluido el Consejo Nacional de Competencias— que generaron dudas jurídicas y frenaron la asignación de recursos”.
Finalmente, el interventor señaló que “pese a este escenario, la Empresa (movilidad) ha mantenido la operación, la disciplina financiera y el compromiso con su personal”.
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