El Gobierno tiene hasta este viernes 31 de octubre para entregar a la Asamblea Nacional la proforma del Presupuesto General del Estado de 2026, según los plazos establecidos en la Constitución. Analistas observan un escenario desafiante para el próximo año, con ingresos que seguirán siendo limitados y no darán abasto para cubrir el elevado gasto público.
A ello se añade que la producción petrolera sigue en declive y el precio del crudo no favorece, que el fisco ya no contará con alrededor de $ 300 millones por el impuesto temporal a las sociedades, y que se deben pagar fuertes sumas por compromisos de deuda, entre otros elementos a considerar.
La eliminación del subsidio al diésel, que implica un ahorro estimado de $ 1.300 millones anuales, si bien da un respiro a las finanzas públicas, se ve opacada con los bonos y compensaciones económicas que está entregado el Gobierno a diversos grupos temporalmente tras el alza del precio del combustible.
Se requieren de reformas estructurales para incrementar los ingresos y reducir el gasto público, con el fin de disminuir el déficit, señalan expertos.
En la proforma de 2025, aprobada en septiembre, los ingresos totales ascendieron a $ 27.440 millones frente a $ 33.065 millones en gastos, dando como resultado un déficit global de $ 5.625 millones (equivalente al 4,4 % del PIB).
Se estimó el precio promedio del barril de exportación de crudo en $ 62,2, con una producción fiscalizada de 170 millones de barriles de petróleo al año.
Sin embargo, el sector petrolero ha sufrido shocks internos y externos, por lo que en septiembre se ajustaron las proyecciones a la baja con un precio de $ 60,1 por barril y una producción de 158 millones de barriles.
El Gobierno anticipa que en 2026 los gastos mantendrán una amplia distancia de los ingresos, por lo que decidió flexibilizar la regla fiscal que consiste en financiar gastos permanentes con ingresos permanentes (como son los impuestos).
De tal manera que, de manera excepcional y por recomendación del Ministerio de Economía, en el presupuesto fiscal de 2026 se permitirá que los egresos permanentes -como los salarios de funcionarios- de los sectores de salud, educación y justicia sean financiados con ingresos no permanentes (deuda pública, venta de activos, ingresos petroleros, entre otros).
El cambio se plasmó en el Decreto Ejecutivo 199, suscrito por el presidente Daniel Noboa el 30 de octubre, la víspera de que termine el plazo para que el Ejecutivo presente la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional.
Se cita un memorando del 29 de octubre del Ministerio de Economía, en el cual se indica que, con base en un informe técnico elaborado por la Subsecretaría de Programación Fiscal, “se evidencia que existe una brecha estructural presupuestaria, ya que el crecimiento de los ingresos permanentes es inferior al de las necesidades del gasto”.
La necesidad de modelar la regla fiscal temporalmente se justifica en que la mencionada brecha es “generada por la inflexibilidad del gasto”.
La finalidad, según el decreto, es “reducir la presión existente sobre el Presupuesto General del Estado”.
La debilidad de los ingresos ha dado como resultado en que entre enero y septiembre de 2025 el déficit fiscal alcanzó los $ 2.980 millones, según el Observatorio de Política Fiscal.
Los ingresos totales apenas cubren el gasto corriente, el cual crece 10,5 %, recoge un informe del Observatorio.
En este periodo los gastos se han concentrado principalmente en el pago de sueldos, transferencias al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), y la entrega de los 17 tipos de bonos sociales existentes, más intereses de la deuda e inversiones casi inexistentes.
En esas circunstancias, incluso con el incremento del IVA al 15 % (en 2024), la eliminación del subsidio al diésel, para 2026 el déficit podría llegar a los $ 5.000 millones, advierte el economista Jaime Carrera, director del Observatorio.
“Un déficit elevado lo que hace es subir la deuda pública y el pago de intereses. El próximo año el pago de intereses de la deuda va a estar en alrededor de $ 4.000 millones. El solo hecho de que ese pago sea superior a lo que se designa a Defensa, Seguridad, Educación, Salud o que sea superior al 40 % de las pensiones de la Seguridad Social, solo ese hecho indica que el Ecuador no puede sostener unas cuentas públicas con ese servicio de la deuda. Por eso es imperativo reducir el déficit y hacer crecer la economía a tasas elevadas ”, explica Carrera.
En su criterio, para generar más ingresos el Gobierno debe revisar el gasto tributario, reduciendo o eliminando excepciones y exoneraciones, además de enfrentar la reducción del gasto corriente que solo en sueldos supera los $ 10.000 millones anuales.
Otro aspecto fundamental, según Carrera, es reformar el sistema de pensiones y abrir las puertas a la inversión en sectores clave para la economía.
Sin cambios estructurales, es poco probable que haya inversión pública significativa. “En el Ecuador no hay ingreso que valga. Es un tonel sin fondo, vienen ingresos y todo se va en gasto corriente, no hay nada para la inversión”, apunta.
Es de esperarse que en la proforma 2026 se reflejen ingresos sobredimensionados y gastos que, de alguna manera, aseguren cumplir con disposiciones constitucionales en Salud y Educación, pero que en la práctica no aterrizan, como ya ha ocurrido en el pasado, comenta Rodrigo López, docente del Colegio de Economía de la Universidad San Francisco de Quito.
“La proforma se termina convirtiendo en un mero trámite administrativo para cerrar el año. No da luces a los actores económicos. No tenemos certeza de qué mismo se va a ejecutar y qué no, qué se espera realmente recibir y cuánto de eso se espera gastar”, agrega y señala que si bien habrá una “recomposición por el lado de los ingresos” el gasto no baja y el déficit seguirá alto.
“Con el afán de cumplir con la Constitución y las leyes, lo que hacen es inventarse o tener mecanismos sui géneris de ingresos ficticios y gastos ficticios“, explica.
Por ejemplo, según López, por el lado de los ingresos se suelen registrar concesiones de bloques petroleros, concesiones de empresas públicas o monetización (venta) de activos, iniciativas que en realidad no se han concretado en los últimos años.
La política fiscal es la principal herramienta de política económica que tiene el Gobierno y debe dar claridad.
López comenta que va a tomar tiempo para que los ingresos fiscales aumenten, con medidas como depurar el gasto tributario e incrementar la actividad de sectores estratégicos, mientras se ajusta el gasto para tener un equilibro saludable.
“Ecuador tiene un problema. Es que tenemos una sociedad en extremo complicada, que quiere más gastos, pero no quiere más ingresos”, opina el economista, al tiempo de sugerir que se requiere lograr institucionalizar un “dialogo social”, donde se acuerde que las rentas de actividades petroleras o mineras se traduzcan inmediatamente en obras y servicios para las poblaciones aledañas.
De acuerdo con las directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, la programación presupuestaria 2026-2029 y el presupuesto 2026 deberán priorizar la optimización del gasto público y las inversiones eficientes, siguiendo los límites de endeudamiento y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo “Ecuador no se detiene” 2025-2029. (I)