Un primer eje de discusión para el proyecto de Constitución que propone el presidente de la República, Daniel Noboa, es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no sea un prestador de salud y únicamente se dedique a garantizar el funcionamiento del sistema de pensiones.
Daniel Noboa busca el respaldo popular para que se aprueben cuatro preguntas de referéndum y una consulta que se votará el próximo 16 de noviembre.
La pregunta de consulta popular propone al elector instalar una Asamblea Constituyente que redacte un nuevo texto constitucional que tendría máximo 180 artículos, según anticipó el Presidente.
Ha preferido mantener bajo reserva cuál es el diseño de constitución que aspira que se escriba en el caso de que gane el sí a la pregunta y haya una legislatura constituyente.
Pero, la noche del jueves, comentó que los cambios se enfocarían en el sistema judicial, abrir los mercados a la empresa e inversión privada; y, en el ámbito de salud, para que el IESS no sea un prestador de salud, sino se dedique a las pensiones, siendo esta la primera vez que da detalles de lo que podría tratarse.
“(…) Orden, justicia, inversión y en el área de salud, que el seguro social no sea un prestador de salud, sino que eso sea del Ministerio de Salud Pública y que el seguro social se maneje de una manera profesional y que asegure a mediano y largo plazo el sistema de pensiones nacional”, puntualizó Noboa el 23 de octubre de 2025, en una entrevista en la cadena de noticias internacional CNN.
El miércoles anterior, en una entrevista radial, al ser consultado sobre la situación del IESS, el mandatario mencionó esta idea de que debería dejar de ser un prestador de salud, pero evitó dar más detalles, hasta conocer los resultados electorales que obtenga el 16 de noviembre.
En su plan de gobierno, que presentó al Consejo Nacional Electoral (CNE) para ser candidato a la Presidencia de la República en los comicios nacionales de 2025, no se menciona esta propuesta.
En el documento se enuncian acciones que favorezcan el equilibrio actuarial en la Seguridad Social, mejorando el modelo de gestión para “tener un manejo eficiente de los recursos, y así poder cubrir las necesidades de sus afiliados y beneficiarios”.
También la elaboración de un “plan para cumplir con las obligaciones que tiene el Estado con el IESS”; e impulsar un “reglamento que establezca normas y procedimientos generales a los conceptos enunciados en la Ley de Seguridad Social, que viabilice su desarrollo y aplicación; ya que, desde que se expidió la ley en el 2001 no se cuenta con este instrumento legal”, se observa en el plan de trabajo.
La Constitución actual concibe a sistema de seguridad social como “público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales”.
Este seguro obligatorio debe cubrir las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley.
Según información oficial, con cierre al 2024, el IESS cuenta con 3′808.136 afiliados activos; 848.180 pensionistas; y, 2′542.568 dependientes.
En tanto, el total de beneficiarios del sistema de salud ascendió a 7′198.884 personas, con 16′050.234 atenciones médicas; y, a través de los prestadores externos se dieron 467.845 atenciones médicas.
Esto requirió una inversión de más de $ 201′000.000.
El IESS durante el 2024, logró una recaudación total (cartera oportuna y cartera en mora) de alrededor de $ 10.000 millones y pagó $ 6.343 millones a los pensionistas.
Esta tesis de jefe de Estado tendrá opositores como respaldo.
Alberto Acosta Burneo, economista y editor de la revista Análisis Semanal, explica que esta será una discusión entre un servicio que se da para un grupo reducido de personas como son los afiliados de la Seguridad Social, versus un servicio universal.
“La salud, al final del día, no puede ser provista desde el sector público, solo para un grupo pequeño de afiliados porque el número de afiliados es una minoría en el Ecuador. La mayoría de trabajadores no son afiliados, nunca han sido afiliados y no serán afiliados. Entonces, el Estado debe concentrar sus esfuerzos en invertir en salud para todos, por eso considero que es positiva esta iniciativa de concentrar el servicio en el Ministerio de Salud para que las inversiones sean siempre una visión universal”, consideró Acosta.
De otro lado, el expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, cree que hay dos ejes de discusión en esta propuesta: la privatización o que la atención médica pase al Ministerio.
“Si dentro de esa opinión del Presidente está escondida la posible privatización del Seguro, para que sean los prestadores de salud los que asuman esta competencia, sería una privatización. O, será que el Ministerio de Salud Pública es el que va a prestar salud a los afiliados y jubilados”, comentó.
Álvarez pregunta, de llegar a ocurrir este escenario, qué pasará con los activos que tiene el IESS en sus hospitales, con las edificaciones y el personal que ahí trabaja y que han sido construidos con los recursos de los afiliados.
El médico cuestionó que la salud ha sido utilizada desde el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) de manera populista cuando “asumió la atención de los familiares de todos los afiliados, que no estaba presupuestada y que fue más de tinte político que técnico. Esto ocasionó el colapso del sistema de salud”.
Otra de las causas que han llevado al IESS a su crisis, es la corrupción, afirmó Llanes, para quien esta iniciativa se originaría en el Banco Mundial como una condición para la concesión de créditos.
“Es una propuesta despreciable, indignante. No se comprende que esto es algo que está metido en la médula de los trabajadores al igual que la prestación de jubilación”.
Fuente: El Universo
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