Un total de 142 aprehendidos, 81 de ellos con procesos penales en trámite, 59 dejados en libertad, 2 extranjeros deportados, 3 personas fallecidas y 12 figuras penales analizadas por la Fiscalía, a través de investigaciones previas e instrucciones fiscales, son los números que dejan los primeros 30 días de un paro nacional que fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), pero que se ha centrado en ciertos cantones de las provincias de Imbabura y Pichincha.
Leonardo Daniel A. G. es parte de esta lista, pues el lunes último, 20 de octubre, se le formularon cargos por el delito de ataque o resistencia. El ciudadano de 31 años fue detenido en una persecución en la zona de San Miguel del Común, en el extremo norte de Quito.
A él se le acusa de haber lanzado “cuatro botellas de vidrio incendiarias” (bombas molotov) contra personal policial que trataba de habilitar la vía principal y limpiar los escombros que estaban sobre la carretera.
Desde la tarde del lunes, a Leonardo Daniel A. G. se le abrió una instrucción fiscal de 30 días, en la que deberá cumplir la medida cautelar de presentación periódica tres veces por semana y tiene prohibido salir del país.
142 detenidos en acciones relacionadas con el paro
Datos del Ministerio del Interior actualizados revelan que entre la madrugada del 22 de septiembre, cuando arrancó el paro convocado por la dirigencia indígena, y el mediodía de este 21 de octubre han sido aprehendidas en el contexto de acciones violentas o ilegales relacionadas con las manifestaciones 142 personas: 132 ecuatorianos, 5 venezolanos, 3 colombianos, un argentino y un español. Entre los aprehendidos estuvieron 131 hombres y 11 mujeres.
Inicialmente once de estos detenidos con orden de prisión preventiva fueron llevados desde la cárcel de Ibarra a un Centro de Privación de la Libertad (CPL) en Esmeraldas y uno fue trasladado hasta el CPL de Manabí, en Portoviejo. Al momento once de ellos, quienes serían parte del pueblo kichwa Otavalo, han sido regresados a la cárcel de Ibarra y mantienen una apelación a la medida de prisión preventiva impuesta sobre ellos, acción que se evacua ante jueces anticorrupción, quienes han tomado en cuenta el “diálogo intercultural” para resolver.
El ataque a la caravana presidencial en El Tambo
Aunque no se tocaron cuestiones de fondo, es decir, si eran culpables o inocentes de las acciones violentas contra la caravana en la que viajaba el presidente Daniel Noboa, el 7 de octubre pasado, en el cantón El Tambo, en la provincia de Cañar, la jueza del cantón Azogues Érika Álvarez, el 8 de octubre pasado, resolvió que fue ilegal la aprehensión de María Ana Ch. Q., Jaime Arciviades G. G., Franklin Lorenzo P. P., José G. C. y Luis Humberto Y. G. y ordenó su inmediata libertad.
Más allá de lo decidido por la jueza Álvarez, la fiscal de la Unidot, Martha Villamarín, aseguró que la investigación previa abierta sobre los hechos continuará su marcha.
La Fiscalía pretendía formular cargos contra los cinco sospechosos por delito de ataque o resistencia en concurso real de infracciones con el delito de daño a bien ajeno.
“La Fiscalía deja sentado en esta audiencia lo acontecido y la dirección hecha por usted. Dejo sentado que esta decisión suya ha impedido activar el órgano jurisdiccional, sin embargo, la Fiscalía continuará con una investigación previa para que este caso no quede en la impunidad”, indicó la fiscal Villamarín.
El ataque a la caravana ocurrió en la mañana del 7 de octubre último en el cantón El Tambo (Cañar), adonde estaba previsto que llegara Noboa para entregar obras de alcantarillado. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, acudió la tarde de ese mismo martes a la Fiscalía General, en Quito, para denunciar una “tentativa de asesinato” contra el presidente Noboa.
Respecto a los dos primeros se analiza un fallecimiento por impacto de armas de fuego, mientras que sobre el fallecimiento de Paqui, mujer de 61 años de edad parte del pueblo kichwa de Saraguro, se investiga un paro cardiaco aparentemente provocado por la inhalación de gases lacrimógenos.
En estos tres hechos se estaría investigando tentativamente el delito de extralimitación de la ejecución de un acto de servicio y las indagaciones estarían en manos de la unidad especializada en el uso ilegítimo de la fuerza, creada en el 2023.
La Fiscalía investiga las muertes, las lesiones y las agresiones
El 15 de octubre pasado, a la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional, donde el correísmo tiene el control absoluto de la mesa, asistió el delegado de la Fiscalía, Jorge Baño. La mesa investiga los hechos de violencia ocurridos en Imbabura tras el paro convocado en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
En la comparecencia, Baño explicó que la Fiscalía, el último 14 de octubre, realizó el levantamiento de información respecto del hospital San Vicente de Paúl, en Ibarra, en donde se había hecho constar la presencia de catorce víctimas a partir de lesiones ya sea por arma de fuego o por objeto contundente.
El representante de la Fiscalía no solo dio a conocer los catorce nombres de las personas y sus casos sobre los cuales se habría abierto de oficio una investigación previa en la Unidad de Servicio de Atención Integral, sino también informó que se inició una investigación previa sobre agresiones a periodistas, como el caso de Santiago Gil, en el marco de las movilizaciones.
En el ámbito de las investigaciones previas, durante estos 30 días de paro se han abierto causas por delitos como tentativa de paralización de un servicio público, asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado,
Por ejemplo, se conoció que se han abierto investigaciones previas por enriquecimiento privado no justificado en contra de 61 personas, entre quienes está el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, dirigentes indígenas y sociales, el actual asambleísta de la Revolución Ciudadana por Morona Santiago, abogados y directores de fundaciones ambientalistas; y por tentativa de paralización de un servicio público contra dirigentes gremiales como Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT); el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe; Neri Padilla, titular de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE); y Gary Espinoza, integrante de la Fenocin.
En el primer caso se estarían investigando irregularidades que tienen que ver con el origen de recursos recibidos por los sospechosos en sus cuentas personales e institucionales; mientras, en el segundo caso se analizaría el respaldo público hecho por líderes gremiales a las acciones de paralización anunciadas por la Conaie.
Aunque no tiene nada que ver con los hechos ocurridos dentro del paro convocado, hace poco la Fiscalía de Azuay, dentro del contexto de enfrentamientos que vive el país, convocó a rendir su versión a cinco líderes sociales y defensores del agua como parte de una denuncia hecha por el delito de asociación ilícita. Aparentemente la investigación previa tendría relación con los hechos ocurridos por la defensa del agua en Quimsacocha y la movilización que se dio en Cuenca.
Entre quienes han sido llamados a rendir su versión el próximo 10 de noviembre están el excandidato presidencial Yaku Pérez y otros líderes de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay.
Fuente: El Universo
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