La situación que atraviesa el proyecto minero Loma Larga, localizado en Quimsacocha (Azuay), causa incertidumbre en la industria. Aunque la empresa Dundee Precious Metals (DPM) mantiene la concesión, el retiro de la licencia ambiental por parte del Gobierno despierta temores en el sector ante la posibilidad de que algo similar se replique en otros proyectos.
“La seguridad jurídica está comprometida y esto evidentemente preocupa a proyectos de largo plazo y gran calado. No es razonable que proyectos industriales estén al vaivén de decisiones políticas, más aún cuando ha sido el propio Gobierno el que ha ratificado el seguimiento completo y oportuno del proceso de licenciamiento ambiental del proyecto Loma Larga, al haber aprobado la licencia”, comentó un empresario que pidió la reserva de su identidad.
El Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) resolvió el 3 de octubre revocar la licencia ambiental de Loma Larga, que fue emitida en junio de 2025.
La decisión se sustentó en informes técnicos presentados por el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, que concluyen que el desarrollo del proyecto minero tendrá impactos ambientales negativos.
En la resolución se recoge que la autoridad ambiental nacional, en cumplimiento de la normativa vigente y respetando las competencias de gobiernos locales, actuó con base en los informes emitidos por los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de Azuay y de Cuenca, los cuales advierten una “posible afectación a los recursos hídricos, al riego y al consumo humano”.
Por tal razón, el Gobierno endosa a las autoridades locales la responsabilidad de las consecuencias legales que se deriven del retiro de la licencia ambiental.
Flavio Granizo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador (AIME), mencionó que la revocación de la licencia todavía necesita un proceso administrativo formal para ser efectiva, el cual incluye que la compañía minera presente sus descargos.
“El anuncio de revocatoria es un proceso administrativo. Cuando usted revoca un proceso administrativo, lo tiene que hacer de la misma manera. Y tiene que cumplir el proceso: la notificación, tiene que haber los argumentos técnicos, los argumentos legales, le notifican al infractor o al incumplidor, que obviamente él tiene el derecho de defenderse, de presentar descargos, etcétera. Y una vez que resuelva todo eso, califica y establece el recurso de revocatoria”, resumió.
Expresó su preocupación por la falta de seguridad jurídica que esta decisión representa para la industria minera, ya que puede sentar un precedente negativo para futuros proyectos e inversiones en el país.
Además, aclaró que existen condiciones específicas para la revocatoria y caducidad de concesiones mineras, como el incumplimiento de pagos y la calificación de daños ambientales.
Dundee Precious Metals (DOP) confirmó el lunes que fue notificada con la resolución ministerial e informó que evalúa todas las opciones para preservar el valor del proyecto y mantener la opcionalidad para sus accionistas.
Sin la licencia ambiental, la empresa no puede continuar con los trámites para que el proyecto avance a la fase de explotación, que implica la construcción de la mina y posteriormente la extracción de minerales para la comercialización.
El 30 de septiembre, tres días antes de que el MAE disponga la revocatoria de la licencia, DPM había anunciado los resultados actualizados del estudio de factibilidad, el cual estimó que las reservas minerales totales son de 12,6 millones de toneladas (Mt) con una ley de 4,7 gramos por tonelada (g/t) de oro, 28,6 g/t de plata y 0,29 % de cobre, lo que representa 1,9 millones de onzas de oro, 11,6 millones de onzas de plata y 80 millones de libras de cobre.
Según el estudio, la gestión del agua se centra en minimizar el uso de agua dulce y maximizar el reciclaje del agua de proceso.
El exviceministro de Minas Fernando Benalcázar considera que si Loma Larga se estanca podría repetirse el caso de la mina Río Blanco, que tras la salida de la industria al poco tiempo el territorio fue cooptado por la minería ilegal.
“Esta es la paradoja: al bloquear proyectos legales, transparentes, regulados y monitoreados, abren inadvertidamente la puerta a la ilegalidad, con consecuencias sociales y ambientales devastadoras. No se trata de elegir entre el desarrollo y el medioambiente, se trata de rechazar las falsas opciones y reconocer que la minería responsable es parte de la solución, mientras que la ilegalidad es innegablemente parte del problema, tal vez el mayor problema que enfrenta actualmente Ecuador”, opinó.
Las organizaciones sociales y grupos que se oponen a la minería en Azuay no están satisfechos con la revocatoria de la licencia ambiental a la empresa canadiense DPM, presionan para que el Gobierno le quite la concesión definitivamente.
Mientras, la máxima autoridad del Municipio de Cuenca sospecha que la resolución ministerial podría dar cabida a que la compañía resulte favorecida cuando acuda a instancias legales para revertir la decisión gubernamental y recuperar la licencia.
Por eso, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, promueve la creación de una comisión especializada que esté conformada por miembros de la academia, abogados y gremios profesionales, con el fin de revisar minuciosamente los detalles legales de la resolución del 3 de octubre.
“En sencillo, ¿se hizo con rigor y al tenor de la ley? O es un documento para favorecer a la minera cuando acuda a instancias legales y se lo bajen jurídicamente en dos chinches por no observar los procedimientos legales, ¿a propósito?“, criticó la autoridad.