El paro contra el gobierno de Daniel Noboa convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha sido más local que nacional. Y se ha concentrado, especialmente en la provincia de Imbabura, ubicada en la Sierra norte, donde está el 10,1 % de la población indígena de todo el país.
El rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y el incremento de su costo a $ 2,80 alcanza este sábado, 4 de octubre del 2025, su décimo tercer día con protestas de menor intensidad se vieron, además, en Pastaza, Sucumbíos, Bolívar, Cañar, Chimborazo y Azuay.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, anunció el pasado 18 de septiembre que se plegarían a un paro nacional para que el mandatario Daniel Noboa derogue el Decreto Ejecutivo 126, con el que suprimió el subsidio estatal al diésel; sin embargo, cuatro días después, la reacción social se enfocó en Imbabura.
Así está Imbabura
Según información del último censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2022, en Ecuador hay 13′122.337 personas que se autoidentifican como mestizas.
Asimismo, otras 3′421.552 se identifican con un pueblo o nacionalidad. Es así como 1′302.057 se autoidentifican como indígenas y 1′305.000 como montubias. Por su parte, 814.495 personas se identifican como afroecuatorianas y 395.097 como blancas.
El 10,1 % de la población indígena está, justamente, en Imbabura, que ocupa el tercer lugar luego de Pichincha, que tiene el 14,8 %, y de Chimborazo, que alcanza al 13,7 %. Las tres concentran la tercera parte de este grupo étnico.
En Imbabura, un 25 % de sus pobladores habla quichua. La pobreza alcanzó un 32,7 % y la tasa de analfabetismo es del 5,8 %.
Esta provincia se compone por seis cantones con 498.457 habitantes, que se autoidentifican como parte del pueblo kichwa de las nacionalidades de Natabuela, Otavalo, Kayambi, Karanki y afroecuatorianos que se ubican en el Chota, en los límites con Carchi.
En lo político, sus seis alcaldes y el prefecto son de las filas contrarias a la administración de Noboa.
Por el partido Avanza, Unidad Popular y alianzas locales, en Antonio Ante, su alcalde es César Escobar; en Ibarra está Álvaro Castillo, de Avanza; y Jomar Cevallos, de Cotacachi, electo con la alianza Vivir Bien.
Por el movimiento correísta de Revolución Ciudadana (RC) están los alcaldes Jorge Manrique en Urcuquí y Anabel Hermosa en Otavalo.
En Pimampiro su alcalde es Óscar Narváez, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE-Unidad por el Cambio).
La Prefectura está bajo la administración de Richard Calderón, que se candidatizó por la Revolución Ciudadana, organización política que también auspició su curul en la Asamblea Nacional entre el 2013 y el 2017.
En tanto, los rostros cercanos al presidente Daniel Noboa en esa provincia son el asambleísta independiente y exprefecto, Pablo Jurado, afín a la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN); y la gobernadora, que tiene menos de una semana en funciones, Elsy Maite.
Las razones de la protesta
Pacha Terán, excandidata a la Vicepresidencia de Ecuador en las elecciones nacionales de 2025 y oriunda de Peguche, asegura que no hay un hecho específico que explique por qué su provincia sostiene este paro. Agrega que en el movimiento indígena son ”orgánicos y respetuosos de las decisiones” de los dirigentes, en este caso la Conaie, precisa Terán.
Pero cuenta que a las comunidades les indignó la “represión del Estado” a través de las Fuerzas Armadas y la detención de doce otavaleños, a los que se los bautizó como los ‘12 de Otavalo’.
“Hemos tenido represiones desde el primer día (22 de septiembre), con doce detenidos trasladados a la cárcel de otra provincia, lejos de su lugar natal, lo que es ilegal y arbitrario. Es por eso que estamos pidiendo al presidente de la República que devuelva a nuestros compañeros como un sentido de humanidad y ahí empezar cualquier proceso de diálogo”, subrayó Terán.
El 22 de septiembre fue el primer día de las acciones con cierres de carreteras, que terminaron en violentas confrontaciones con la fuerza pública y entre los daños se quemaron el cuartel de la Policía Nacional de Otavalo y varios vehículos.
Se detuvo a doce personas, a quienes se las investiga por terrorismo; y de ellas, a once hombres se les dictó prisión preventiva, y a una mujer, presentación periódica.
En el séptimo día del paro se registró la muerte del manifestante Luis Efraín Fuérez, oriundo del cantón Cotacachi.
En respuesta, otros activistas retuvieron a soldados de las Fuerzas Armadas y comuneros los “rescataron”, según la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (Unorcac).
Fuentes del movimiento relatan que, incluso, delegados del presidente habrían condicionado la entrega de los doce otavaleños a que levanten el paro.
Otra lideresa del pueblo quichua, que no quiere revelar su nombre, comenta que las acciones de las comunidades de Imbabura simplemente están cumpliendo con el mandato de la Conaie para insistir en que se derogue el decreto 126, porque el incremento del precio al diésel afecta a sus economías.
Pero también dice que están resentidos porque el jefe de Estado haya llegado hasta Otavalo, el pasado 24 de septiembre, a despachar y a participar en actividades oficiales, y que en su discurso los calificara como criminales y los vinculara al crimen organizado. Esto se interpretó como una provocación.
Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, la mayoría de los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas que han podido verificar están en Imbabura.
El colectivo informó que han recibido 400 reportes de posibles violaciones de derechos humanos. De estos, 183 están verificados: 90 de ellos habrían ocurrido en Imbabura; 41 en Pichincha, y 12 en Cotopaxi y Azuay, cada uno.
Algunas manifestantes incluso anunciaron que el fin de semana regresarían a sus territorios para reorganizarse y definir las próximas acciones de protesta.
Fuente: El Universo
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