El paro continuará, aunque con un rumbo incierto, mientras los líderes indígenas y rostros visibles de esta reacción social en contra del aumento del precio del diésel van sumando procesos judiciales por delitos relacionados con terrorismo y hasta enriquecimiento privado no justificado que les abrió en las últimas horas la Fiscalía General del Estado.
Tras seis días de protestas localizadas con cierres de carreteras, enfrentamientos con la Policía Nacional que han dejado hasta ahora unos 90 detenidos y pérdidas económicas, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, se concentró en su natal Pastaza luego de convocar al paro nacional para rechazar la eliminación al subsidio al diésel, cuyo efecto fue el aumento del precio del galón a $ 2,80.
Marlon Vargas es la cara manifiesta del paro y es dirigente de la nacionalidad achuar de Pastaza. Lleva apenas dos meses al frente de la Conaie.
El 18 de septiembre, junto con sus coidearios de las organizaciones de base, anunció esta medida a nivel nacional para rechazar el Decreto Ejecutivo 126, con el que el presidente de la República, Daniel Noboa, puso fin a la compensación estatal.
La determinación del Palacio de Gobierno tomó por sorpresa al movimiento indígena que ha sido protagonista de dos paros: en el 2019 y 2022, también para rechazar la eliminación de los subsidios a los combustibles y que acorralaron a los exmandatarios Lenín Moreno y Guillermo Lasso, respectivamente, que dieron marcha atrás en sus medidas por la escalada de violencia y las pérdidas económicas.
Fue en Riobamba (Chimborazo), este 18 de septiembre, que deliberaron sobre esta respuesta al Gobierno Vargas y los presidentes de las tres regionales: José Esach, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae); Alberto Ainaguano, de la Ecuarunari; y Jairo Canticus, de la Confederación de Nacionalidades de la Costa (Conaice).
Pese al llamado inmediato e indefinido, los dirigentes se retiraron a sus comunidades, mientras el Gobierno esperaba la reacción social.
El jefe de Estado cambió la sede de Gobierno de Quito a Cotopaxi y el 22 de septiembre la paralización mostró sus primeras acciones, con cierres de carreteras en el límite entre Pichincha e Imbabura.
Pero recién el martes Marlon Vargas se dejó ver en una declaración de prensa en Puyo (Pastaza) con líderes de pueblos y nacionalidades de la región, en la que exigieron a Noboa que derogue el decreto ejecutivo.
Desde ese día permaneció en esa ciudad, y desde allí —a través de mensajes en video posteados en las redes sociales— ha pedido a las bases sostener sus acciones de protesta e invitó a otros sectores a adherirse a ellas.
En las últimas horas, Vargas aclaró que la medida “continúa” e instó a Noboa a que derogue el Decreto Ejecutivo 126.
Antes de la Conaie, fue presidente de la Confeniae y de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), que acompañó los paros que se hicieron en el 2019 y 2022.
En la actual conflictividad social, el dirigente achuar se apoya en José Esach, presidente de la Confeniae, que también lo empujó para llegar a la presidencia de la Conaie en el VIII congreso nacional que se realizó en julio pasado, mientras disputaba el cargo con Leonidas Iza Salazar, expresidente del movimiento.
Esach también apoyó la candidatura de Daniel Noboa en los comicios nacionales de abril pasado y motivó sus coidearios a votar por él, aunque en la víspera lamentó haberlo hecho.
Líder amazónico de la nacionalidad shuar de Morona Santiago, es un activista y defensor ambiental que en el 2016, durante el gobierno de Rafael Correa, fue integrado a la lista de los “más buscados” por confrontaciones que se produjeron con la fuerza pública en contra de la explotación minera.
De esta línea dirigencial es parte también Luis Canelo, presidente de la nacionalidad quichua de Pastaza (Pakkiru), quien es parte de otras organizaciones de la sociedad civil.
Canelo se quedó al mando de las manifestaciones en Pastaza desde la noche del 26 de septiembre, una vez que Marlon Vargas se trasladó a Otavalo (Imbabura), centro de las protestas, que dieron como resultado la detención de doce indígenas quichuas que son sospechosos de terrorismo y cumplen prisión preventiva en la cárcel El Rodeo de Manabí.
El viernes, al terminar la tarde, la Conaie posteó en sus cuentas de redes sociales que Marlon Vargas llegó a Otavalo.
Previamente, pasó por la Sierra-centro y se reunió con Rafael Negrete, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), de oposición al régimen.
Rafael Negrete es parte de la organización indígena de Saquisilí (Jatarishun) y cercano al expresidente de la Conaie Leonidas Iza.
Justamente Leonidas Iza, reconocido por ser un líder enérgico de Cotopaxi, enfrenta varios procesos de investigación abiertos por la Fiscalía General, por lo que en estos días usa las redes sociales para difundir sus opiniones sobre la protesta social.
Ha preferido la prudencia a presentarse en las calles para ser parte de las manifestaciones junto con sus compañeros del MICC, pues se lo investiga por el delito de secuestro tras la retención de un grupo de uniformados que fueron descubiertos mientras lo seguían como parte de actividades de inteligencia y contrainteligencia.
En Ambato (Tungurahua) se activó por varias horas un grupo de manifestantes agrupados en el Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT) y el Movimiento Indígena de Tungurahua sede Atocha (MITA) para exigir la derogatoria del paro.
Lo hicieron en rechazo a la visita que hizo el presidente Daniel Noboa a esa ciudad el miércoles pasado, para cumplir actos oficiales de entrega de beneficios a agricultores y comuneros.
En la provincia de Chimborazo, el llamado al paro no tuvo impacto, tomando en cuenta que el presidente de la Confederación de Indígenas de Chimborazo (Comich), Fernando Guamán, es cercano a Noboa.
Incluso, en las elecciones presidenciales de segunda vuelta de abril, Guamán promovió en las comunidades votar por él a la Presidencia.
En la Sierra-sur, en Cuenca (Azuay), sus habitantes fueron protagonistas de una multitudinaria marcha, pero en defensa del agua.
Yaku Pérez, excandidato presidencial, es parte de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), la cual, aunque no se articuló directamente a apoyar el paro nacional, sí se movilizó para rechazar la concesión minera en Quimsacocha.
Para apoyar las medidas de hecho en el norte del país, se trasladó el presidente de la Ecuarunari, Alberto Ainaguano, ingeniero graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), que se encuentra en la zona de Otavalo y defiende la reacción social ante el incremento del precio del diésel.
Junto con él y Vargas está Ercilia Castañeda, abogada y vicepresidenta de la Conaie, lideresa quichua de Imbabura, quien incluso participó en la audiencia de formulación de cargos en contra de los “doce de Otavalo” para pedir la liberación de los sospechosos.
Las caras de las protestas en Quito
Se trata de Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE); Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT); Gary Espinoza, de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocín), que salieron a las calles días atrás, aunque la Fiscalía inició investigaciones en su contra por el delito de tentativa de paralización de un servicio público.
La actuación de estos dirigentes indígenas y sociales está en análisis de las autoridades, ya que la Fiscalía de Delincuencia Organizada investiga un delito de enriquecimiento ilícito no justificado a Vargas, Negrete, Ainaguano, Esach, Canelos y otros 50 activistas de organizaciones no gubernamentales.
Fuente: El Universo
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