La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, a través de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD), realizaron este jueves un operativo en los estadios donde se disputaban los encuentros Gualaceo S.C. vs San Antonio, en Azuay, y Vargas Torres vs Chacaritas, en Santo Domingo de los Tsáchilas.
La diligencia forma parte de una investigación por delincuencia organizada con fines de extorsión, que indaga la presunta infiltración de grupos criminales en el fútbol profesional ecuatoriano. Como parte del procedimiento, las autoridades recabaron información a través de los teléfonos celulares de dirigentes, jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos clubes. Fuentes cercanas al proceso aclararon que esta medida no implica que los involucrados formen parte de estructuras delictivas, sino que busca obtener evidencia que permita entender cómo operan las mafias e incluso identificar posibles víctimas de amenazas o presiones.
EL MECANISMO DELICTIVO
Según las investigaciones, organizaciones criminales habrían encontrado en el fútbol una plataforma para sostener economías ilícitas. El esquema consiste en manipular resultados deportivos mediante intimidación o sobornos a jugadores y directivos, y posteriormente colocar apuestas en mercados nacionales e internacionales.
Especialistas subrayan que este fenómeno no convierte en responsables a las plataformas de pronósticos deportivos reguladas, que en muchos casos son también víctimas de este abuso. Los grupos criminales se aprovechan de estos sistemas para concretar sus operaciones, lo que evidencia la necesidad de una regulación moderna y diferenciada, que proteja a los operadores serios y cierre espacios a las redes ilegales.
ANTECEDENTES Y REACCIONES
Durante años, la manipulación de partidos se percibió como un delito invisible, una tierra de nadie dentro del fútbol ecuatoriano. Sin embargo, la acumulación de hechos recientes —procesos disciplinarios abiertos por la LigaPro, amenazas graves contra jugadores e incluso asesinatos que han sacudido al deporte nacional— encendió las alarmas y dejó en evidencia la magnitud del problema.
La existencia de un ente técnico como LigaPro, que desde su Dirección de Integridad ha sancionado disciplinariamente y socializado este fenómeno, también ha facilitado que las autoridades comprendan la urgencia de actuar y de impulsar reformas legales.
En este contexto, el operativo ejecutado este 25 de septiembre marca un punto de inflexión. Analistas consideran que se trata de una reacción rápida, oportuna y positiva de Fiscalía y Policía, que no solo responde a una realidad que agobiaba al fútbol desde hace años, sino que sienta las bases para avanzar hacia soluciones estructurales.
Más allá del combate directo a las mafias, este paso abre el debate sobre la necesidad de regular adecuadamente industrias como la de los pronósticos deportivos y de aprobar reformas legislativas que tipifiquen la manipulación de partidos como delito autónomo. Para diversos sectores, la Asamblea Nacional debería tomar este operativo como un detonante para acelerar el debate y convocar de inmediato a LigaPro y a expertos a discutir la propuesta en curso.
UN TRIUNFO INSTITUCIONAL
El operativo envía un mensaje claro: el fútbol ecuatoriano ya no está abandonado a su suerte. La coordinación entre Fiscalía, Policía y actores técnicos del deporte demuestra que sí es posible enfrentar a las mafias que buscan infiltrarse en el balompié. Lo que antes parecía invisible hoy empieza a ser combatido con firmeza, en lo que se percibe como un triunfo institucional en defensa de la integridad del deporte y de la seguridad ciudadana.(D)