El paro nacional convocado por varios movimientos sociales en contra del gobierno de Daniel Noboa tendrá a la guardia indígena como una fuerza de choque que se activa para proteger sus territorios, a los líderes y manifestantes que saldrán a las calles a expresar su descontento.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) inició una jornada de manifestaciones anti-Gobierno para exigir la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126, suscrito por el presidente de la República, Daniel Noboa, con el que dispuso la eliminación del subsidio al diésel desde el 12 de septiembre de 2025.
La organización indígena se reunió en una asamblea extraordinaria el 18 de septiembre para definir una postura frente a las medidas económicas presidenciales y que se plasmó en una resolución de diez puntos. En una de ellas declara el estado de excepción comunitario y se llama a “activar a las guardias comunitarias para la protección de sus pueblos”, lo que implica a su vez “prohibir el ingreso de la fuerza pública” a sus comunidades.
Esta medida de hecho, a la que se declaró “inmediata e indefinida”, será la tercera paralización que protagoniza la Conaie en los últimos años y con una misma motivación: rechazar la eliminación de los subsidios a los combustibles.
La guardia indígena es para los pueblos y nacionalidades que integran la Conaie una “estrategia de resistencia milenaria, colectiva y civil para defender la vida frente a las amenazas a sus territorios”, precisa su mandato, expedido en el 2022.
Este mecanismo se visibilizó durante el paro del 2019 en el régimen de Lenín Moreno, en protesta por la eliminación de los subsidios a los derivados de petróleo.
En ese entonces, la concentración de las bases se dio en el ágora de la Casa de la Cultura, en Quito, y los guardias tenían como misión evitar la “infiltración” de miembros de la fuerza pública, controlar y vigilar a los representantes de medios de comunicación y también estar en primera línea para enfrentar a la Policía Nacional.
Su protagonismo creció en junio del 2022, cuando se produjo una segunda paralización, pero en contra del exmandatario Guillermo Lasso, quien resolvió liberar los precios de los combustibles.
En ese espacio de tiempo transcurría la presidencia de Leonidas Iza en la Confederación y estos equipos de seguridad lo acompañaban y protegían.
Fue así como en septiembre de 2022, la Conaie expidió un mandato de la guardia indígena, que reconoce su existencia como un derecho constitucional a la libre determinación y de resistencia ante los actores externos.
La guardia indígena se define como un mecanismo ancestral, legítimo, de lucha, de vigilancia, protección y defensa de los territorios.
Sus integrantes —en su mayoría jóvenes— usan un bastón, la lanza y el atzial como símbolo de su función e incorporaron escudos de metal para protegerse de las bombas lacrimógenas y los toletes.
Rechazan que se los relacione con el “terrorismo o narcotráfico”, ya que ese argumento busca “estigmatizarlos”, señala el mandato.
Como parte de sus tareas, deben defender los derechos colectivos: territoriales, comunitarios y de la naturaleza; y “vigilar el cumplimiento de obligaciones del Gobierno nacional en conjunto con las organizaciones indígenas”.
Se definen como los “cuidadores y defensores de los derechos de nacionalidades y pueblos indígenas”.
Estos guardianes están para proteger a sus pares de las acciones del Estado, de la delincuencia, de la extracción petrolera y minera que ronda sus límites territoriales, explicó Luis Canelos, líder de la nacionalidad pakkiru de la Amazonía ecuatoriana, en un comunicado público difundido en abril de 2024, en el que se exaltó la consolidación de estos grupos y en respuesta a críticas de que son grupos armados o terroristas.
Los guardias provienen de cada una de las regionales de la Conaie, como son la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae), la Confederación de Nacionalidades de la Costa (Conaice) y la Ecuarunari.
Recientemente se los vio resguardar el VIII congreso de la Conaie de julio pasado, en el que se renovó el Consejo de Gobierno con la elección de Marlon Vargas Santi como presidente, en reemplazo de Leonidas Iza.
Para identificarse lucen chalecos reflectivos, lanzas o bastones y se ubican de lado a lado con largos palos o sogas para restringir el ingreso de extraños, sobre todo de periodistas.
Frente a los anuncios del movimiento indígena, el presidente Daniel Noboa advirtió que quienes irrumpan con actos violentos serán detenidos por las autoridades y denunciados por el delito de terrorismo.
Fuente: El Universo