El gobierno de Daniel Noboa destinó más de $ 36 millones de los contribuyentes para cubrir el gasto por la rebaja del 50 % en las planillas de luz de los ecuatorianos que dio como “compensación” por los apagones que se registraron en abril de 2024.
Para recompensar a la población por los cortes de luz que se registraron en abril del año anterior, Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 260 del 8 de mayo, ordenó una rebaja del 50 % del valor de las planillas para los sitios residenciales del Ecuador.
Dispuso al Ministerio de Energía y Minas que busque el dinero para cubrir la “compensación” este último lo que hizo fue pedir un incremento de presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas por $ 36′452.623, que fueron transferidos a las empresas distribuidoras de energía eléctrica.
¿De dónde vino el dinero? Los recursos provinieron del aumento al impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 15 % que está vigente desde el 1 de abril de 2024.
Este incremento del IVA fue una medida que se incluyó en la ley para enfrentar el conflicto armado, la crisis social y económica que entró en vigor por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa, como parte de una serie de medidas para ‘financiar’ la movilización de las Fuerzas Armadas contra los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).
Esta alza tributaria generó ingresos por $ 9.767 millones, según información del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Los datos oficiales muestran que en el 2024 hubo una recaudación total (de todos los impuestos existentes en el Ecuador) por los $ 20.131 millones.
De ese total, lo obtenido únicamente por efectos del incremento del IVA del 12 % al 15 % desde el 1 de abril de 2024, fue $ 9.767 millones.
De este último valor, el régimen destinó los $ 36 para pagar la subvención del 50 % en las planillas de electricidad.
Para lo que resta de este 2025, el Ministerio descarta que se produzcan cortes energéticos similares a los del año anterior, porque en las últimas semanas ha llovido y por la gestión con sectores públicos y privados afines para la generación electrica.
¿En qué más se gastaron los recursos del IVA en los primeros cuatro meses de aplicación de la ley para enfrentar el conflicto armado?
Un informe de la Presidencia de la República detalla que hasta el 24 de agosto del 2024, hubo una asignación del Presupuesto General del Estado de $ 266′236.815 para varias instituciones gubernamentales que demandaron recursos para financiar los gastos por la movilización de la fuerza pública para confrontar al crimen organizado.
En el caso de la Policía Nacional requirieron $ 473.000 para vehículos tácticos, equipamiento digital para el denominado Plan Fénix, que Noboa ofreció en la campaña electoral para llegar a la Presidencia en ese año.
Otros $ 198 millones fueron para pagar el ‘rancho’ (comida diaria) de los uniformados y, hubo un incremento de presupuesto por los $4′268.898.
Este valor sirvió para pagar servicios de telecomunicaciones y mantenimiento de las unidades de vigilancia comunitaria de la Policía Nacional y de las de Vigilancia Comunitaria.
El Ministerio de Defensa requirió $ 133′667.895 para el pago del ‘rancho’ (alimentos) y para la recuperación del buque Tac Piyung Pan que donó la Guardia Costera de Corea a la Armada Nacional.
Aunque no se precisaron los montos, también se destinaron recursos para comprar 31.416 cascos y chalecos para el personal.
Otros $ 4′300.000 sirvieron para los convenios en materia de seguridad con la compra de campamentos móviles, mosquiteros, ponchos de agua, carpas, mochilas, cinturones de campana, pistoleras con musleras, lockers metálicos y colchones.
Para la Casa Militar Presidencial se usaron recursos para el servicio de mantenimiento para la “inspección calendaria HU192″, para boletines de servicio, directivas de aeronavegabilidad y reparación de daños ocultos del avión destinado para el uso del presidente de la República, el Legacy 600.
También para costear los viáticos al interior y exterior para el personal del Grupo de Protección Presidencial.
Otros $ 20’000.000 fueron para el Centro de Inteligencia Estratégico (CIES), aunque se desconoce qué se hizo con estos valores.
La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) también pidió recursos, aunque en el informe no se refiere el monto. Solo se informa que se requería para pagar por “cuatro partidas de nombramiento y diez contratos para repotenciar la actividad misional” de esta entidad.
El Ministerio del Interior solicitó $ 29′264.420 para pagar servicios básicos, servicio de internet para las UPC y UVC y de otras dependencias de control.
Se habían comprado 75 portables corporativas y se contactó a especialistas para diseño de la estructura orgánica del ministerio del Interior.
Entre estos, para crear cuatro cargos del nivel jerárquico superior, 20 contratos de servicios ocasionales para cuatros direcciones: como la de coactivas, protección interna, asistencia técnica y seguridad pública.
Se compraron kits de trajes antiexplosivos nucleares, radiológicos, biológicos, químicos y accesorios para el Grupo de Intervención y Rescate (GIR).
Unas 3.779 baterías; 1.781 terminales de radio de comunicación tipo portátil; 1.850 cascos de protección balística; 2.922 cascos de protección balística Mitch, 25 carros blindados SUV para la Dirección Nacional de Seguridad y Protección del Eje de Inteligencia y otros quince carros tácticos ligeros, señala un reporte del Gobierno del año anterior.
El Servicio Nacional de Atención a personas privadas de la libertad (SNAI) también recibió presupuesto, pero no se precisa cuánto.
El informe narra que como parte de la construcción de la cárcel de Santa Elena, se asignó dinero para contratar personal, comprar pasajes, viáticos, inspecciones técnicas y fiscalización de obras. (I)