El proyecto minero Loma Larga da un nuevo giro. El Gobierno central exhortó al Municipio de Cuenca y a la Prefectura del Azuay a presentar los informes de riesgos de afectación, pero también a asumir la responsabilidad que desencadenarían los problemas a futuro.
Esto ha generado cuestionamientos en los gobiernos locales involucrados, así como en las organizaciones, que piden se declare la caducidad de todas las concesiones debido a los riesgos, entre ellos, la contaminación del agua. Sin embargo, también hay quienes respaldan el proyecto y lo ven como una herramienta para combatir la minería ilegal.
El proyecto Loma Larga está ubicado en la provincia de Azuay, a 30 kilómetros aproximadamente en el suroeste de Cuenca. Lo adquirió la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) en el 2021.
La disposición del Gobierno fue emitida a través de un comunicado, el 11 de septiembre, y al día siguiente -el 12- el mandatario lo ratificó. “Les dijimos (al Municipio y a la Prefectura): Ustedes tienen unos informes que dicen que esto se contamina, hay sentencia de Corte y los informes, entonces para no acatar la sentencia de la Corte, sustenten y responsabilícense por los informes y se tira abajo el proyecto, así de sencillo; nosotros no nos vamos a poner del lado de la posible contaminación, pero también hay que comunicarle a la gente la realidad”, dijo Noboa en la estación radial La Suprema.
Según Noboa, incluso el tema ha retrasado la firma del acuerdo comercial con Canadá.
Al ser consultado si hay una alta probabilidad de que no se dé el proyecto, Noboa respondió: “Altísima, pero también hay una probabilidad de que haya problemas a futuro, yo no voy a seguir con este proyecto, es más, por eso está el comunicado oficial. Señores municipio y Prefectura, háganse cargo ustedes, enseñen sus informes, pero si el día de mañana tienen que ir a la Corte de Arbitraje de Londres a pelearse con Dundee tienen que sustentar sus informes…”.
El prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, también respondió al comunicado gubernamental. Citando los artículos 313 y 226 de la Constitución y 166 del Código Orgánico del Ambiente, dijo que es competencia, deberes, facultades y atribuciones del Gobierno central tomar las decisiones frente a los actos administrativos emitidos, como la licencia ambiental en Quimsacocha.
Sin embargo, indicó que como prefecto y la Prefectura “no sacará el cuerpo frente a la defensa legítima del agua, de la vida” y los páramos.
Lloret añadió que incluso antes del comunicado del Ejecutivo, remitió con oportunidad informes técnicos que dan cuenta del peligro de lo que significa la explotación minera en Quimsacocha. “Si es necesario estamos dispuestos a fortalecer y a incorporar más criterios técnicos que den cuenta de la legítima defensa del Azuay y de Cuenca frente a la explotación minera”, dijo.
Un criterio similar expuso Sigcha, quien añadió que no solo la organización que representa advierte de los riesgos, sino que lo afirman estudios técnicos y científicos nacionales e internacionales, así como colegios profesionales, universidades, sectores turístico y alimentación, incluso Solca.
“Han demostrado fehacientemente que esos territorios antes que ser minas de oro, son de arsénico, que está en la parte alta, eso son nuestras despensas de agua… No es un capricho de un grupo, es el interés y el desafío de toda la provincia, incluso de otras provincias que muestran con agrado toda esta lucha”, señaló.
El economista Alberto Acosta Burneo opina lo contrario y considera que se aplica la misma estrategia de siempre: catastrofizar las consecuencias e ignorar los beneficios. “Lo hicieron con el Yasuní ITT. En minería repitieron el libreto en Buenos Aires y Río Blanco entregando esos territorios a la minería ilegal. Ahora apunta contra Loma Larga”, sostuvo.
Dice que se pretende imponer la gran mentira de que la minería siempre contamina y mata. “Nada más falso: la minería legal y regulada es la mejor herramienta para combatir la minería ilegal que sí destruye bosques y ríos, envenena comunidades y no deja un solo beneficio en el país”.
Añadió que apenas el 8 % del territorio ha sido explotado, mientras que el 92 % restante sigue sin descubrirse. “De cada 1.000 proyectos de exploración solo tres llegan a ser minas, mientras que en Chile y Argentina simplifican trámites y atraen inversión, Ecuador sigue atrapado en la tramitología y la incertidumbre. Así, en lugar de generar riqueza, optamos por espantar el capital”, enfatizó.
Dundee Precious Metals indicó que la corporación está analizando todas las posturas que se han dado y apenas tengan un comunicado oficial se pronunciarán.
Intento de desmovilizar y acusaciones
Para Sigcha, lo declarado por el Ejecutivo también es un intento para desmovilizar a Cuenca, porque está prevista una marcha el próximo 16 de septiembre, que junto con otras acciones buscan la caducidad del proyecto Loma Larga y de todas las concesiones y de esta manera la empresa canadiense abandone el campamento, que se prohíba cualquier tipo de explotación en esos territorios y la revocatoria de la licencia ambiental. “No es solo Loma Larga, hay 45.000 hectáreas más que están en concesión para la misma empresa”, dijo.
Incluso el dirigente considera que debe darse un cambio de titular en el Ministerio del Ambiente y Energía. “La ministra Inés Manzano cometió gravísimas irregularidades al otorgar una licencia que estaba todavía en proceso de acción de protección y que los jueces aún no han dado el dictamen definitivo en torno a las medidas reparatorias”.
Lloret señaló que creen que en el Ministerio del Ambiente, en Quito, existen funcionarios con claros intereses propios para favorecer a la minera. “Tanto es así que se emite una licencia ambiental con una serie de irregularidades, incumpliendo no solo la ley, sino la disposición judicial, y aquí existen razones suficientes conforme los artículos 104 y 106 del Código Orgánico Administrativo para revocar esa licencia ambiental”, afirmó.
Fuente: El Universo
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