El texto defiende “que estos argumentos justifican el juicio político ante el Pleno de la Asamblea Nacional, al tratarse de una infracción que afecta de forma directa la independencia, imparcialidad y legalidad del órgano de control (CPCCS)”.

Tras la aprobación del informe en la Comisión de Fiscalización, el presidente de la legislatura, Niels Olsen, tiene un plazo de cinco días para convocar al pleno a la sesión en la que se desarrollará el juicio político contra Albán.

El proceso

El solicitante del juicio acusó a Albán de incumplimiento de funciones y como pruebas presentó certificaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el voto salvado de la exjueza del TCE Mónica Guaicha, donde se hace un estudio con respecto a una presunta adherencia del hoy acusado, con el movimiento Mover, cuando se postuló como candidato por CPCCS.

Por su parte, Gonzalo Albán, durante la etapa de presentación de pruebas, dijo que el proceso que pretende aplicarle la Asamblea no es un juicio político, sino un despropósito constitucional, porque quieren sancionar a un consejero por supuestos hechos anteriores al ejercicio del cargo. Por lo tanto, el Parlamento es incompetente en razón del tiempo para iniciar un proceso de juicio.

Que el juicio político procede única y exclusivamente por incumplimiento de funciones; por lo tanto, preguntó: ¿qué función podría incumplir si todavía no había asumido el cargo? Albán asumió el cargo en enero de 2025 y la acusación que se presenta son por hechos supuestamente cometidos en el 2022-2023. 

Fuente: El Universo

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