Un grupo de comunidades waorani rechazó este lunes, 8 de septiembre de 2025, los señalamientos que vinculan a miembros de la nacionalidad con la minería ilegal y lamentaron la falta de respuesta del Gobierno frente a lo que ocurre en el Parque Nacional Yasuní.
El presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), Juan Bay, y varios líderes se pronunciaron en una rueda de prensa en Quito, en donde señalaron que desde 2023 realizan labores de monitoreo y contención frente a grupos de delincuencia organizada que intentan ingresar a sus territorios.
«No somos mineros (…) La minería ilegal accede al territorio con la misma dinámica que la legal (…) llegan a una comunidad y sobornan a las comunidades por falta de conocimiento. No es un error de los waorani, es falta de presencia del Estado ecuatoriano», señaló Bay.
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Las declaraciones se producen tras revelarse una denuncia emitida por un guardaparque del Parque Nacional Yasuní ante el Ministerio de Ambiente y Minas, sobre una presunta participación de indígenas waorani en actividades de minería ilegal.
En concreto, la denuncia desvelada por medios locales, indicaba que los mineros ilegales supuestamente accedieron al territorio con una excavadora gracias a la presunta ayuda de los waorani.
Por ello, instaron al presidente Daniel Noboa a acudir a territorio waorani (en las provincias amazónicas de Pastaza, Napo y Orellana) para trabajar de la mano y garantizar un territorio libre de petróleo, minería y tala ilegal de madera, explicó Bay.
Marlon Vargas, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, reiteró en la rueda de prensa que las actividades extractivas, legales e ilegales, solo dejaron contaminación en el territorio.
Advirtió que si se continuaban «violando los territorios de las comunidades», la Conaie convocará una Asamblea de carácter urgente para tomar decisiones concretas, como por ejemplo, realizar un paro nacional contra la explotación minera.
Imagen referencial del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía de Ecuador.Sitio web Ministerio de Turismo.
Actividad del crimen organizado
María José Andrade, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), hizo hincapié en que la responsabilidad sobre el ingreso de mineros ilegales al territorio waorani no puede recaer sobre la población local porque el problema radica «en las fuerzas externas», como el crimen organizado.
De hecho, y aunque reconoció que existen varios grupos que utilizan la Amazonía como zona de tránsito, recordó que la única banda -según el Gobierno- de cuya presencia se tiene constancia en territorio indígena son ‘Los Choneros’, que recientemente fue catalogada de organización terrorista por Estados Unidos.
«La minería ilegal es solo una fachada para hacer un lavado de dinero de todo el flujo económico que genera el narcotráfico».
María José Andrade, vicepresidenta de la Confeniae
No obstante, Bay recalcó que, en caso de localizar a algún miembro waorani que hubiese participado en esos temas, sería sancionado y expulsado de la comunidad.
Dirigentes waorani en una rueda de prensa en Quito, el 8 de septiembre de 2025.API
Cumplir con la consulta del 2023
El 20 de agosto de 2023 se celebró una consulta popular en la que se decidió, con un 58,95 % de votos, el cierre de los pozos petroleros del Bloque 43-ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) del Parque Nacional Yasuní, donde habitan los waorani.
En mayo de 2024, el presidente Noboa creó un comité para avanzar hacia el desmantelamiento del Bloque 43-ITT, y en agosto anunció el cierre del primero de los 247 pozos de petróleo, un proceso que planea finalizar en un plazo de cinco años.
Sin embargo, las organizaciones indígenas llevan desde entonces denunciando que el plan está estancado y que -en su opinión- no existe intención real de paralizar el proyecto.
En opinión de Bay, en todo este tiempo, no ha habido voluntad del Gobierno nacional de atender a las demandas de la población; lo que genera desconfianza en las administraciones, dijo.
«Las decisiones del pueblo ecuatoriano que tomamos en consultas populares no se respetan», se lamentó Vargas.
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