Dos semanas le quedan de plazo al Consejo Nacional Electoral (CNE) para convocar a referéndum respecto de la única pregunta que superó los filtros constitucionales, como es la posibilidad de que se permita la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
Es decir, el gobierno de Daniel Noboa y el CNE están contra el tiempo para que —a este proceso electoral obligatorio— se sumen otras tres preguntas a las que les falta revisar la constitucionalidad de la convocatoria a referéndum.
Según los cálculos del primer mandatario, el próximo 30 de noviembre el electorado volverá a las urnas para pronunciarse sobre cambios constitucionales y legales.
En una entrevista con la estación televisiva Univisión, Noboa afirmó: El 30 de noviembre “tendremos un referéndum” en el que los ecuatorianos tendrán que decidir si aceptan que en territorio nacional se instalen bases militares extranjeras para el combate al narcotráfico y el crimen organizado.
La consulta dice: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?
Esta pregunta reforma el artículo 5 de la Constitución y se aprobó en la Asamblea Nacional al ser una reforma parcial, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 442.
El 7 de agosto de 2025, la CC emitió su dictamen de constitucionalidad de la convocatoria a referéndum al constatar que se respeta la garantía plena de la libertad y de los electores, en las cargas de “claridad y lealtad” y dispuso que el CNE proceda conforme a los procedimientos legales.
Es decir, según el artículo 442, sobre la reforma parcial que implicó esta pregunta, hay un plazo de 45 días para llamar a elecciones.
Sobre esa base, desde el 7 de agosto en que la CC notificó de su dictamen de favorabilidad, pasaron 30 de los 45 días.
Le quedan 15 días para hacer la convocatoria.
Aunque el gobierno de Noboa y el CNE se enfrentan a un dilema: hay otras tres preguntas que esperan sean incluidas en este proceso, aunque todavía les falta la revisión de la Corte, la constitucionalidad de los considerandos, anexos y las preguntas.
En el 2024, el presidente planteó dos reformas parciales a la Constitución que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional: la posibilidad de instalar bases militares extranjeras y eliminar el financiamiento estatal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos nacionales y de las campañas electorales de los candidatos a una dignidad de elección popular.
Esta última iniciativa sobre las organizaciones políticas superó el trámite en la legislatura, pero resta que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de la convocatoria al referéndum.
Es decir, observar que se cumplan las reglas procesales para la realización de la convocatoria; la competencia en el ejercicio del poder de reforma a la Constitución; y, la garantía plena de la libertad del elector, y en particular, el cumplimiento de las cargas de claridad y lealtad, como que no induzca en las respuestas de los electores.
Luego, Noboa envió el 13 de agosto un nuevo cuestionario que integró cinco interrogantes y solo dos superaron el control constitucional de la vía para “enmendar” la carta política.
Una de ellas propone implementar el trabajo por horas en el sector turístico y la segunda, disminuir el número de integrantes de la Asamblea Nacional, que ahora está compuesta por 151 legisladores.
De acuerdo con el artículo 184 del Código de la Democracia, el presidente Noboa debe suscribir el decreto ejecutivo con su decisión de llamar a elecciones; el CNE conocerá en su pleno este documento y “convocará en el plazo de quince días a referéndum o consulta popular el que deberá efectuarse en el plazo de 60 días”.
Sobre estas dos interrogantes, la CC emitirá su dictamen de control de la convocatoria a referéndum para que Noboa firme el decreto ejecutivo y lo envíe al Consejo Nacional Electoral para la organización de las elecciones nacionales.
Dentro del CNE, sus cinco vocales están a la expectativa de que los magistrados se pronuncien y que les permitan unificar las fechas para que la pregunta de las bases militares, el financiamiento a los partidos y movimientos, el trabajo por horas y reducir el número de asambleístas se haga en una sola fecha y evitar duplicar gastos.
Adicionalmente, los consejeros electorales resolvieron días atrás a hacer un llamado a la Corte para que les permita “unificar” los procesos y hacer en una sola fecha la votación.
Considerando que corren 60 días para que —una vez conocido el decreto presidencial— el CNE organice el proceso eleccionario.
Previamente, antes de convocar a las urnas, el CNE debe aprobar el Plan Operativo Electoral (POE), en el que se planifica el costo de esa elección, el calendario, la campaña electoral y demás.
Se evalúa que llevar a cabo estas elecciones requeriría de un presupuesto aproximado de $ 80′000.000.
Fuente: El Universo