Esta es la tercera audiencia que enfrentan el Ejecutivo y Legislativo por las polémicas leyes que aprobó el oficialismo. En esta ocasión se trata de la Ley de Inteligencia, que permite, por ejemplo, la interceptación de comunicaciones sin orden judicial.
A esto se suma la opacidad que agregó la Asamblea al manejo financiero del ahora denominado Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuyos informes y documentos sobre los gastos reservados serán incinerados.
Y, aunque en la Ley se prohíbe que se obtenga y almacene información sobre personas solo por su etnia, orientación sexual, credo religioso, posición política o de adhesión o pertenencia a organizaciones, la sociedad civil la acusa de ser un peligro para las libertades ciudadanas.
Esto es lo que dicen los artículos más polémicos de la nueva Ley de Inteligencia
La audiencia telemática fue convocada por la Corte Constitucional (CC) y arrancó alrededor de las 10:20. La jueza ponente, Alejandra Cárdenas, explicó las reglas a las partes: los demandantes, los abogados de la Presidencia y de la Asamblea Nacional, y los ciudadanos que presentaron amicus curiae (escritos de respaldo a las demandas o a la Ley).
Las críticas de los demandantes
La Ley de Inteligencia tiene cuatro demandas ciudadanas de inconstitucionalidad en su contra, que fueron acumuladas en un solo proceso. Estas fueron presentadas por un bloque de sindicatos y por un grupo de organizaciones de derechos humanos.
En la audiencia, participaron las abogadas de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (Inredh), que hablaron de los artículos de la Ley y del Reglamento que están reñidos con la Constitución y los estándares internacionales, de legalidad, bien legítimo, necesidad y proporcionalidad.
Dijeron que la norma genera un vacío legal, al hablar de la seguridad integral del Estado sin definirla, por lo que crea incertidumbre jurídica y permite una interpretación subjetiva y arbitraria de la Ley. Esto contraviene la seguridad jurídica y el principio de reserva de ley.
Nueva Ley de Inteligencia en Ecuador: Quiénes conforman el Sistema Nacional de Inteligencia y cómo funciona
Por ejemplo, señalaron que se crea un régimen de reserva total, que va contra la transparencia y rendición de cuentas. Así como establece un fondo de gastos especiales ajeno al control público, que permite la incineración de sus registros; la exclusión del sistema de inteligencia del régimen general de contratación pública, sin especificar qué procedimiento se utilizará; y una rendición de cuentas anual restringida a una sola comisión legislativa, en lugar de que sea semestral.
Otro punto señalado por las abogadas fue la violación de los derechos a la privacidad y a la inviolabilidad de correspondencia, sin un fin legítimo ni control judicial, lo que permitirá la persecución, criminalización, vigilancia masiva, interceptación de comunicaciones y recopilación y acceso indiscriminado a información.
La abogada de los sindicatos reiteró las vulneraciones de derechos que permite la Ley de Inteligencia como está vigente, así como que daría paso a la vigilancia y persecución de dirigentes políticos y sociales.
También señaló que se crea un régimen sin transparencia, que dará pie a excesos, a la vez que permite la impunidad de los funcionarios del sistema. Y agregó que la normativa impide, incluso, que la Asamblea Nacional, pierda su capacidad de fiscalización.
Estos son los peligros de la nueva Ley de Inteligencia para la sociedad civil en Ecuador, según expertos
La abogada de la Alianza de Derechos Humanos afirmó que la ciudadanía no tiene ningún recurso judicial idóneo para defender sus derechos, frente a las posibles intromisiones en sus derechos; que no existe ninguna posibilidad de control, investigación y sanción de los actos de inteligencia que violan derechos.
El equipo demandante agregó que toda ley de inteligencia debe cumplir con ciertos estándares que no están establecidos en este caso, como: los tipos de medidas y acciones para la obtención de información autorizadas; los objetivos perseguidos; las clases de personas y actividades de las cuales se permite obtener información en función de la identificación de amenazas; el grado de sospecha que puede justificar la intervención; los plazos de empleo de las medidas; los métodos para actualizar supervisar y examinar las medidas utilizadas.
Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en https://www.primicias.ec/politica/ley-inteligencia-audiencia-corte-constitucional-gobierno-asamblea-104096/