Conseguir los votos para aprobar el proyecto de Ley de Transparencia Social, el 26 de agosto de 2025, resultó una tarea no tan sencilla para la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea Nacional.
La propuesta gubernamental necesitaba, al menos, 77 votos afirmativos para superar el filtro legislativo y obtuvo 78: la votación más baja de las cuatro leyes urgentes enviadas en 100 días por el presidente Daniel Noboa.
En el camino, la proyecto para regular fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fue acumulando cuestionamientos, no solo por su objetivo central, sino por las reformas a otras leyes que se incluyeron en el informe final.
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El oficialismo defiende lo aprobado y asegura que el proyecto es una herramienta para combatir el lavado de activos y no un mecanismo para vigilar y controlar las labores de las organizaciones de la sociedad civil.
Esto no convenció ni a Revolución Ciudadana (RC) ni al Partido Social Cristiano (PSC). Ni siquiera a la facción de Pachakutik, aliada de ADN, que en esta ocasión se dividió: tres apoyaron al gobierno y tres le dijeron que no.
A Flourish election chart
Estos son los cuestionamiento que surgieron durante el segundo y definitivo debate del martes 26 de agosto:
1″Un proyecto para perseguir»
La legisladora correísta Liliana Durán denunció que no ninguna de sus observaciones fue incluida en el proyecto, pese a que fue escuchada en varias ocasiones en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea.
Alertó que se estaría violentando la unidad de materia al incluir en el texto disposiciones tributarias, reformas a la Ley de Minería, un régimen de liquidación de empresas públicas y una centralización en el Banco Central de fondos congelados.
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Dijo que en el fondo la Ley de Transparencia Social impone a las fundaciones y ONG una serie de temas:
Auditorías costosas, códigos de ética obligados.
Imposición a las organizaciones comunitarias de base de requisitos propios de empresas con alta capacidad financiera.
Un excesivo control desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, incluso por encima de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE).
Un sistema de registro unificado cuyo uso pondría en peligro información reservada y datos sensibles de las organizaciones de la sociedad civil.
Se estaría violentando el debido proceso al obligar a transferir al Banco Central los fondos congelados, incluso sin sentencia ejecutoriada.
La legisladora correísta, Liliana Durán, mostró su oposición a la ley el 26 de agosto de 2025.Asamblea Nacional.
2’Metida de mano’ al IESS
El PSC ratificó el 26 de agosto una postura que ha sido una constante para esa organización política: oponerse a cualquier intento de incrementar o crear nuevos impuestos.
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Por eso, sus tres integrantes votaron en contra del proyecto. Alfredo Serrano planteaba la posibilidad de votar el proyecto por parte, pero ADN impuso que se vote el documento integro.
Serrano cuestionó que se incluya un impuesto a los dividendos o utilidades que generan las empresas y que no son entregados a sus accionistas. Defendió el derecho que tienen de reinvertir ese dinero.
Pero alertó algo más: la supuesta intención del gobierno de dejar de pagar multas y recargos que entidades del Estado tengan con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
¿Cómo se configuraría esta especie de condonación al Estado? En la transitoria sexta de la Ley se señala que «se exonera del pago de multas y recargos a las empresas públicas que le deben al IESS», afirmó Serrano.
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El asambleísta nacional recordó que la Constitución dice que los recursos de la Seguridad Social son propios y distintos a los del fisco.
«Este artículo es inconstitucional y no se lo va a resolver con una marcha contra la Corte Constitucional. No le metan la mano a los recursos de los afiliados», reclamó, sin éxito, Serrano.
3Control con límites
La legisladora del correísmo, Paola Cabezas, dijo que la normativa allana el camino para que a los dirigentes comunitarios, barriales, sociales se les puedan abrir investigaciones penales por hacer algún tipo de reclamo que no guste a determinada autoridad.
Pero para Cabezas, el proyecto estaría creando un blindaje fiscal para ministros, viceministros y otros altos funcionarios del Ejecutivo.
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En las reformas a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos se incluye un articulo que señala:
«La UAFE podrá analizar las finanzas de las máximas autoridades de las entidades públicas del gobierno central, así como de los viceministros, subsecretarios, directores o subdirectores de las entidades de la Función Ejecutiva».
Para el correísmo, la ‘trampa’ estaría en el párrafo que señala que una vez realizado el análisis, la UAFE no podrá realizar un nuevo análisis financiero o económico de las aludidas autoridades por el mismo periodo analizado.
«Eso extingue cualquier fiscalización futura. Por lo menos, guarden las formas», reclamó Paola Cabezas que mencionó casos como Progen y la crisis en la salud pública como supuestos casos de corrupción en el gobierno.
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