Este lunes 25 de agosto arrancó la audiencia sobre la Ley de Solidaridad Nacional en la Corte Constitucional (CC), La cita se lleva de manera telemática, pero los jueces constitucionales sí están reunidos en la sede del organismo.
En esta audiencia se tratarán las cinco demandas ciudadanas que se agruparon en una sola causa contra la polémica ley aprobada por el oficialismo, en el Ejecutivo y Legislativo, para regular el conflicto armado interno.
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Antes de instalar la audiencia, el juez Alí Lozada explicó cómo funcionará el proceso y que la Corte está dando trámite a las demandas ciudadanas de inconstitucionalidad y no se trata de un procedimiento de oficio.
Al tratarse de varias demandas, el magistrado explicó que la audiencia se dividirá en tres momentos, para que los demandantes y las autoridades públicas puedan exponer sus argumentos en el siguiente orden:
Los argumentos por inconstitucionalidad de forma de la Ley.
Los argumentos que sustentan posibles infracciones constitucionales de fondo y la caracterización del conflicto armado interno.
Y, finalmente, los otros aspectos considerados inconstitucionales.
Alrededor de las 10:45 los demandantes empezaron a presentar sus argumentos contra la Ley de Solidaridad.
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En la primera parte de la audiencia, los accionantes, se enfocaron en señalar los problemas en el trámite de la Ley de Solidaridad, enviada por el presidente Daniel Noboa y aprobada por los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea.
Los abogados hicieron énfasis en dos argumentos principales: la ley trata sobre seguridad nacional, no sobre temas económicos, por lo que no sería de urgencia económica; y que no tendría unidad de materia, puesto que en las disposiciones reformatorias se topan temas que no tienen relación con el proyecto.
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La representante de la Asamblea Nacional, Mercedes Mediavilla, coordinadora General de Asesoría Jurídica, defendió el tratamiento que dio la entidad a la Ley de Solidaridad Nacional. Dijo que el objeto de la ley era enfrentar las amenazas de la delincuencia organizada y que ese sí era un tema de urgencia.
Además, afirmó que la Comisión de Desarrollo Económico recibió comparecencias de las autoridades del área de seguridad y de finanzas, abogados tributarios y penalistas, asambleístas, uniformados, empresarios y a «la sociedad civil».
Mediavilla también afirmó que la urgencia ha sido definida por la misma Corte bajo tres requisitos: circunstancias apremiantes, conexidad plausible y efectos económicos inmediatos correlativos.
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Y sobre la unidad de materia, la abogada de la Asamblea recordó otra sentencia de la Corte, que determinó que ese principio resultaría vulnerado solamente si el precepto es «objetiva y razonablemente ajeno al contenido temático de la ley».
Según Mediavilla, la Ley de Solidaridad sí cumple con los requisitos constitucionales y con el objetivo de debilitar las estructuras que sostienen y financia el conflicto armado, con medidas penales, financieras, institucionales y sociales.
Por la Presidencia, participó el secretario Jurídico, Stalin Andino, dijo que la Ley tiene un objeto claro y económico, con una serie de medidas económicas enfocadas en golpear la economía criminal, fortalecer las fuerzas públicas y en la ciudadanía y la recuperación del tejido social.
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Andino sostiene que las medidas económicas están supeditadas al conflicto armado interno. Mientras que Felipe Pérez, otro abogado de Carondelet, negó que los demandantes hayan probado sus acusaciones y los acusó de no tomar en cuenta el contenido integral de la ley y el contexto en el que fue aprobada.
Douglas Álvarez, delegado del Ministerio del Interior, habló de la crisis de inseguridad que vive el país y los derechos ciudadanos que afecta la violencia criminal. Sostuvo que la Ley «no busca restringir derechos, sino protegerlos de manera efectiva» y que se trata de una normativa necesaria para frenar la economía criminal, bajo parámetros claros y legítimos.
Miguel Mendoza, representante de la Procuraduría, coincidió con los argumentos presentados por la Asamblea, la Presidencia y el Ministerio del Interior. Y defendió el envío y trámite del proyecto, por la premura que implica la crisis de inseguridad nacional y sus efectos
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