La denuncia por secuestro interpuesta el 20 octubre pasado por la Policía Nacional contra Leonidas Iza, por retener a tres uniformados que le realizaban seguimientos y supuestamente intentaban atentar contra su vida, es la última acción de esta clase que ha recibido quien hasta finales de julio de este año fue el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), lideró el Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi (MICC) hasta el 2021 y fue la carta presidencial del movimiento Pachakutik en las elecciones generales de 2025.
Segundo Leonidas Iza Salazar es un activista por los derechos indígenas, campesinos y de la naturaleza y líder indígena de ascendencia kichwa-Panzaleo, tiene 43 años de edad y es de profesión ingeniero ambiental.
Sus posiciones sociales y políticas se han hecho más evidentes cuando estuvo entre los líderes indígenas que encabezaron las protestas sociales de 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno, y 2022, en el periodo presidencial de Guillermo Lasso.
Las protestas sociales de octubre de 2019 y junio de 2022
Entre el 2 y el 13 de octubre de 2019, la emisión del Decreto 883, que eliminó los subsidios a los combustibles, desató una jornada de violentas movilizaciones convocada por la Conaie y otras organizaciones sociales, las cuales se centraron en Quito, pero que paralizaron al país por once días. Mientras que, el 13 de junio de 2022, la Conaie inició un paro nacional contra el gobierno de Lasso exigiendo el cumplimiento de una agenda de diez puntos y el principal consistía en que se congelan los precios del diésel, en $ 1,90, y la gasolina extra, en $ 2,10. Por 18 días se paralizó el país.
De las protestas de octubre de 2019 le quedó al menos a Iza y otros dirigentes indígenas, como el entonces presidente de la Conaie, Jaime Vargas, una investigación previa por el delito de secuestro, ante la retención que se registró al interior del ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, de comunicadores y policías. Dentro de esta indagación se han tomado una serie de versiones, pero no se ha formulado cargos, paso necesario para que se abra un proceso penal como tal.
En cambio, por las movilizaciones de 2022, el a ese momento titular de la Conaie fue detenido en la zona de Pastocalle (Cotopaxi). La detención y el posterior procesamiento penal por el delito de paralización de un servicio público se dio un día después de explotar las protestas.
Luego de un procedimiento directo, el 26 de septiembre de 2022, la jueza penal de Latacunga, Paola Bedón, decidió declarar la nulidad del proceso seguido únicamente contra Iza. La nulidad en este caso llegó ante la existencia de una violación de procedimiento, pues no debió haber procedido una flagrancia, una vez se habían dado seguimientos a Iza desde días antes de su detención, es decir, el 6 y el 9 de junio de 2022.
Según Bedón, ella no fue alertada en la audiencia de formulación de cargos y flagrancia, del 14 de junio de ese año, de esos seguimientos ordenados por un juez de Cotopaxi.
Para esas fechas, más allá de la nulidad declarada por la jueza de Latacunga, el líder indígena mantenía vigentes otras trece investigaciones por delitos como rebelión, paralización de un servicio público y odio racial. En ese momento, Carlos Poveda, abogado de Iza, aseguraba que el proceso por paralización de un servicio público era el que más avanzado estaba de las 14 causas que confirmaba se le abrieron a su representado por hechos relacionados con los días de protestas dadas en junio de 2022.
Rebelión, paralización de un servicio público, odio racial, intimidación, entre los delitos indagados
En Quito y Cotopaxi habrían ocurrido los hechos por los que se le investigaba al presidente de la Conaie. En unos casos la Fiscalía abrió de oficio las indagaciones y en otras fueron abiertas tras denuncias puestas por personas particulares.
La reserva de ley que existe sobre las investigaciones previas hace que hasta el momento no se pueda conocer exactamente el número de indagaciones que mantiene el líder indígena Leonidas Iza. Pese a ello, el extitular de la Conaie afirmó hace unos días atrás en una rueda de prensa en Toacaso, ya no siendo autoridad, que ha enfrentado 48 procesos judicales y ha sufrido tres intentos de asesinato mientras ocupó un cargo dirigencial dentro de la organización indígena.
Justamente Poveda fue quien la mañana de este jueves, 21 de agosto, al salir de una audiencia de habeas corpus convocada con el fin de lograr la liberación de los tres policías retenidos, desde el 18 de agosto pasado, en la comunidad de San Ignacio, parroquia de Toacazo (Cotopaxi), confirmó la nueva denuncia de secuestro contra Iza. La acción pretendería que la justicia ordinaria investigue el supuesto secuestro de los tres uniformados, quienes luego de un proceso de justicia indígena, el cual incluyó disculpas públicas por los seguimientos a Iza, fueron dejados en libertad tras tres días de estar retenidos por la comunidad.
“Tenemos entendido que existe una denuncia. Me parece que (…) han presentado una noticia criminis de secuestro (…) ante la Fiscalía. (…) Lo que siempre esperamos es que se permita el derecho a la defensa, en virtud de que en estas situaciones siempre, de alguna forma, se desconoce cuál es la dinámica de la justicia indígena y a veces se cometen errores bastante crasos”, explicó Poveda, el cual dentro del habeas corpus reprensentaba a la comunidad indígena de San Ignacio.
Respecto a la respuesta dada por la Fiscalía, mediante un comunicado público, de que los tres policías retenidos en Toacazo realizaban trabajos dentro de una investigación previa dirigoda por la institución, Poveda fue claro en referir que en primera parte de la audiencia de habeas corpus no estuvo personal de la Fiscalía presente, ni tampoco se habrían exhibido documentos de que hayan abierto una investigación previa o existen órdenes fragmentarias de decisiones de seguimiento contra Iza u otra persona.
Poveda reconoce que existen situaciones dentro del Código Orgánico Integral Penal en que se pueden hacer seguimientos con agentes encubiertos, entregas vigiladas, pero en el actual caso, afirma, no existe ninguna constancia de ese tipo de circunstancias.
“Creemos que se actuó al margen de la ley y eso también es un delito. La persecución, el espionaje, también es un delito, así sean funcionarios públicos, es mucho más grave teniendo una potestad del Estado. (…) Recordemos que en el 2022, cuando fue aprendido también de manera ilegal, se descubrió entre comillas que le hacían seguimientos. (…) Siempre estuvo perseguido y ahora igualmente lo está. (…) Sería muy grave que por la convicción, por la lucha que hace, estar perseguido. O sea, nadie estaría libre y eso es muy grave”, anotó Poveda.
Finalmente, la noche del 21 de agosto último, el juez de la Unidad Judicial de la Familia de Latacunga, Juan Jaramillo Ponce, concedió el recurso de habeas corpus que presentó la Policía Nacional para la liberación de los tres agentes de la Dirección General de Inteligencia.
Al 30 de mayo de 2018, la Conaie informaba que Iza enfrentaba en la Fiscalía cinco acusaciones en Quito (1) y Sigchos, en Cotopaxi, (4) por delitos como secuestro, intimidación, usurpación y simulación de funciones públicas, incitación a la discordia entre ciudadanos y ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras.
“Un error” no permitió que se haga beneficiario de las amnistías
El 19 de julio pasado, durante el informe de labores del Consejo de Gobierno de la Conaie, Leonidas Iza aseguró que nunca fue beneficiario de las amnistías dadas en paquete por la Asamblea Nacional en marzo de 2022. En ese acto, el aún titular de la organización indígena más grande del Ecuador refirió que él también estaba incluido en esa lista de 270 defensores del territorio, del agua y de los derechos de los pueblos y nacionalidades amnistiados, pero que no sabía si “por buena fe, por mala fe, por error” no se había puesto su número de cédula correctamente, lo que impidió que se efectivice la amnistía.
“Yo finalmente nunca fui beneficiario de la amnistía. Para que quede claro para los medios de comunicación donde dicen: y al terrorista le dieron (amnistía). No es cierto. Cuando pusieron mal el número de cédula, finalmente no fui beneficiario de esa amnistía, pero el resto de compañeros sí fueron beneficiarios de la amnistía en todo el país”, anotó Iza.
La madrugada del 10 de marzo de 2022, el voto de 99 legisladores de las bancadas de UNES (hoy Revolución Ciudadana), Pachakutik, Izquierda Democrática e independientes permitieron la aprobación del informe de amnistía elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea.
Días después se publicó en el Registro Oficial la decisión de la mayoría del Legislativo, pero con errores, y por ello a inicios de abril siguiente se publicó la errata enviada desde la Asamblea para corregir la resolución inicial en la que se detectaron 43 errores en nombres, números de cédula y causas, así como la inclusión de dos beneficiarios. Pasó de 268 amnistías a 270.
El 60 % de los casos amnistiados (35) estaban en etapa de investigación previa, es decir, no avanzaron a una etapa procesal que involucra a jueces y solo quedaron en el análisis de si existían o no elementos que den paso a una formulación de cargos.
La amnistía grupal se otorgó a ciudadanos judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y a la protesta social en el marco del paro nacional de 2019, con hechos relacionados con defensores comunitarios, con la administración de justicia indigena, defensores de la naturaleza. Aunque también constaba la investigación previa a Leonidas Iza por el supuesto secuestro ocurrido en la provincia de Cotopaxi contra 47 militares de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria.
El supuesto uso de la justicia para perseguir
Además, Leonidas Iza Salazar ha sido investigado por el delito de daño a bien ajeno ocurrido contra un monumento en Quito, en octubre de 2020, pero también fue denunciado por el delito de instigación en marzo de 2025. René Albuja asegura que su denuncia contra el presidente prorrogado en funciones de la Conaie no tenía tintes políticos, sino que busca que se sancione al “mal dirigente” por incitar a la desestabilización del país.
“He interpuesto una denuncia en contra de Leonidas Iza por el delito de instigación (…) esto debido al video que subió a sus redes sociales (…) donde instigaba y amenazaba al Gobierno con tomar actitudes, acciones radicales en las calles. Parece que el señor Iza se ha olvidado que Ecuador es un estado de derecho y que si él tenía presunciones o indicios de que había algún acto de corrupción en la concesión del campo petrolero Sacha, debería haberse acercado a la Fiscalía o a la Contraloría a denunciar”, sostuvo.
En su cuenta de la red social X, el 12 de marzo pasado, Iza respondió a la denuncia por instigación por ‘defender el Campo Sacha’: “Esto sigue demostrando como se usa la justicia para perseguir a quienes enfrentamos los abusos del poder, protegemos la economía del país y defendemos los derechos de los más pobres. Pero lejos de ser obstáculo, esta denuncia confirma que seguimos en el camino correcto, combatiendo la corrupción, la indolencia y la mediocridad”.
Fuente: El Universo