La Asamblea Nacional, presidida por Niels Olsen, cumple este 22 de agosto del 2025 sus primeros cien días de gestión marcados por la aprobación de tres leyes urgentes del Ejecutivo y por controversias sobre la existencia de una red contrataciones de parientes de asambleístas en calidad de funcionarios legislativos, los cambios de camiseta, suspensiones temporales por malos comportamientos y denuncias de diezmos.
Las actividades de este nuevo periodo legislativo se iniciaron el 14 de mayo pasado con una notable polarización de fuerzas políticas dominada por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y la oposición representada en el movimiento Revolución Ciudadana (RC). Como minorías llegaron Pachakutik (PK), Partido Social Cristiano (PSC) y los independientes (IND).
A los pocos días de instalado el pleno, tras la conformación de la mesa directiva de la Asamblea Nacional y el reparto de las quince comisiones especializadas permanentes, atado a negociaciones políticas, el sector del Gobierno sumó nuevos aliados, logró romper a Pachakutik y trajo consigo seis apoyos, cinco de la RC que se cambiaron de camiseta y hoy votan con ADN. Asimismo, captó un voto del PSC y cuatro de los cinco independientes.
Denuncias
En medio de este acomodamiento y acoplamiento al nuevo periodo legislativo saltaron las denuncias de contratación de parientes de los asambleístas recién llegados que provocaron la desvinculación de casi medio centenar de funcionarios que tenían parentesco con legisladores de ADN y RC, fundamentalmente, aunque la lista se mantiene en secreto en la presidencia de la legislatura.
Padres, hijos, primos, sobrinos, tíos y hermanos de asambleístas fueron contratados al iniciar el periodo de Olsen. Estas contrataciones de parientes, según abogados penalistas, configuraría al menos dos delitos penales relacionados con tráfico de influencias y perjurio, además los asambleístas habrían incurrido en la prohibición constitucional de gestionar cargos públicos; pero ningún legislador fue denunciado ante el Comité de Ética de la Asamblea ni a la Fiscalía General del Estado.
Olsen, el 14 de julio, hizo pública una lista sin nombres que involucra a doce parientes de asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana (RC), diez de Acción Democrática Nacional (ADN) y dos del Partido Social Cristiano (PSC), que laboraban en la legislatura y que fueron desvinculados.
En la nómina hay 16 servidores legislativos que trabajaban en el área administrativa del Parlamento y que también tendrían vinculaciones con familiares no solo de legisladores, sino con funcionarios de nivel jerárquico superior.
En vísperas de cumplir cien días, desde la bancada ADN, Mishel Mancheno presentó una denuncia de un caso de supuesto cobro de diezmos en contra de la legisladora de la RC Nuria Butiñá. Tiene relación con presuntas irregularidades que incluyen exigencias de aportes económicos indebidos, malos tratos a su equipo de trabajo y manipulación de documentos oficiales. Es el primer caso que se presentaría ante el Comité de Ética.
Pero en este camino de los cien días, también hubo denuncias que fueron procesadas en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que llevaron a la suspensión temporal de dos legisladores de la RC: el primero, Ronal González por provocar incidentes el 26 de mayo de 2025 al utilizar un megáfono y proferir gritos ofensivos; fue suspendido 60 días sin sueldo. La denuncia la formuló Diana Jácome (ADN).
El segundo caso fue contra la legisladora Mireya Pazmiño (RC), denunciada por el asambleísta Andrés Castillo (ADN), por agresión verbal cuando tildó de “fascista” su propuesta de incluir en la Ley de Integridad Pública una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para que los adolescentes infractores que cometan delitos atroces sean sancionados como adultos. Fue suspendida un mes sin sueldo.
El 12 de julio, el CAL, también suspendió por ocho días y sin sueldo al asambleísta gobiernista, Dominique Serrano (ADN), por “comportamiento inadecuado”, durante una sesión de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, de la que él es parte, mientras se fiscalizaban posibles irregularidades en los contratos para la generación de energía adjudicados a la empresa Progen. Fue captado, en un video que circuló en redes sociales, haciendo dibujos mientras comparecía un exfuncionario de la Unidad de Negocios de Termopichincha.
Pero el CAL, el 29 de julio, revisó también la conducta del legislador que pertenecía a la bancada RC Santiago Díaz Asque, y le suspendió todos los derechos parlamentarios mientras dure la medida cautelar de prisión preventiva por el presunto cometimiento de un delito de naturaleza sexual contra una menor de edad.
Leyes urgentes y ordinarias
Dentro de la tarea legislativa se destaca la aprobación de tres proyectos de ley urgente del Ejecutivo y un cuarto está en trámite. Se trata de las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública y la de Fortalecimiento de Áreas Protegidas.
Pero las tres normativas aprobadas y publicadas en el Registro Oficial, a la que se suma la Ley de Inteligencia, cuentan con 40 demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional motivadas por organizaciones de trabajadores, educadores, médicos, abogados y grupos activistas.
Los jueces de la Corte Constitucional el 4 de agosto suspendieron, de manera provisional, 17 artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, de Inteligencia y de Integridad Pública, al admitir a trámite las acciones de inconstitucionalidad.
En estos cien días, a más de las tres leyes urgentes se aprobaron ocho leyes.
La legisladora Verónica Íñiguez, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), señala que la evaluación de los primeros cien días depende a qué bancada pertenece el asambleísta. Para ella, hablando de una evaluación general, ha sido un proceso “triste” en el sentido de que se han silenciado muchas voces y se ha impedido la participación dentro del pleno, sobre todo, para quienes no están dentro de la bancada oficialista de ADN.
Tampoco existe un orden para exigir respecto a todos los legisladores en el pleno, independientemente de la bancada a la que se pertenece; solo a un sector se llama la atención y al otro no, más bien se celebra con aplausos ante las ofensas. “Es una Asamblea muy selectiva, que se sabe a quien se lo deja insultar, lo cual se convierte en un circo y eso no se merece el pueblo ecuatoriano”, señala Íñiguez, quien además sostiene que el título de “la nueva Asamblea” le queda grande a la actual administración.
La legisladora representante de Loja comenta que en los cien días la RC se dedicó a fiscalizar lo que sucede en el país en la función pública, como los hospitales, donde falta todo. Íñiguez dice que por dos semanas intenta colocar en el orden del día una resolución para “denunciar el retroceso que significa la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía Minas, siempre se encuentran la forma de bloquear”, anota.
El legislador oficialista Milton Aguas (ADN) señala que está muy contento de estos primeros cien días de la Asamblea, porque se han sacado leyes importantes para el país, como las calificadas de económicas urgentes, que coadyuvaron para la captura de Adolfo Macías, alias Fito, y que también permitieron la extradición de delincuentes a los Estados Unidos.
También destaca el consenso logrado con las organizaciones políticas para sacar leyes y asegura que hay estadísticas sobre una mejora sustancial de aceptación de parte de los ciudadanos respecto a otros periodos legislativos; pero hay mucho por hacer, recalca.
Dice que es una falsa percepción de la RC respecto a que no se permite intervenir en el pleno, pues el presidente Niels Olsen ha demostrado ser ecuánime y hay respeto ante todos y se está dando la palabra a todos.
El legislador Aguas indica que los escándalos de cambio de partidos “son un ejercicio donde cada uno tiene su percepción, pues el colega de Galápagos (David Arias) también ha dejado a la Revolución Ciudadana porque ha visto que no reúne los intereses del pueblo de Galápagos, como yo lo hice en su momento”. Todos los asambleístas que pertenecen a otros sectores y quieren trabajar por el país, bienvenidos todos con los brazos abiertos, anota.
En torno a las parentelas, el representante de Galápagos lamenta que esa situación se repita de otras administraciones, pero que lo importante es que se haya corregido a tiempo con los reglamentos pertinentes y los integrantes de la bancada ADN ya firmaron un código de ética.
Según el legislador Raúl Chávez (RC-RETO), estos cien días han sido de aprendizaje para la mayoría de los asambleístas, al inicio del periodo la conducción del pleno era bastante inflexible, pero que hoy las condiciones han mejorado parcialmente. Falta mucho por hacer, como el hecho de trabajar las leyes entre todos los bloques y no esperar que el Ejecutivo marque la agenda de los proyectos que deben aprobarse. dijo.
Además, señala que el tema de los camisetazos y las denuncias de las parentelas es un problema cultural, lo cual es lamentable, y que eso hay que atacar así como la Asamblea replantearse la forma de hacer política y mejorar el nivel de los legisladores.
Fuente: El Universo
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