Desde su llegada al poder, en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa ha decretado 630 días de estado de excepción, lo que ha convertido a la medida en una cotidianidad para los ecuatorianos, que ya no se diferencia de los días y provincias que no viven bajo esa medida.
Sin embargo, la Corte Constitucional (CC) cortó dos de los 14 decretos de excepción, ya que dio de baja las órdenes ejecutivas por falta de argumentos. Además, los magistrados han llamado la atención constantemente al Mandatario por insistir en una medida extraordinaria cuando el problema de la inseguridad tiene raíces estructurales.
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Incluso, la Corte ordenó la creación de una comisión interinstitucional, para poder hacer un seguimiento del trabajo de las entidades de seguridad, no solo del Ejecutivo y sus fuerzas públicas. El ‘jalón de orejas’ incluyó a la Asamblea Nacional, Judicatura y Defensoría del Pueblo.
El presidente Noboa extiende el estado de excepción a cantones de Bolívar y Cotopaxi
Pero nada ha dado resultados. Y pese a que el Gobierno insiste en su estrategia de ‘mano dura’, ya sin menciones del secreto Plan Fénix de por medio y se resiste a acatar el dictamen de la Corte, el primer semestre de 2025 cerró como el más violento de la historia de Ecuador.
Es por eso que, la suspensión temporal de 16 artículos de las cuestionadas leyes de Solidaridad Nacional y de Inteligencia, llevó a que el presidente Noboa señalara a la Corte como responsable de la inseguridad. Aunque, durante las primeras semanas de vigencia de esas leyes, la violencia tampoco disminuyó.
Y ahora el Mandatario decidió extender el estado de excepción decretado para el 6 de agosto, en El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, a otros tres cantones de Cotopaxi (La Maná) y Bolívar (Las Naves, Echeandía). Sin embargo, la medida original aún no ha superado el filtro de la Corte Constitucional, que podría modificar lo ordenado por el Ejecutivo.
¿Quiénes viven en estado de excepción?
Durante la gestión del presidente Daniel Noboa, los territorios que viven bajo un estado de excepción constante son las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Orellana y el cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez.
Dependiendo de la coyuntura, se han añadido la fronteriza provincia de Sucumbíos o al Distrito Metropolitano de Quito, así como recientemente los cantones de Las Naves, La Maná y Echeandía.
Esto sin contar que entre enero y junio de 2024, todo el país estuvo bajo estado de excepción. Fueron 90 días por el conflicto armado interno que declaró el Gobierno y otros 60 días por la crisis eléctrica. Esa fue la única vez en la que la medida se tomó por motivos distintos a los de la inseguridad.
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Además, el artículo 166 de la Constitución establece que el Presidente remita un informe con las acciones realizadas durante el estado de excepción. Este requisito se cumplió hasta el decreto 392, de agosto de 2024. En los siguientes seis estados de excepción y sus renovaciones, el Gobierno no ha cumplido con ese mandato.
¿Qué pasó antes de Noboa?
Durante su gestión, Rafael Correa decretó 85 estados de excepción, que sumaron 4.000 días. Sin embargo, muchos de ellos no implicaron restricciones de derechos para los ciudadanos, ya que se concentraron en atender específicamente a ciertas instituciones o estructuras públicas.
Por ejemplo, Petroecuador (450 días), la Asamblea Nacional (640 días), los embalses La Esperanza y Poza Honda (420 días), Función Judicial (60 días), unidades operativas del Ministerio de Salud (180 días).
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Sin embargo, todos los otros estados de excepción, que implicaron la alerta, emergencia o custodia de territorios, sumaron 3.220 días. Y, específicamente, el periodo 2009-2013 fue en el que más días los ecuatorianos vivieron bajo esa medida.
Pero, desde el gobierno de Lenin Moreno eso cambió, los estados de excepción pasaron a enfocarse en temas de salud pública, como la pandemia, o de seguridad, como la crisis carcelaria y la violencia en las calles. Eso se mantuvo en el gobierno de Guillermo Lasso. En el de Daniel Noboa el epicentro es la inseguridad y la violencia.
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