El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) prepara mesas de trabajo para elaborar la reforma al sistema. Si bien la administración actual, presidida por Édgar Lama, ha descartado subir la edad de jubilación, se analizará la posibilidad de hacer cambios en las pensiones.
La idea clave está en reorientar el aporte del 40 % que paga el Estado. El fin es “priorizar” a las pensiones más bajas. La propuesta ya genera expectativas.
En una entrevista con este Diario, el pasado 4 de agosto, Lama dijo que actualmente “el Estado paga más por las pensiones más altas”.
“Debería ser al revés, el Estado debería priorizar aquellas pensiones jubilares más bajas de las personas que tienen mayor necesidad”, sugirió brevemente el presidente del Consejo Directivo, sin ahondar en más detalles de la iniciativa.
En 2025, la pensión mínima del IESS es de $ 235, mientras que el monto máximo es $ 2.585.
Este año el IESS proyectó destinar $ 6.785 millones para pagar pensiones, es el gasto más fuerte dentro del presupuesto anual de $ 10.396 millones.
La Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador ve con buenos ojos el planteamiento de Édgar Lama, porque sintoniza con el pedido de la organización de subir las pensiones jubilares de menores valores.
Su presidenta, Rosario Muñoz, señala que las pensiones más bajas no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de los jubilados como salud, alimentación, vivienda, vestimenta, entre otros gastos.
La aspiración de la Confederación es que las pensiones mínimas se equiparen al valor de la canasta básica.
A julio de 2025, la canasta básica se ubicó en $ 813,82, mientras que la canasta vital cerró en $ 565,12, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Para financiar el incremento, la organización sugiere realizar análisis técnicos, aumentar el número de afiliados, depurar la burocracia de la institución y combatir la corrupción.
Muñoz recuerda que en la campaña presidencial de 2023 Daniel Noboa habló de incrementar las pensiones.
En aquel entonces, el hoy presidente de la República dijo que “los jubilados deben recibir una pensión mínima de un sueldo básico”, que para ese año ascendía a $ 450. La propuesta consistía en generar más empleo para incrementar los afiliados al IESS y con ello tener más ingresos.
“No nos podemos olvidar que el aumento de las pensiones, el mismo presidente de la República fue quien estimó. Él tiene que mirar cómo va a poder financiar este aumento. Tiene que cumplir con esa promesa que le hizo a los jubilados”, dice la dirigente.
La Confederación no pretende un alza inmediata, sino que propone una elevación gradual, progresiva, hasta llegar al nivel de la canasta básica.
“Técnicamente, tenemos que sentarnos a dialogar. Todos estamos aspirando que seamos tratados con equidad, con igualdad. Nosotros lo que estamos haciendo es un análisis cuantitativo, donde vemos que del 2023 al 2024 solamente ha habido un aumento de casi $ 10, y eso realmente no responde a la canasta básica”, sostiene Muñoz.
A junio de este año, el IESS registró 722.785 pensionistas por el seguro de invalidez, vejez y muerte, y por invalidad, a los que se ha pagado $ 3.052 millones en pensiones:
| Prestación | N.° de pensionistas | Montos pagados |
|---|---|---|
| Jubilación por invalidez | 27.356 | $ 15,3 millones |
| Jubilación por vejez | 558.244 | $ 415 millones |
| Jubilación por discapacidad | 14.815 | $ 12,5 millones |
| Montepío | 166.996 | $ 56,8 millones |
La obligación estatal para cubrir una parte de las pensiones consta en el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social, el cual establece que el IESS aportará el 60 % de la pensión y el Estado financiará el 40 % restante.
“Los recursos para el financiamiento del 40 % por parte del Estado se deberán incorporar de manera obligatoria anualmente en el Presupuesto General del Estado”, manda la ley.
En el año 2015, durante el régimen de Rafael Correa, la Ley de Justicia Laboral eliminó el subsidio a las pensiones. Pero en 2018 la Corte Constitucional restituyó la obligación, al declarar inconstitucional de dicha reforma de 2015.
El porcentaje del aporte estatal es el mismo en todos los casos. Por ello, quienes reciben pensiones más altas (por sus años de afiliación y monto de aportes) obtienen más subsidio, explica la abogada Patricia Borja, experta en temas de la seguridad social.
Borja describe que “hay una mayor participación del Estado” cuando se trata de pensionistas que perciben valores más grandes; mientras que sucede lo contrario con los pensionistas que cobran menos.
En el caso de la pensión más baja de $ 235, el 40 % que pone el Estado corresponde a $ 90. En la pensión más alta, de $ 2.585, la contribución estatal asciende a $ 1.034, indica.
Y cita un informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que concluyó que el esquema de la contribución del 40 % “es regresiva y no está bien enfocada”.
Según el reporte, publicado en marzo de 2022, aunque la contribución del Estado al sistema de pensiones se basa en el principio de solidaridad, “presenta problemas de equidad, ya que es regresiva”.
Personas con menores ingresos terminan financiando a un reducido grupo de beneficiarios que, en su mayoría, pertenecen a los quintiles de mayores ingresos. El aporte estatal es un subsidio que lo paga la totalidad de la población, a través de impuestos, pero va dirigido solo a los afiliados que logran cumplir con los requisitos mínimos para acceder a los beneficios.
Por esta razón, una de las recomendaciones de la OIT fue “corregir los problemas de equidad en la contribución del Estado”.
Con el mismo sentido, la Comisión Interinstitucional del IESS que se formó en el gobierno de Guillermo Lasso, y que estuvo coordinada por el economista Augusto De la Torre, observó que el aporte del 40 % lo paga la totalidad de la población mediante impuestos.
La comisión advirtió que el aporte estatal no alcanzará para cubrir el déficit del fondo de pensiones. Y “es muy dudoso que el fisco pueda pagar la totalidad de la contribución” porque crece explosivamente, pasando del equivalente 1,8 % del PIB en 2022 a cerca del 6 % del PIB en 2050.
El fisco ha tenido problemas para cumplir con la contribución del 40 %, así como otras obligaciones, por lo que acumula una millonaria deuda con el IESS que asciende a $ 27.935 millones, hasta junio de 2025.
Para Patricia Borja, la intención de redirigir el subsidio estatal deja varias dudas con respecto a “qué implica priorizar” las pensiones más bajas.
“¿Será que solamente se pensaría en que el Estado debería contribuir para los que van a recibir un monto más bajo, qué va a pasar con los otros pensionistas?“, pregunta la abogada, recordando que existe la garantía del derecho a la Seguridad Social para todos, sin importar cuánto se aportó ni durante qué tiempo.
La propuesta expresada por Édgar Lama debe sustentarse en análisis técnicos rigurosos, remarca la experta, para evitar distorsiones que terminen afectando a los asegurados.
Y señala que la Corte Constitucional, en varias sentencias, ha reconocido que se pueden hacer cambios o ajustes a la Seguridad Social, pero sin dar lugar a arbitrariedades.
La Corte ha establecido que se debe contar con estudios actuariales, que las condiciones deben ser razonables, proporcionadas y transparentes, entre otros factores, para precautelar la sostenibilidad del sistema, puntualiza Borja.
Fuente: El Universo