El presidente Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional (CC) un proyecto de enmiendas a la Constitución de la República, con cuatro preguntas de referéndum. Una de ellas propone la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y que la facultad de designación de autoridades pase a manos del Legislativo.
La interrogante plantea: “¿Está usted de acuerdo con transferir y adecuar los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, y como consecuencia de esto, suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, enmendando la Constitución de la República del Ecuador de conformidad con el anexo de la pregunta?“.
En el anexo de la pregunta, Noboa propone reformar doce artículos de la Constitución de la República, como el 112, 120, 131, 140, 179, 204, 205, 212, 213, 215, 224 y 236, con el fin de que la Asamblea Nacional sea la institución encargada de designar y posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias, y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo de la Judicatura y demás autoridades que determine la ley.
Asimismo, se plantea que el Legislativo nombre a los superintendentes de una terna que enviará el presidente de la República.
En su propuesta, el Gobierno dispone a la Asamblea Nacional que, una vez se efectúe la proclamación de los resultados del referéndum en el Registro Oficial, terminarán anticipadamente las funciones de los actuales consejeros y consejeras del CPCCS, que fueron elegidos por voto popular en febrero del 2023.
Además, establece que los concursos que se encuentren en trámite a la fecha de proclamación de los resultados del referéndum constitucional en el Registro Oficial deberán quedar sin efecto.
Según el Ejecutivo, la propuesta “respeta los límites formales y materiales de la enmienda constitucional, por cuanto no altera la estructura fundamental de la Constitución; no altera la estructura del Estado; no modifica el régimen de derechos de manera regresiva; y no cambia el procedimiento de reforma”.
Alfredo Espinosa, analista político y experto electoral, sostuvo que esta interrogante condensa animadversiones y cuestionamientos de los ciudadanos hacia una institución que no ha cumplido su razón de ser, desde que se creó en la Constitución de 2008.
El analista consideró que, pese a que esta pregunta sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana no es el corazón de la consulta popular, será una de las que más acogida tengan.
“La gran interrogante que nos queda y que tampoco la contestan los anexos es de qué manera se van a desarrollar los procesos de designación de autoridades. Lo único que queda en claro es que todos los concursos e incluso los que están un poco más avanzados, como el del Consejo Nacional Electoral, se van a quedar en nada”, observó.
A Espinosa le preocupa que con esta propuesta “la Asamblea Nacional se convierta en una suerte de ‘mesa chica’ donde se reproduzcan las prácticas malhadadas que ha ejecutado el Consejo de Participación Ciudadana”.
“Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana es necesario. Esto se lo tuvo que haber hecho mucho antes”, destacó.
En tanto que para José Chalco, abogado constitucionalista, la iniciativa es viable y deseable para la institucionalidad del país.
El experto indicó que la propuesta de referéndum impulsa la creación de una comisión calificadora encargada de los concursos y que se integrará por representantes del Legislativo, Ejecutivo y Función de Transparencia.
“Indiscutiblemente, lo sustancial es el hecho de lograr ya que el Consejo de Participación no siga siendo un estorbo institucional que ha servido para pensar en intereses ajenos al país. En algo se avanza”, opinó.
A su vez, el constitucionalista explicó que, anteriormente, la CC ha mencionado que la eliminación del CPCCS requiere otro camino, que es la reforma parcial a la Constitución.
“La reforma parcial es un camino más largo pero que se puede realizar con 77 votos de la Asamblea. Tampoco es un problema. Sin embargo, los anexos planteados en la propuesta del presidente habilitarían que la Corte pueda cambiar su precedente constitucional y dictamine que la vía puede ser de enmienda”, precisó.
Para Gustavo Isch, consultor político y experto en comunicación electoral y de gobierno, la iniciativa de eliminar el CPCCS es “parte de una estrategia permanente de polarización política que el Gobierno ha venido implementando desde enero de 2024, con la finalidad de controlar la institucionalidad pública del Estado”.
A su criterio, es “peligroso poner las capacidades de control social en manos de una Asamblea Nacional que con este o con cualquier otro Gobierno va a estar sometida a la fragmentación, a intereses particulares y a mayorías móviles. La calidad de la democracia y de la participación social que en este momento existe, por más débil que pueda ser, va a ser a disminuir muchísimo más y va a poner en riesgo la estabilidad jurídica del país”.
En el proyecto de enmiendas, el presidente Daniel Noboa solicitó a la Corte Constitucional que haga un control previo de constitucionalidad. El organismo, con el que el Ejecutivo mantiene tensiones, deberá pronunciarse.
Fuente; El Universo