El presidente Daniel Noboa convocó para este martes 12 de agosto a una marcha hacia la Corte Constitucional (CC), en Quito. Y las figuras políticas de Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea y el Ejecutivo cerraron filas a su alrededor.
El oficialismo declaró a los nueve magistrados como «enemigos del pueblo» y, desde el 4 de agosto, lanzó una campaña en su contra para responsabilizarlos de la incontrolable crisis de inseguridad, que alcanzó un récord histórico durante el primer semestre del año.
¿El motivo? La Corte admitió a trámite cinco de las 34 demandas ciudadanas de inconstitucionalidad que pesan sobre las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública. Y con ello aceptó la petición de medidas cautelares por posibles violaciones de derechos y suspendió temporalmente 17 artículos de esas normas.
El oficialismo apunta a la Corte Constitucional: sus voceros hablan del ‘enemigo del pueblo’
Además, el Primer Mandatario anunció un nuevo referendo constitucional. Y uno de los siete temas previstos apunta justamente a los magistrados, para que puedan ser destituidos a través de juicios políticos en la Asamblea Nacional.
Sin embargo, pese a la reciente intensificación del discurso oficialista contra la Corte, desde la llegada al poder de Noboa en 2023, el organismo ha emitido mayoritariamente dictámenes favorables (66%) a las medidas planteadas por el Ejecutivo. Incluso, en las más polémicas.
Por ejemplo, los magistrados no aceptaron las demandas de inconstitucionalidad, ni acciones de protección, ni pedidos de interpretación constitucional durante la pugna con su exvicepresidenta Verónica Abad y le permitieron designar como su reemplazo a su mano derecha, Cynthia Gellibert.
Esa misma Corte avaló el pedido que hizo el Mandatario al Consejo Nacional Electoral (CNE), para prohibir el uso de celulares durante las últimas elecciones e impedir así la toma de fotos de los votos en las papeletas.
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Y de los 17 estados de excepción y renovaciones decretadas, los magistrados han dado paso a 10, otros cuatro tuvieron ajustes; solo dos fueron negados íntegramente por falta de motivación y sustento.
Sin embargo, la Corte también ha llamado la atención en reiteradas ocasiones al gobierno de Noboa, especialmente por su insistencia en declarar estados de excepción por un conflicto armado interno «sin sustento». Esto llevó a que los magistrados ordenen la creación de una comisión, para que trabaje la crisis de inseguridad, bajo supervisión del pleno.
Tampoco dio paso, por ejemplo, a la suspensión de la exvicepresidenta Verónica Abad, por 150 días, ordenada por el Ministerio de Trabajo, o a las propuestas de reforma parcial a la Constitución sobre las personas privadas de libertas y la prisión preventiva.
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