El futuro de la Corte Constitucional (CC) preocupa a muchos juristas. Para quienes conversaron, este organismo no debe convertirse en un actor político, a pesar del conflicto.
Todo empezó, considera el penalista Jorge Luis Ortega, cuando la CC puso “en sobreaviso que posiblemente ciertas disposiciones y/o articulados están en contraposición con los principios fundamentales consagrados en la Constitución”. Eso hizo que esta esté en la mira del Gobierno. Estas normas fueron promovidas por el primer mandatario, Daniel Noboa, y aprobadas en la Asamblea Nacional.
A raíz de eso, Noboa expuso, en su cuenta personal de X, que los jueces de la Corte deberían ser juzgados políticamente. Sin embargo, para José Correa, abogado y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, que el poder político condicione el funcionamiento de la CC no es para nada saludable en una democracia. “Dan a entender que esto aquí se da por la falta de control que tiene el Ejecutivo dentro de este organismo”.
¿Por qué?
Lo que están pretendiendo hacer, menciona Marcelo Aguilera, abogado y decano de la Unidad Académica de Formación Técnica y Tecnológica Superior de la Universidad Católica de Cuenca, es convertir la Corte Constitucional en un rival político. A su criterio, los jueces de la Corte no deben ser sometidos a los vaivenes de la política o a sus cambios coyunturales, porque su rol es otro: “vigilar que las leyes, los actos del Estado y las decisiones judiciales respeten la Constitución”.
Por otra parte, Emilio Suárez, experto en Derecho Constitucional y docente de la Universidad San Francisco de Quito y de la Universidad Andina Simón Bolívar, menciona que la CC ya se ha pronunciado con respecto a la actual consulta del Ejecutivo sobre si los jueces deben ser llamados o no a juicio político. Para ello, solo se requiere una reforma parcial de la Constitución. Sin embargo, sostiene que las decisiones de los jueces -a favor o en contra- no pueden ser objeto de cuestionamiento, más aún si es de índole político.
A su juicio, las causales tendrían que ser similares a las previstas para el presidente de la República, sugiere Suárez. Además, para la aprobación de este proceso, sería aconsejable que se cuente con la aceptación de la mayoría calificada, es decir, el voto favorable de las dos terceras partes de los asambleístas que integran la Asamblea Nacional.
Sin embargo, a criterio de Ortega, la CC no tiene por qué dar explicaciones, sino pronunciarse a través de sus sentencias. Lo que tampoco deben hacer, añade, es promover o justificar sus resoluciones.
¿Cuál es el papel que debe asumir la Corte?
Porque su rol es frenar al poder frente a los irrespetos o a las eventuales violaciones que puedan presentarse al marco constitucional, subraya Correa. Además, recuerda que varios académicos se pronunciaron anteriormente sobre las normas, pero el Legislativo no los escuchó, por lo que manifiesta que el accionar de la CC ya se lo anticipaba.
Al punto que, hasta el martes 5 de agosto, las cuatro normativas promovidas por el Ejecutivo ya enfrentan 35 acciones públicas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. La que más demandas registra es la Ley Orgánica de Integridad Pública.
Fuente: Expreso