El Secretario Jurídico de la Presidencia solicitó a la Corte Constitucional «modular» los efectos de una sentencia referente a una reforma legal sobre la elección de los vocales del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y que se permita el financiamiento de ese proceso mediante aportes de afiliados y empleadores.
En una sentencia expedida el 9 de enero de 2025, la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Ese artículo señalaba que la elección del representante de los afiliados se realizaría mediante elección directa y la de los empleadores a través de un registro electoral segmentado.
Los costos del proceso electora serían elaborados por el Consejo Nacional Electoral, y debían ser enviados al Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo al Presupuesto General del Estado.
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La Corte ordenó al Presidente de la República que en el plazo de seis meses presentara ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de ley que regule el objeto del artículo 7 de la ley, de tal forma que el mecanismo de elección del Consejo Directivo cuente con el debido financiamiento.
«En el proyecto de reforma de ley, se deberán prever las debidas fuentes de financiamiento, avaladas por estudios técnicos de factibilidad financiera», dice la sentencia.
El plazo de seis meses otorgado al presidente Daniel Noboa comenzó a correr el 31 de enero, cuando se notificó la sentencia. Es decir, se cumplieron el pasado 31 de julio.
Adicionalmente, la Corte dio un plazo de seis meses para tramitar el proyecto de ley, que debía presentar el Presidente.
El pasado 7 de julio, el Secretario Jurídico de la Presidencia solicitó a la Corte que se considere la extensión del plazo de seis meses con el fin «determinar la viabilidad financiera de un proyecto de ley que cuente con estudios técnicos de factibilidad financiera», considerando para ello los pronunciamientos del IESS y del Ministerio de Finanzas.
Además, solicita que se permita «un eventual financiamiento directo de los electores a través de la aportación que se determine».
Lo anterior implicaría que tanto afiliados como empleadores tendrían que aportar para el proceso de elección de sus representantes ante el Consejo Directivo.
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