Dieciséis años transcurrieron para que en Ecuador se vuelva a debatir la presencia de bases militares extranjeras en territorio nacional. Expertos analizan el trasfondo de esta propuesta y en qué repercute para el país.
La pregunta que aborda este tema encabeza la lista de siete ítems que plantea el presidente Daniel Noboa. El cuestionamiento sobre bases militares extranjeras es el único ya aprobado en primera instancia por la Corte Constitucional y Asamblea Nacional para la próxima Consulta Popular.
La pregunta que se plantea desde el Ejecutivo dice lo siguiente:
¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
Este 5 de agosto Noboa publicó en su red social ‘X’ las siete preguntas que propone. En este grupo, la referida a bases militares no ha pasado inadvertida.
De esta manera el primer mandatario avanza con los trámites para concretar este ofrecimiento hecho en la campaña presidencial de 2023.
Para John Merlo León, excomandante de la Armada Nacional de Ecuador, este planteamiento abre oportunidades de mejor y mayor cooperación con países aliados, como lo fue en su momento Estados Unidos.
Aunque la pregunta dice textualmente: “(…) ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”, Merlo hace una precisión: “No es ceder; el hecho no es ‘yo le entrego la base’; sino yo le doy un espacio para que pueda realizar sus operaciones ahí”.
Con esto como punto de partida, Merlo explica que hay dos temas en los que se debería trabajar, pensando en el escenario hipotético que estas preguntas se aprueben por referendúm.
Oportunidades de mejora, tecnología y coordinación
Lo primero es el mejoramiento en “la utilización de medios tecnológicos y medios materiales de mejor calidad y mejores prestaciones en cuanto a sistema de vigilancia”, describe el excomandante de la fuerza naval.
Lo segundo es la coordinación entre los militares nacionales y los extranjeros. La idea es que la cooperación sea eficaz y conveniente para las dos partes, priorizando las necesidades del país sede, que en este caso sería Ecuador.
“Los vuelos los realizaba Estados Unidos con sus aviones hacia áreas que ellos identificaban como prioritarias, más no las que quería la Fuerza Aérea o Policía o la Armada, a través de guardacostas”, menciona Merlo sobre el servicio que prestó la Base Aérea de Manta hasta 2009.
Para adelante, lo trascendental es que la pregunta sea respaldada masivamente por la ciudadanía.
Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas, coincide con Merlo y apoya la iniciativa del presidente Noboa, calificándola como “muy lógica”.
Según el experto, Ecuador carece de la tecnología y equipamiento para enfrentar una guerra asimétrica contra el crimen organizado transnacional.
En el ámbito naval, el país enfrenta un desafío grande. “La cantidad de embarcaciones que salen y entran del país sin ningún tipo de control eficiente” supera las capacidades actuales, explica Pazmiño.
Como una respuesta a este problema, la instalación de sistemas de radares avanzados, apoyados por personal extranjero, podría ser un “elemento bastante interesante de analizar”.
En el ámbito aéreo, Ecuador también enfrenta una amenaza constante: las ‘narcoavionetas’, denominación de aeronaves usadas para el traslado de droga y otros artículos prohibidos.
Estas aeronaves representan una “vulneración a la soberanía aérea por un lado y por otro lado, se mantiene el flujo constante de entrada y salida de armas y droga”.
Por todas estas condiciones, Renato Rivera, investigador de la iniciativa global contra el crimen organizado (GITOC), aporta con cuatro protocolos de funcionamiento que deberían aplicarse en el Ecuador, suponiendo que la pregunta es aprobada tras la consulta popular.
“Inversión en tecnología para defensa; entrenamiento a policías y militares especialmente; fortalecimiento de capacidades en el uso de nuevas tecnologías y sobre todo, que la base nuevamente, sirva para cumplir los objetivos de seguridad”, enumera el especialista.
La propuesta de Noboa busca precisamente abordar estas debilidades. Aún así, Pazmiño advierte que la viabilidad de las bases militares extranjeras depende no solo de la voluntad ecuatoriana, sino también de la disposición de Estados Unidos.
Hay un camino trazado con Estados Unidos
Durante la administración de Joe Biden, el entonces embajador estadounidense afirmó que no había interés en establecer nuevas bases en Ecuador. Sin embargo, el escenario habría cambiado con el actual presidente Donald Trump.
“El presidente Trump tiene una visión diferente de la problemática de inseguridad regional y dentro de esa problemática, catalogó a los grupos de crimen organizado como grupos terroristas”, destaca Pazmiño.
En ese contexto y para que todo funcione -en caso de que el Gobierno triunfe con la consulta- el excomandante naval Merlo dice que “los acuerdos ya están hechos desde el gobierno del presidente Lasso”.
Ese acuerdo que menciona fue firmado en 2023, antes de la ‘muerte cruzada’ con la que se disolvió la Asamblea y se convocaron nuevas elecciones.
“En el caso de la Armada, ya había un trabajo coordinado con Guardacostas de Estados Unidos”, indica Merlo, en cuanto a los avances delineados desde la administración anterior.
Un trabajo base que serviría para avanzar con rapidez en esta ocasión, al menos en el tema de las bases militares extranjeras.
“Lo que faltaba era, por decir, que una base naval en Guayaquil pueda ser empleada para apoyo logístico. Sino hay esa autorización constitucional, no se lo puede hacer”, ejemplifica el militar en servicio pasivo.
De igual forma, la instalación de una base militar extranjera no es un proceso inmediato.
Pazmiño detalla los pasos que Estados Unidos debería seguir: el Departamento de Estado revisa presupuesto; luego, el Pentágono revisa si hay interés real para la colocación de una base militar en el sector.
Además, cualquier decisión que se tome en el país norteamericano, debe pasar por la aprobación de la Cámara de Representantes y el Senado.
“Es un proceso un poco largo, no es tan sencillo de un día para otro día”, subraya. Incluso si esta reforma es aprobada en la consulta popular, la Cancillería ecuatoriana debe realizar un intenso trabajo diplomático.
El contexto regional añade otra capa de complejidad.
Pazmiño apunta la presencia de China como un factor determinante. “China está al momento desarrollando un súperpuerto en Chancay, en Perú.”
Por esa razón, una base militar estadounidense en Ecuador podría contrarrestar esta influencia, ofreciendo a Washington un punto estratégico en Sudamérica.
Tanto Pazmiño y Merlo coinciden en que hay mucho trabajo por hacer, pero bastantes beneficios para Ecuador en caso de que esto se apruebe y se materialice. (I)
Fuente: El Universo