La madre de Paulina le regaló un vehículo que obtuvo en la repartición de bienes cuando se divorció de su pareja. El carro, que antes lo usaba el exconviviente de su mamá y le pertenecía a la compañía en la que trabajaba el hombre. Cuando la empresa entró en liquidación, él se quedó con el vehículo.
El automotor estaba a nombre de la compañía. El mayor temor de Paulina era recibir una multa. Consultó con un abogado y este le dijo que el trámite era engorroso. Ella, como ‘solución’, buscó a un tramitador.
Por $ 300 el carro pasó a su nombre y fue matriculado en un cantón de Manabí. No en Playas, donde vive Paulina.
Mauricio, otro ciudadano del mismo cantón, actuó de manera similar. Por temor a sanciones ambos mantienen en reserva sus apellidos.
El padre de Mauricio falleció y le heredó una camioneta a su hermano mayor, quien la usó poco porque migró.
El carro llevaba tres años sin que se le realizara la revisión vehicular y no iba a pasar por mal estado mecánico. Además, seguía a nombre de su padre. Mauricio contactó a un tramitador que por $ 250 le regularizó automotor; luego él lo arregló y hasta lo pintó. Ahora circula, pero sin haber pasado el procedimiento formal.
Los tramitadores son solo un reflejo de parte de la corrupción en las agencias de tránsito. Usan sus influencias o conexiones para agilizar procesos a cambio de pagos ilegales. Detrás de ellos no se sabe, con certeza, si hay o no un vínculo con los grupos de delincuencia organizada (GDO).
La falta de control es grave, según Fernando Carrión, experto en seguridad ciudadana.
En mayo pasado, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció el inicio de operativos en agencias de control municipal que, según dijo, han sido entregadas a los GDO.
Como lo dije en la mañana. Está más que comprobado que muchos municipios no están preparados para la gestión del tránsito. Caos y desorden absoluto reina en estas oficinas.
Prueba de esto es que hace escasos minutos en Guayaquil, por trabajos investigativos de @PoliciaEcuador… pic.twitter.com/tUz0lfJWJ4
— John Reimberg (@JohnReimberg) July 11, 2025
El pasado 7 de julio se intervino la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD), donde más de 300 policías se alistaron para ese allanamiento.
El 10 de julio fue el turno de la Agencia de Tránsito de Manta. Reimberg participó en la intervención y, al revisar los archivos, cuestionó la forma desordenada en la que estaban los documentos.
A las agencias de Durán y Manta las consideró “centros de vacunación y extorsión”. Y hace poco afirmó que la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, estaba al tanto de la infiltración de la banda Los Choneros.
Instituciones atractivas para criminales
“Yo creo que los municipios (con agencias de tránsito) son atractivos para estas estructuras criminales en lugares donde están localizados los laboratorios de cocaína, de tránsito, en ciudades portuarias, como este caso de Manta y de alguna manera Durán; aquellos lugares donde se pueda lavar recursos económicos”, explica Carrión.
Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), 17 cantones y tres mancomunidades tienen el modelo de gestión A, es decir, pueden emitir títulos habilitantes, tienen la capacidad para matricular, realizar la revisión vehicular y el control operativo de tránsito con los agentes.
En el modelo de gestión B, que solo contempla matriculación, títulos habilitantes y revisión vehicular, hay 144 municipios y ocho mancomunidades (unión de varios cantones para asumir la competencia).
Diego Naranjo, coordinador general de Regulación de la ANT, indica que siempre hay una confusión y se cree que esta entidad controla minuciosamente las agencias de tránsito: “Nuestra labor es más administrativa. Nosotros emitimos la política y la resolución”.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), en su artículo 5, explica que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tienen autonomía política, administrativa y financiera “para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios en sus circunscripciones territoriales”.
En otras palabras, los GAD hacen su auditoría, señala Pablo Ante, coordinador de la maestría de Gestión del Transporte de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).
“Ellos no pueden ser juez y parte. Está mal, ellos jerárquicamente deberían tener un ente que controle a todos los GAD en movilidad, por eso es que hay inconsistencias y se prestan para actos de corrupción y muchas cosas. Y se debe mejorar para tener una gestión integral y transparente”, argumenta Ante y agrega que así “pierden el enfoque”.
Y mientras se encuentra el enfoque, en redes sociales hay cientos de publicaciones de tramitadores que ofrecen desde matricular un vehículo hasta eliminar las multas en el sistema.
Contactar a algunos es sencillo en redes como Tiktok, Instagram y Facebook. En esta última hay uno que aparece como Iván Quinancela (se desconoce si es un nombre inventado para la virtualidad), que ofreció un paquete de 30 puntos a la licencia por $ 350. En su posteo oferta renovaciones y hasta emisiones de licencias A, B, C, D, E y G.
Cobra entre $ 75 y $ 100 para hacer constar que un vehículo ya pasó la revisión, de acuerdo a la persona que lo contactó. Aunque su ubicación sale en Guayaquil, muestra documentos de trámites de Chone, en Manabí. Asegura que el registro es aleatorio.
Otro tramitador usa en la red el nombre Joel V. y cobra $ 25 por cada año de no haber ido a revisión vehicular. “A lo mucho son tres días”, dice a una persona que le pidió una cotización. En su perfil muestra el número de contacto y una foto.
Y así aparecen más nombres: Ariana Rendón con matriculación en Bucay y Portoviejo; Erick García ofrece duplicar placas y levantamiento de bloqueos (cuenta bancaria). Regularmente quienes hacen trámites no usan sus propios nombres sino que crean cuentas con uno falso.
En Tiktok también hay tramitadores que ofrecen esos “servicios” mediante infografías, música y videos cortos mostrando cómo borran citaciones, incluso documentos con sellos de distintas alcaldías.
A un tramitador, de usuario @antecuador en Tiktok y @matricula2023 en Instagram, se le preguntó cuánto cobraría por borrar dos citaciones por exceso leve de velocidad realizadas por la ATM (total de $ 282).
“Le cuesta $ 75 eliminar ese valor permanente para siempre a nivel nacional, de forma inmediata y legal. El sistema emite factura de respaldo por los valores eliminados”, responde.
El mismo usuario dio una cotización de $ 160 por recuperar todos los puntos de una licencia.
“La corrupción tiene dos vías: corrupción y corruptelas. Entonces, si una persona quiere sacar un certificado fraudulento, está nutriendo a este tipo de tramitadores y no están cumpliendo con el procedimiento. Lo recomendable es acercarse a las agencias de tránsito municipales”, señala Naranjo.
Una competencia que suma más de una década
En 2011 fue el anuncio del paso de la competencia a los municipios. Quito la asumió en 2013 y Guayaquil en 2015, es decir, que ambos ya tienen diez años de experiencia.
“Pero esto no basta para tener un control integral. Necesitamos tomar acciones que den una respuesta”, enfatiza Ante.
Carrión cree que la competencia debe ser descentralizada, afirma que hay muchas funciones centrales que están siendo asumidas por los GDO.
Asegura que el paso es definir políticas de seguridad ante la actuación de estos grupos que operan de cuatro formas: corrupción, cooptación, representación por vía electoral y recursos económicos, que “son muy apetecibles para la propia burocracia”.
Carrión espera que en las intervenciones no haya filtración, de lo contrario no se corregirá el fenómeno.
Fuente: El Universo
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