En Ecuador hay más de 2.000 presos extranjeros, pero no todos serán deportados, asegura Ministro del Interior

John Reimberg, ministro del Interior, se refirió al proceso de deportación de presos colombianos que Ecuador inició en julio de 2025. La meta es que 1.000 privados de la libertad salgan del país.

En diálogo con Teleamazonas, este jueves 31, el funcionario aseguró que falta poco para cumplir ese objetivo, pues ya suman más de 800 extranjeros que han dejado las cárceles ecuatorianas.

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Estos traslados se realizan de manera continua. Por ejemplo, este 31 de julio salieron 14 presos colombianos de la cárcel de El Turi, en Cuenca.

Un día antes, 42 internas de la misma nacionalidad abandonaron la cárcel de Tungurahua, y otros 190 extranjeros fueron trasladados al Puente Internacional de Rumichaca el 29 de julio.

Traslado de internas colombianas de la cárcel de Tungurahua hasta el Puente Internacional de Rumichaca, en Carchi.@FFAAECUADOR
Aunque el Gobierno colombiano protestó inicialmente por la medida, Reimberg aseguró que existe colaboración del vecino país para continuar con las deportaciones.

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Según el Ministerio del Interior, este proceso representa un ahorro aproximado de USD 4 millones para Ecuador.

Deportación de presos de otras nacionalidades
Consultado sobre si presos de otras nacionalidades podrían ser expulsados, el ministro indicó que se está evaluando esa posibilidad.

Actualmente, más de 2.000 extranjeros permanecen en los centros penitenciarios del país, aunque no todos pueden ser deportados. «Los que tienen sentencias por delitos graves deberán cumplir sus condenas en Ecuador», señaló Reimberg.

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Reimberg agregó que se refuerza la seguridad en la frontera norte para evitar que los deportados reingresen al país.

Un grupo de presos colombianos expulsados desde Ecuador cruzan el puente de Rumichaca para llegar a Colombia, el 26 de julio de 2025.Cancillería Colombia / X
Una vez del lado colombiano, el Gobierno de ese país les facilita buses hacia las principales ciudades, aunque se mantiene la alerta ante cualquier intento de retorno ilegal.

Si violan la prohibición de reingreso, enfrentarán hasta tres años de prisión.
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