La decisión del Gobierno Nacional de fusionar el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), mediante el Decreto Ejecutivo 60, ha generado preocupación entre organizaciones de la sociedad civil. El Contrato Social por la Vivienda (CSV) cuestiona la medida y la considera un retroceso institucional que pone en riesgo el derecho a la vivienda en Ecuador.
En un comunicado público, el CSV advierte que esta decisión se enmarca en una lógica de reducción del Estado y debilitamiento de las capacidades públicas, justo cuando el país enfrenta una profunda crisis social y económica.
Según datos citados por la organización, 1.4 millones de hogares ecuatorianos viven en pobreza por ingresos y 5.5 millones de personas no cuentan con empleo adecuado, lo que representa el 65% de la Población Económicamente Activa.
Riesgos para el derecho a la vivienda
La plataforma sostiene que la fusión de ministerios no resuelve los graves problemas estructurales de la política habitacional, sino que los agrava.
Desde hace años, el CSV ha denunciado que la política de vivienda ha estado orientada a beneficiar a sectores vinculados al mercado inmobiliario, con énfasis en el crédito hipotecario para quienes tienen capacidad de pago, dejando fuera a millones de familias en condiciones de precariedad.
“El enfoque actual deja fuera de la política pública a familias que viven sin acceso a suelo urbanizado ni a una solución habitacional digna”, advierte el comunicado.
Uno de los principales cuestionamientos es que la fusión implica reducir el derecho a la vivienda a una lógica de obra civil e infraestructura, ignorando su dimensión social, territorial, ambiental y de planificación.
“La vivienda no puede tratarse como una mercancía”, señala el CSV, que insiste en que se trata de un derecho humano que requiere una institucionalidad sólida, con enfoque de derechos, planificación participativa y visión de largo plazo.
Llamado a la transparencia
El colectivo exige que las decisiones que afectan derechos fundamentales como el acceso a la vivienda sean debidamente fundamentadas, públicas y transparentes. Además, plantea la necesidad de abrir un debate nacional sobre el rumbo de la política de hábitat y vivienda en el país.
“Hacemos un llamado a todos los actores de la sociedad civil, la academia y las comunidades a unirse frente a esta preocupación y exigir que se revean las decisiones tomadas”, concluye el comunicado.
Radio Pichincha