Tras el giro de Lenin Moreno a la derecha, en 2017, y la llegada de gobiernos de corte neoliberal (Guillermo Lasso y Daniel Noboa), hubo una clara intención de achicar el tamaño del Estado.
Pero el efecto colateral fue una ola de despidos de funcionarios públicos bajo el argumento de “optimizar la nómina” y de implementar un “plan de eficiencia administrativa”.
Menos instituciones y funcionarios públicos lleva a una reducción en la calidad de los servicios y procesos públicos, como lo que ocurre en el Registro Civil donde hay falta de turnos para cédulas y pasaportes; y en los hospitales donde no hay medicina. Y, la lista sigue.
De hecho, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con corte a diciembre de 2024, señalan que hubo una caída en la calidad de los servicios públicos, especialmente desde 2017.
Por ejemplo, en junio de 2014, la percepción de la calidad de los servicios públicos alcanzó los 6,9 puntos, siendo la calificación más alta de los últimos años. Luego, con la llegada de Moreno, esa nota empezó a bajar.
Por ejemplo, con Lasso la cifra llegó a 5,7 puntos y, con Noboa, esa cifra está en 6,4 con corte a diciembre de 2024. Y, es muy probable que esa calificación disminuya con las últimas medidas.
De acuerdo con la información del INEC, mientras el indicador se acerca a los 10 puntos demuestra que existe mejor percepción en la calidad de los servicios públicos, mientras que si la cifra se acerca a 1, significa que es pésimo el funcionamiento de las instituciones del Estado.
Se considera como servicio público al abastecimiento de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y los demás que determina la ley.
Moreno eliminó 29 instituciones ¿y el FMI?
El presidente Rafael Correa dejó el gobierno (en mayo de 2017) con 130 entidades. En esos años, la calidad de los servicios básicos mejoró, incluso, ese logro fue reconocido a nivel internacional.
Pero, entre el 2017 y el 2021, el Gobierno de Lenín Moreno eliminó 29 instituciones y 67.474 cargos públicos bajo el plan de “optimización y reestructuración institucional” que inició desde inicios de su mandato.
Desde esa administración, los servicios básicos empezaron a presentar problemas, pues las quejas eran constantes afuera de las instituciones públicas.
Esa misma estrategia, con otros matices, aplicó Lasso y ahora, en la administración de Noboa se anunció -el 24 de julio de 2025- un plan de “eficiencia administrativa” que implica la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos y se estableció la fusión de ministerios de 20 a 14 y las secretarías pasan de nueve a tres.
Esto significa la reducción en un 41% en el número de carteras del gobierno central.
De hecho, desde el viernes 25 ya empezaron a registrarse despidos de funcionarios.
Influencia del FMI
En parte, esta reducción del gasto corriente (sueldos y salarios) es parte de las metas de los últimos acuerdos de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con Correa no hubo acuerdo con este multilateral.
La relación de Ecuador con el FMI se retomó a finales de 2020, durante la pandemia de la Covid-19, cuando el gobierno de Moreno firmó dos convenios más con la institución internacional.
Para 2021, Lasso acordó otro convenio que culminó en diciembre de 2022. En tanto, el gobierno de Noboa siguió el camino de los dos gobiernos anteriores y, el 31 de mayo de 2024, firmó un nuevo acuerdo de préstamo por USD 4.000 millones con el FMI.
Luego, en julio de 2025 se acordó la extensión del préstamo a USD 5.000 millones.
Estos acuerdos con el FMI plantean, entre otras cuestiones, la reducción del gasto público, recortes en nómina, inversión pública y gastos operativos del gobierno.
En el último acuerdo con el Fondo, las autoridades se comprometieron, una vez más, a una “racionalización gradual del gasto corriente, conteniendo la masa salarial del sector público y mejorando la eficiencia de la contratación pública”.
Radio Pichincha