El gobierno ecuatoriano deportó a privados de libertad colombianos entre el pasado viernes 25 y sábado 26 de julio, acción que Colombia calificó de “unilateral” y como un “gesto inamistoso”.
A pesar de que el Estado ecuatoriano insistió en haber avisado con tiempo a las autoridades colombianas sobre su intención de deportar a los privados de libertad, el gobierno de Gustavo Petro expresó que Ecuador habría incumplido “las más básicas nociones del derecho internacional” debido a la falta de un protocolo para trasladar a los deportados, que fueron entregados en el puente Rumichaca, unión entre ambos territorios.
Mil personas serán deportadas en total, según el Ministerio de Gobierno, en un intento de reducir el hacinamiento en las cárceles del país. Hasta el sábado 26 de julio ya habían sido entregados 603 privados de libertad.
En el puente Rumichaca, durante el proceso de recibimiento de los deportados que organizó el gobierno colombiano, los que no tenían procesos pendientes con la justicia del país vecino fueron liberados.
Pablo Encalada, abogado penalista, considera que la medida tomada por el gobierno fue “la medida más absurda” que recuerde en el sistema de justicia ecuatoriano.
“No recuerdo algo más incoherente y contradictorio con el discurso de gobierno, que tiene un discurso seguristista y de combate contra el crimen (…). De pronto lo que hacen es fomentar la impunidad, liberar a presos que están con sentencia”, dice Encalada, quien señala que el gobierno ecuatoriano está prácticamente liberando a los privados de libertad extranjeros.
La cancillería colombiana anunció el pasado 26 de julio que solo 11 de los deportados tenían órdenes de captura en Colombia, y que tenían los antecedentes judiciales de 348 de ellos.
Un ex privado de libertad entregado al país vecino en el puente Rumichaca incluso agradeció al gobierno ecuatoriano por darle la oportunidad de regresar con su familia en Colombia tras haber cumplido dos de sus diez años de sentencia en Ecuador, en declaraciones a Primicias.
“Usted tiene a unos presos extranjeros que están en la cárcel y el gobierno dice, estos presos me cuestan mucha plata, yo los libero ¿De qué estamos hablando? Porque los están liberando. Lo que están haciendo es dejarlos en frontera, eso significa la impunidad del delito. El derecho que tienen las víctimas a una reparación, a un conocimiento de la verdad ha sido vulnerado», señala Encalada.
John Reimberg, ministro de Interior, señaló en su cuenta de X (antes Twitter), que los deportados estaban “finalizando” sentencias por robos, receptación, tráfico de sustancias ilícitas y otros delitos contra la propiedad.
También indicó que los ciudadanos colombianos deportados tendrían prohibido entrar al país por 40 años.
“¿Dónde existe una prohibición legal para entrar al país? Eso se lo hace a través de un visado, de reglas de migración. Yo no sé en qué se fundamenta (Reimberg) al decir que tienen prohibida la entrada, y si lo tuvieran, ¿quién quita que esta gente entre por caminos irregulares por los que todos los días entran y salen personas?“, refuta Encalada.
No obstante, la Ley de Integridad Pública recientemente aprobada incluyó una reforma al artículo 61.1 del Código Orgánico Integral Penal que permite la deportación de privados de libertad extranjeros en caso de existir un conflicto armado interno. También menciona la prohibición de regresar al país por 40 años a la que se refiere Reimberg.
Según el artículo, además, los extranjeros deportados serían considerados objetivos militares si regresan a Ecuador durante un conflicto armado interno.
Además de las implicaciones legales, las contínuas tensiones entre Ecuador y Colombia podrían traer consecuencias al esfuerzo ecuatoriano de combatir el crimen organizado, que depende de la cooperación internacional para controlar las fronteras, dice Santiago Pérez Samaniego, director de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Técnica Particular de Loja.
En ese sentido, señala Pérez Samaniego, las tensiones entre ambos países podrían ser “poco beneficiosas para ambos países”.
“Del lado ecuatoriano se niega la violación al derecho internacional alegando que no hubo una deportación masiva, que están prohibidas por el derecho internacional, sino que se hicieron audiencias individuales por cada caso”, explica Pérez Samaniego. “Las autoridades ecuatorianas también señalan que tenían que actuar ante la crisis de seguridad que Colombia ya había deportado a ecuatorianos en situaciones irregulares”, dice Pérez Samaniego.
Noboa y Petro han tenido roces previos: el mandatario colombiano no reconoció la victoria electoral del presidente ecuatoriano en abril pasado, y, según una crónica publicada en la revista New Yorker en junio de 2024, Noboa se habría referido a Petro como “snob de izquierda”.
Ambos mandatarios, agrega Pérez Samaniego, tienen marcadas diferencias ideológicas. “No creo que esto llegue a un rompimiento de relaciones diplomáticas, pero si llega a pasar, todos estos temas de la fronteras y la venta de energía a nuestro país se podrían poner en juego”.
La presencia de privados de libertad extranjeros ha sido un tema extensamente debatido a pesar de representar una pequeña porción de las cárceles.
De acuerdo a datos del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la población carcelaria en Ecuador fue de 35.142 personas hasta el 27 de junio de 2025.
El 64,8 % (22.772) de los privados de libertad contaban con una sentencia y el 34,2 % estaban siendo procesados. Un porcentaje mínimo estaban recluidos por contravenciones o boletas de apremio. El hacinamiento, a su vez, alcanzó el 32,19 %.
Aunque la base de datos abiertos actualizada del SNAI no especifica las nacionalidades de los privados de libertad, el censo penitenciario realizado en 2022 muestra que 1.641 colombianos estaban privados de libertad en Ecuador.
No obstante, información del Ministerio del Interior muestra que el porcentaje de extranjeros detenidos o aprehendidos es minúscula en comparación a los ecuatorianos que son capturados por presuntamente haber delinquido.
Según la cartera de Estado, 36.524 personas fueron detenidas o aprehendidas de enero a junio de 2025. El 94,3 % (34.443) fueron ecuatorianos. De los extranjeros detenidos, el 2,8 % (1.055) perteneció a la nacionalidad venezolana y el 2,3 % (852) a la colombiana.
Otras países, como Somalia, Guinea Ecuatorial y Palau representaron porcentajes mínimos. En total fueron aprehendidas o detenidas personas de 31 países sin contar a Ecuador.
Fuente: El Universo
ra