Desde el 25 de julio pasado comenzaron las desvinculaciones de al menos 5.000 funcionarios públicos tras la vigencia del Decreto Ejecutivo n.º 60.

Se trata de una funcionaria que prestaba sus servicios en la empresa pública Petroecuador por 18 años y fue notificada con su desvinculación el 25 de julio pasado.
La acción de protección será patrocinada por el abogado Luis Ávila Linzán, quien, tras una primera revisión del caso, señaló que el proceso de despido impulsado por el Gobierno la semana pasada incurrió en múltiples violaciones de derechos.
Fuente:El Universo