Tras la publicación de la norma de supresión de puestos en el Registro Oficial, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, anunció este 24 de julio en rueda de prensa que el Gobierno prevé la desvinculación de 5.000 servidores por la supresión de partidas.
El proceso de desvinculación se centrará en la Función Ejecutiva, personal administrativo del Estado y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
«Hay funcionarios que obstruyen el trabajo eficiente que se quiere hacer en las distintas entidades del Estado», dijo Jaramillo sobre una de las motivaciones de este proceso de supresión de puestos.
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Jaramillo señaló que existe un informe de cada uno de los 5.000 funcionarios que no estaban cumpliendo de manera eficiente con su trabajo, lo que motiva su desvinculación.
Dentro del proceso de desvinculación, no se incluirán a médicos, militares, policías, profesores ni personas en situación vulnerable.
La vocera oficial de Carondelet añadió que, tras las desvinculaciones, en los próximos meses se abrirá unas nuevas partidas para incorporar a jóvenes al sector público.
Según el Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social del IESS, con corte a abril de este año, en el sector público laboran 654.777 personas. Es decir, la desvinculación anunciada no representa ni el 1% de la nómina del Estado.
Para tener una idea del ahorro económico que conseguirá el Estado con esta supresión de puestos, según el IESS, los servidores públicos perciben un salario promedio de USD 1.145, lo que representa un gasto de 5,5 millones al mes o 68,7 millones al año.
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