El asambleísta nacional Santiago Díaz Asque fue trasladado la noche del lunes 21 de julio a la Cárcel 4 de Quito, luego de que la jueza Carla Olalla, de la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de Pichincha, dictara prisión preventiva como medida cautelar en su contra. El legislador, quien fue expulsado de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), es investigado por su presunta participación en la violación de una niña de 12 años.
Díaz se entregó voluntariamente a las autoridades cerca de las 13:00, en el redondel de La Morita, en la parroquia de Tumbaco, al nororiente de Quito. Su entrega fue coordinada con la Unidad Nacional de Investigación con la Fiscalía (UNIF), luego de acercamientos entre su defensa y la Fiscalía General del Estado.
Instrucción fiscal por 60 días
La formulación de cargos se realizó la mañana del martes 22 de julio en las instalaciones de la Unidad Judicial de Violencia, en el centro-norte de la capital. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó como elementos de convicción exámenes médicos, el testimonio anticipado de la víctima y versiones del entorno cercano de la menor.
También se conoció que el delito habría ocurrido cerca de dos meses antes de que se interponga la denuncia, que fue formalizada el pasado 7 de julio por el padre de la víctima. La investigación se mantiene en reserva, al tratarse de un delito sexual en el que está involucrada una menor de edad.
La jueza Olalla también ordenó medidas de protección para la víctima y su padre, así como la prohibición de enajenar el domicilio del investigado, ubicado en el sector de Monjas, nororiente de Quito.
Defensa solicita otras medidas
Durante la audiencia, el abogado del asambleísta, Patricio Yungán, argumentó que su defendido se entregó voluntariamente a las autoridades, por lo que solicitó medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Sin embargo, su pedido no fue acogido.
“El asambleísta decidió colaborar con la justicia desde el inicio del proceso y está dispuesto a someterse a todas las etapas de la instrucción fiscal”, señaló Yungán.
La fase de instrucción fiscal se extenderá por 60 días, periodo durante el cual la Fiscalía continuará recabando más elementos para sustentar su acusación.
KG