Rechazo de grupos de Azuay a mina Loma Larga se aviva por licencia ambiental: ‘el agua vale más que el oro’

Organizaciones indígenas y campesinas se preparan para una resistencia al desarrollo del proyecto minero Loma Larga, ubicado en el sector de Quimsacocha, en Azuay. Su rechazo se agudizó con el anuncio de que el Ministerio del Ambiente otorgó la licencia ambiental para continuar con el proyecto.

Mientras la concesionaria Dundee Precious Metals (DPM) Ecuador avanza procesos para lograr este año la firma del contrato que dará paso a la explotación de minerales, los grupos de oposición denuncian presuntas irregularidades en la realización de la consulta previa y en la licencia ambiental concedida a finales de junio.

Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), filial de la Ecuarunari, asegura que se causarían graves afectaciones a las fuentes hídricas que se localizan alrededor de la zona donde se piensa construir la mina subterránea. Que estarían expuestos los ríos Irquis, Tarqui, Yanuncay y Rircay.

En 2022 presentaron una acción de protección por vulneración de derechos constitucionales a la consulta previa, acceso al agua y seguridad jurídica de las comunidades afectadas. La Corte provincial de Azuay en una sentencia emitida en 2023 reconoció la vulneración de derechos y ordenó la presentación de informes técnicos sobre impactos ambientales, la realización de consulta ambiental y consulta previa, libre e informada.

A mediados de mayo de 2025, la Cámara de Minería del Ecuador anunció la finalización del proceso de consulta previa del proyecto, acatando la sentencia de la Corte de Azuay.

El gremio informó que el proceso se ejecutó en la comunidad de San Pedro de Escaleras, obteniendo una amplia aceptación de la comunidad. Estuvo a cargo del Ministerio de Energía y Minas, con asistencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la reportería de la Defensoría del Pueblo. Y el 8 de mayo el Ministerio notificó a la Corte, con el fin de que el juez revise el cumplimiento de la sentencia.

Sin embargo, organizaciones sociales sostienen que no se dio la consulta previa como correspondía. “Demostramos que eso nunca se dio. No existe ni siquiera la ley de consulta previa y mal podían haberlo hecho”, afirma Sigcha y califica el proceso como una “consulta fraudulenta” realizada en un recinto militar situado en Portete, sin la participación de las comunidades ancestrales afectadas.

La Cámara de Minería insiste en que se ha cumplido con la sentencia. Y que el informe hídrico del Ministerio del Ambiente concluye que habría un impacto mínimo, del 0,1 %, en el caudal del río Tarqui y no se impactará a otros ríos.

Pero los opositores se apegan a otros informes elaborados por expertos nacionales e internacionales, incluyendo el de Etapa, que apuntan a efectos ambientales adversos por la presencia de arsénico, la construcción de relaveras en zonas sensibles y el uso de agua. “Todos ellos coinciden que es inviable hacer minería porque la zona tiene fuentes hídricas y es una zona de alta presencia de arsénico, que es mortal ese mineral”, estarían en riesgo fuentes hídricas que abastecen a sectores en las provincias de Azuay, El Oro y Guayas, señala Sigcha.

Desde la otra orilla, Freddy Villao, director de Relaciones Externas de DPM Ecuador, ha afirmado que se ha trabajado de la mano de las comunidades de la zona de influencia, a través de inversión social. Y esto le proporciona al proyecto “una licencia social consolidada”, con la venia de las comunidades y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). “No es una actividad unilateral, siempre es informada y consensuada”. “Una de las bondades del proyecto es el cuidado del agua”, se construirá una planta de tratamiento y se usará tecnología que permitirá reutilizar el agua en un porcentaje mayor al 90 %.

“El consumo no va a ser grande, la reutilización sí. Y es aguaque va a ser tratada oportunamente para que cumpla con los estándares de calidad”, señaló.

La expectativa de la empresa es arrancar en 2026 con obras tempranas previas a la construcción de la mina.

De acuerdo con datos de la Cámara de Minería, durante el pico de producción de Loma Larga se trabajaría con 3.400 toneladas de materiales por día. Las reservas de minerales se estiman en 926.000 onzas, que incluyen oro, plata y cobre.

Revés jurídico para detener la licencia ambiental

El otorgamiento de la de la licencia ambiental, para Lauro Sigcha, carece de sustento legal, dado que aún no existe una resolución definitiva del juez Carlos Cárdenas sobre la acción de protección planteada inicialmente.

La FOA solicitó el 9 de julio medidas cautelares para revocar la licencia ambiental concedida a Dundee Precious Metals, alegando incumplimiento del Estado y la minera a la sentencia de la Corte Provincial. El 11 de julio el juez Pablo Almeida, de la Unidad Judicial de la Familia en Cuenca, negó el pedido.

Según la Federación, el juez “no negó la posible existencia de violaciones a derechos constitucionales, sino que argumentó que no podía pronunciarse sobre la medida, ya que otro juez, Carlos Cárdenas, se encuentra conociendo actualmente la ejecución de la sentencia favorable a las comunidades. Por tanto, consideró que admitir la medida cautelar podría afectar la seguridad jurídica del proceso“. Ese mismo 11 de julio presentaron una nueva acción legal ante el juez Cárdenas solicitando la nulidad de la licencia ambiental.

Creen que el proyecto no puede avanzar mientras no haya una resolución final sobre el cumplimiento de la sentencia.

Movilización ciudadana

El área del proyecto alberga 15 microcuencas en un volcán milenario de 5 kilómetros de extensión, donde se encuentran lagunas que dan origen a ríos que fluyen tanto hacia el Amazonas como hacia el Pacífico, indica el dirigente.

Los opositores definieron acciones en una asamblea realizada el 8 de julio, con el lema “el agua vale más que el oro“. Una de ellas fue una caminata hacia la zona donde se construiría el proyecto, que estaba prevista para el sábado. Y para el 16 de septiembre una marcha de defensa del agua y los páramos.

“Hemos consolidado una unidad del campo y la ciudad”, destaca Sigcha, quien anota la participación de la iglesia, universidades, federaciones de barrios, juntas de agua y organizaciones comunitarias indígenas.

Han escalado su rechazo al proyecto a instancias internacionales, presentando acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitando información a la OIT sobre su participación en la consulta previa. “Esta lucha no es solo de Cuenca”. Sigcha señala que hay seis proyectos mineros que el Gobierno pretende desarrollar a toda costa. Rechazan tanto la minería legal como la ilegal en páramos y fuentes de agua. (I)

Fuente: El Universo

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